Jueces de trinchera
La decisi¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de suspender de sus funciones a los tres magistrados que concedieron la libertad condicional a un presunto narcotraficante que luego se dio a la fuga es en s¨ª misma discutible; pero resulta m¨¢s preocupante que la votaci¨®n del Consejo volviera a reflejar casi al mil¨ªmetro -con una sola excepci¨®n- la existencia de dos bloques estancos, separados por una trinchera ideol¨®gica. Los partidos firmantes del Pacto por la Justicia intentaron ayer promover desde fuera la recuperaci¨®n del consenso entre esos dos sectores.
La suspensi¨®n es discutible porque no est¨¢ claro que la admisi¨®n a tr¨¢mite de una querella sea equivalente a la declaraci¨®n de 'haber lugar a proceder contra ellos' que establece la ley para adoptar esa medida cautelar. Doce miembros del Consejo consideran que basta con ese tr¨¢mite y nueve entienden que es preciso el procesamiento formal, como ocurri¨® en el caso de G¨®mez de Lia?o, condenado luego por prevaricaci¨®n. El debate, que podr¨ªa considerarse t¨¦cnico, se ha convertido en pol¨ªtico por la n¨ªtida divisi¨®n producida en el seno del Poder Judicial. La ruptura del consenso ya se hab¨ªa manifestado con el reciente nombramiento de cuatro magistrados del Supremo, que la mayor¨ªa conservadora decidi¨® copar con jueces de su ¨¢mbito ideol¨®gico. Se romp¨ªa as¨ª el criterio aplicado hasta ahora de mantener en cada renovaci¨®n una cierta proporcionalidad. Si quienes controlan el 60% eligen al 100%, a la larga desaparecer¨¢ el pluralismo que se pretende garantizar con el sistema de elecci¨®n del CGPJ por mayor¨ªa cualificada. Todo el complejo acuerdo del Pacto por la Justicia se derrumba si los encargados de aplicar buena parte de su contenido act¨²an con criterio sectario. Al Consejo cabe pedirle que act¨²e por consenso o trate de buscar mayor¨ªas amplias. As¨ª se ha hecho en el pasado, con mayor o menor ¨¦xito seg¨²n las ¨¦pocas (y el talante de su presidente).
Los partidos mayoritarios son en parte responsables. En lugar de intentar una lista consensuada, prefirieron manos libres para proponer cada cual a los de su confianza. El resultado, a la vista est¨¢. Esa responsabilidad obliga ahora a los partidos a hacer valer su influencia para tratar de poner fin a esta din¨¢mica sectaria. No pueden ordenar a los miembros del Consejo lo que tienen que votar, pero no pueden dejar de expresar su criterio sobre lo que est¨¢ ocurriendo. Por ejemplo, el Gobierno deber¨ªa desautorizar el argumento de que a un juez conservador debe suceder otro de la misma adscripci¨®n, con el que se ha pretendido justificar el copo falazmente, puesto que la proporci¨®n entre los sustituidos era de 3 a 1. Por su parte, el Consejo contribuir¨ªa a superar la guerra de trincheras si su portavoz dejase de emitir comentarios sobre lo que considera 'errores pol¨ªticos' de los firmantes del Pacto por la Justicia.
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