El Ayuntamiento ser¨¢ juzgado por el naufragio en el lago de Banyoles

El ex concejal del Ayuntamiento de Banyoles, Josep Alsina, responsable de Medio Ambiente el 8 de octubre de 1998, fecha en la que 21 jubilados franceses perecieron en un dram¨¢tico naufragio en el lago, deber¨¢ sentarse en el banquillo de los acusados junto a los dos propietarios de la embarcaci¨®n. El Tribunal Supremo ha revocado la decisi¨®n de exculparle que a finales de mayo tom¨® la Audiencia de Girona. La fiscal¨ªa y los familiares de las v¨ªctimas hab¨ªan recurrido contra la exculpaci¨®n del edil, que dejaba fuera del proceso a todas las administraciones presuntamente implicadas en un siniestro que evidenci¨® un gran vac¨ªo legal. A pesar de que el actual alcalde del municipio, Pere Bosch, se muestra dispuesto a recurrir al Tribunal Constitucional, fuentes jur¨ªdicas consideran poco probable un nuevo giro en el proceso.

La sentencia del Tribunal Supremo acepta el recurso de la fiscal¨ªa y establece que la Audiencia de Girona se excedi¨® en las argumentaciones que sustentaron la exculpaci¨®n de Josep Alsina, que estaba imputado en la causa desde las primeras diligencias judiciales llevadas a cabo por el juzgado n¨²mero 7 de Girona.

El alto tribunal mantiene que la Audiencia, sin tener acceso a todas las diligencias, determin¨® la presunta causa del naufragio e invadi¨® as¨ª un ¨¢mbito de decisi¨®n que corresponde al tribunal que en su d¨ªa deber¨¢ juzgar el caso.

El auto judicial de la Audiencia, del que fue magistrado ponente Hern¨¢n Hormaz¨¢bal, manten¨ªa que las graves deficiencias estructurales ocasionadas por los propietarios en el casco de la embarcaci¨®n naufragada y la posterior imprudencia de sobrecargarla con 141 pasajeros cuando su capacidad era de 80, exim¨ªan al edil de responsabilidad por el delito de omisi¨®n.

En el auto dictado por la Audiencia de Girona se manten¨ªa tambi¨¦n que la imputaci¨®n de Josep Alsina podr¨ªa llevar a pensar que su presunta implicaci¨®n en los hechos se hab¨ªa decidido por su condici¨®n de concejal, 'y no por su efectiva responsabilidad penal, que s¨®lo puede surgir a partir de la comisi¨®n de un hecho punible'.

El propio presidente de la Audiencia de Girona, Fernando Lacaba, reconoci¨® ayer el 'error' de la sala penal de la Audiencia al establecer la causa del accidente en un momento del procedimiento -al responder al recurso de la defensa del edil- que no era el adecuado. Lacaba aventur¨® que una eventual apelaci¨®n al Tribunal Constitucional tiene pocas probabilidades de prosperar.

Batalla desigual

El alcalde Pere Bosch aseguraba ayer que el empe?o municipal en lograr que sea la Administraci¨®n del Estado y no el Ayuntamiento la que asuma sus responsabilidades constituye una batalla desigual: 'Estamos luchando contra un gigante. El Estado no quiere asumir sus competencias'. El edil republicano calific¨® de 'terriblemente injusta' la imputaci¨®n de Alsina. 'Creemos que estamos avalados por la Constituci¨®n, que es la m¨¢xima legislaci¨®n del Estado, en nuestro empe?o por demostrar que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de navegaci¨®n', manifest¨® Bosch.

La imputaci¨®n del ex concejal de Medio Ambiente de Banyoles en la causa judicial abierta a causa del naufragio se sustenta en el reglamento de actividades del lago, que estaba bajo su jurisdicci¨®n. El consistorio, no obstante, mantiene que las actividades a las que alud¨ªa este documento se centraban ¨²nicamente en la preservaci¨®n del entorno y exclu¨ªan la seguridad en la navegaci¨®n mar¨ªtima, cuyas competencias atribuye a la Capitan¨ªa Mar¨ªtima, dependiente del Ministerio de Fomento.

La nueva imputaci¨®n de Josep Alsina es el segundo rev¨¦s que, en poco tiempo, recibe el consistorio de Banyoles en la batalla judicial que lleva a cabo para eludir responsabilidades en el naufragio y evitar un posible pago de indemnizaciones millonarias a los supervivientes y a las familias de las v¨ªctimas.

Hace unas semanas, la Audiencia Nacional dict¨® una sentencia en la que rechazaba que las aguas del lago fueran de jurisdicci¨®n estatal, como reclama el consistorio. La sentencia de la Audiencia Nacional fue tildada de 'ambigua' por el letrado municipal, puesto que atribu¨ªa a la Administraci¨®n auton¨®mica la responsabilidad de la navegaci¨®n en lagos y pantanos.