Clos considera una ofensa que el Gobierno del PP rechace la Carta Municipal de Barcelona

Barcelona no tendr¨¢ una ley espec¨ªfica, la Carta Municipal, y en su lugar se proyectar¨¢ una norma general para grandes ciudades. El ministro de Administraciones P¨²blicas, Jes¨²s Posada, dej¨® claro ayer, en respuesta a una interpelaci¨®n de un senador de la Entesa de Progr¨¦s, que no tramitar¨¢ al Congreso la parte de la Carta Municipal pendiente de aprobaci¨®n porque, en su opini¨®n, podr¨ªa ser inconstitucional. El alcalde de Barcelona, Joan Clos, calific¨® las afirmaciones de Posada de 'inadmisibles' e inst¨® al conjunto de los partidos a presentar iniciativas ante el Congreso y el Senado.

Una ley que regule las peculiaridades s¨®lo de Barcelona ser¨ªa de dudosa constitucionalidad y, por tanto, el Gobierno del PP no la aprobar¨¢. Es la opini¨®n del ministro Jes¨²s Posada, que ayer dej¨® claro que la salida es crear una ley de grandes ciudades, aunque no precis¨® si, al final, el modelo ser¨¢ una ley de capitalidad para Madrid y otra, la de grandes ciudades, para el resto. El caf¨¦ para todos.

Posada respond¨ªa al senador de la Entesa Catalana de Progr¨¦s Carles Josep Bonet, que present¨® una interpelaci¨®n para conocer la pol¨ªtica del Gobierno en relaci¨®n con la Carta Municipal de Barcelona. La interpelaci¨®n se hab¨ªa presentado, adem¨¢s, por la sospecha de que la demora en la tramitaci¨®n respond¨ªa en realidad al ¨¢nimo de no aprobarla.

La Carta Municipal de Barcelona fue aprobada por el Ayuntamiento el 16 de julio 1997 por unanimidad de todas las fuerzas pol¨ªticas. El mismo consenso se repiti¨® en la aprobaci¨®n del texto por parte del Parlament, el 23 de diciembre de 1998. Todas las fuerzas pol¨ªticas, incluido el Partido Popular, defendieron que Barcelona requer¨ªa una ley espec¨ªfica. Esa ley preve¨ªa, entre otros puntos, particularidades para la financiaci¨®n, en la justicia local y en materia de seguridad.

Precisamente, lo que se empez¨® a negociar hace algo m¨¢s de dos a?os con el Gobierno fue la aprobaci¨®n de cerca de una cincuentena de art¨ªculos que hac¨ªan referencia a cuestiones generales, por lo que la tramitaci¨®n correspond¨ªa al Congreso. Hasta la intervenci¨®n de Posada ayer, la posici¨®n de la Administraci¨®n central era difusa y las comisiones de negociaci¨®n mixtas creadas entre el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento no avanzaban.

Pero la respuesta del ministro a la interpelaci¨®n en el Senado cay¨® ayer como un jarro de agua fr¨ªa en el Ayuntamiento de Barcelona. 'Es una ofensa a Barcelona y a Catalu?a', replic¨® Clos, 'plantear que Madrid, por ser capital, puede tener una ley de capitalidad y, a la vez, decir que una ley s¨®lo para Barcelona podr¨ªa ser de dudosa constitucionalidad'.

Clos hizo un llamamiento al resto de las fuerzas pol¨ªticas catalanas, incluyendo al PP, para defender lo que en su d¨ªa fue aprobado 'por unanimidad' y anunci¨® que promover¨¢ iniciativas ante el Congreso y el Senado encaminadas a lograr la aprobaci¨®n de la Carta.

El rechazo del Gobierno del PP a tramitar la Carta de Barcelona fue entendida por el grupo municipal convergente como una 'discriminaci¨®n' a la ciudad de Barcelona.

En un comunicado, CiU manifest¨® ayer su 'm¨¢s absoluta perplejidad' por el anuncio de que la Carta Municipal de Barcelona no ser¨¢ aprobada como tal. La federaci¨®n nacionalista se?al¨® que los art¨ªculos de la Carta que estaban pendientes de aprobaci¨®n por las Cortes 'hacen referencia a temas muy importantes y de mucha actualidad para la ciudad de Barcelona, como la seguridad, la justicia y la financiaci¨®n'.

Santiago Fisas, presidente del grupo municipal del Partido Popular, opina el criterio mantenido ayer por Posada no es incorrecto porque considera que se daba por aprobado 'algo que no se hab¨ªa negociado'. Fisas cree, adem¨¢s, que el modelo de la ley de grandes ciudades es m¨¢s acertado 'porque son problemas, como la seguridad, que afectan a m¨¢s ciudades'.

El presidente del PP de Barcelona aprovech¨®, de paso, para criticar al Ayuntamiento por no aplicar la parte catalana -ya aprobada por el consistorio y el Parlament- y, en cambio, reclamar la que depende del Gobierno central.