Birul¨¦s asegura que s¨®lo un juez podr¨¢ cerrar una publicaci¨®n digital

?Qui¨¦n est¨¢ sujeto a la ley? La LSSI no afecta s¨®lo a quienes hagan transacciones econ¨®micas a trav¨¦s de redes telem¨¢ticas como Internet o televisi¨®n por cable -excluye el tel¨¦fono oral, fax, radio y televisi¨®n-. La ley entiende por servicios de la sociedad de la informaci¨®n todo servicio prestado 'normalmente a t¨ªtulo oneroso, a distancia, por v¨ªa electr¨®nica y a petici¨®n individual del destinatario'. Aunque el servicio sea gratuito, la ley comprende aquellos servicios no remunerados 'que constituyan una actividad econ¨®mica para el prestador de servicios'. En este concepto entran, por ejemplo, p¨¢ginas informativas de acceso gratuito que alberguen publicidad, incluso aquellas p¨¢ginas personales que consiguen un peque?o anuncio de patrocinio para pagar el hospedaje en la Red.

?Exige autorizaci¨®n previa? La prestaci¨®n de servicios en Internet no est¨¢ sujeta a autorizaci¨®n administrativa previa.

?Qui¨¦n ha de registrarse? La ley no crea registros espec¨ªficos para quien comercie en Internet. Aquellas personas, f¨ªsicas o jur¨ªdicas, que ya tengan la obligaci¨®n de figurar en un registro de los ya existentes -Mercantil u otro p¨²blico-, deber¨¢n incluir en el mismo sus nombres de dominio (direcci¨®n) en Internet. Los responsables de un sitio de Internet deben incluir en una de sus p¨¢ginas los datos que permitan 'establecer con ¨¦l una comunicaci¨®n directa y efectiva'.

?Qui¨¦n puede cerrar una 'web'? Cuando se atente a principios que enumera la ley -salud p¨²blica, defensa nacional, dignidad de las personas, entre otros- se podr¨¢ interrumpir el servicio o 'retirar los datos que los vulneren'. La ley habla de 'autoridad competente' porque s¨®lo podr¨¢n hacerlo aquellas instancias administrativas o judiciales que tienen competencias para hacerlo con arreglo a la actual legislaci¨®n. Por ejemplo, si Sanidad puede retirar un f¨¢rmaco de un establecimiento tambi¨¦n podr¨¢ retirarlo de Internet. En cambio, en supuestos delitos de opini¨®n, como sucede con los secuestros cautelares de prensa escrita, s¨®lo podr¨¢ hacerse con orden judicial.

?Qui¨¦n es responsable de los contenidos en Internet? Su autor. Los servidores de acceso, por ejemplo, no est¨¢n obligados a conocer el contenido de las webs que albergan o transmiten. Ser¨¢n responsables y no podr¨¢n alegar desconocimiento si una autoridad competente ha declarado la ilicitud de los datos de la citada web o se hubiera declarado la existencia de lesi¨®n y el prestador conociera la citada resoluci¨®n. Los prestadores de servicios 'deber¨¢n permitir' a los agentes de la administraci¨®n competente 'el acceso a sus instalaciones y la consulta de cualquier documentaci¨®n relevante para la actividad de control'.

?Proh¨ªbe el spam? S¨ª. El env¨ªo masivo de comunicaciones promocionales o publicitarias no solicitadas queda taxativamente prohibido. El destinatario deber¨¢ haberlas solicitado o autorizado.

?Qu¨¦ validez tiene un contrato electr¨®nico? Producir¨¢n todos los efectos previstos en el ordenamiento jur¨ªdico. No se aplica a contratos relativos a derecho de familia y sucesiones y cuando deba intervenir un tercero (notario, registrador...) 'se regir¨¢n por su legislaci¨®n espec¨ªfica'. El contrato electr¨®nico es admisible como prueba judicial.

?Fija sanciones? Se establecen infracciones muy graves, graves y leves. En el primer caso, la multa oscila entre los 300.001 euros y los 600.000. La reincidencia con dos o m¨¢s infracciones muy graves 'podr¨¢ dar lugar a la prohibici¨®n de actuaci¨®n en Espa?a durante un m¨¢ximo de dos a?os'. Las multas por infracciones graves van desde los 60.001 euros a los 300.000, y las leves oscilan entre los 3.000 y los 60.000 euros. Cuando la infracci¨®n la haya cometido un servidor que no es miembro del Espacio Econ¨®mico Europeo, la autoridad podr¨¢ exigir al proveedor de Internet que facilita el acceso al sitio desde Espa?a que lo impida durante un periodo que va desde los seis meses a los dos a?os, seg¨²n la gravedad de la infracci¨®n. Cuando la autoridad dicte medidas provisionales en un procedimiento sancionador, si no se cumplen, podr¨¢ imponer multas de hasta 6.000 euros por cada d¨ªa que transcurra sin que se adopten.

?A qu¨¦ tribunal puede dirigirse el consumidor ante un conflicto con la tienda virtual? La normativa espa?ola se aplica a los contratos que los consumidores celebren con prestadores establecidos en Espa?a. Tambi¨¦n se aplicar¨¢ la ley espa?ola a las compras que efect¨²en a prestadores de servicios de otro Estado de la Uni¨®n Europea o del Espacio Econ¨®mico Europeo (pa¨ªses de la Uni¨®n Europea m¨¢s Noruega, Islandia y Liechtenstein), siempre que la normativa espa?ola sea m¨¢s beneficiosa para el consumidor que la legislaci¨®n del pa¨ªs en que resida el prestador de servicios. Si la compra se realiza a un prestador establecido en un pa¨ªs que no pertenezca al Espacio Econ¨®mico Europeo, la legislaci¨®n espa?ola s¨®lo ser¨¢ aplicable si los consumidores espa?oles compran en tiendas virtuales que dirijan su actividad al mercado espa?ol o se hayan puesto en contacto con el consumidor a trav¨¦s de correo electr¨®nico.