La oposici¨®n denuncia que la Ley de Internet es inconstitucional e intervencionista

La oposici¨®n ha denunciado hoy en el Congreso que el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci¨®n y del Comercio Electr¨®nico, conocido como Ley de Internet, viola principios constitucionales y permite un alto grado de intervencionismo por parte de la Administraci¨®n.

Los grupos han plasmado su queja en forma de nueve enmiendas a la totalidad -siete de ellas de devoluci¨®n (de todas las agrupaciones del Grupo Mixto y del PNV) y dos con la presentaci¨®n de un texto alternativo (del PSOE y de IU)- que han sido rechazadas por los populares.

Seg¨²n los partidos de la oposici¨®n, el texto permite que la Administraci¨®n cierre una p¨¢gina web

Estas agrupaciones han explicado durante sus respectivas exposiciones que la citada norma vulnera la Constituci¨®n al limitar las libertades de expresi¨®n, informaci¨®n y comunicaci¨®n. Sin embargo, la ministra de Ciencia y Tecnolog¨ªa, Anna Birul¨¦s, ha argumentado en la defensa del texto que esta Ley promueve la generalizaci¨®n del uso de Internet y fomenta la demanda y desarrollo de los servicios que se ofrecen a trav¨¦s de la red, aumentando la confianza y la seguridad jur¨ªdica y proporcionando un marco regulador estable.

En su opini¨®n, la Ley protege a los ciudadanos a trav¨¦s del aumento de la informaci¨®n sobre los prestadores de servicios y pone las bases para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresi¨®n y de informaci¨®n establecidos en la Constituci¨®n.

Para los partidos de la oposici¨®n, el Gobierno se ha reservado un alto grado de intervencionismo, hasta el punto de que puede llegar a acometer el "secuestro de publicaciones".

Seg¨²n los partidos de la oposici¨®n, el texto permite que la Administraci¨®n pueda decidir el cierre de una p¨¢gina web o la retirada de contenidos si considera que constituyen un delito, algo que en realidad s¨®lo pueden hacer las autoridades jur¨ªdicas.

En cambio, la ministra ha sostenido que el texto "no introduce cambio alguno en las competencias de la Administraci¨®n P¨²blica y los juzgados y tribunales de justicia", con lo que, por ejemplo, s¨®lo los ¨®rganos judiciales podr¨¢n decretar el cierre de un peri¨®dico en la red.

Seg¨²n Birul¨¦s, la Ley establece los mecanismos suficientes para disuadir de la realizaci¨®n de conductas il¨ªcitas y sancionarlas en el caso de que se den.

Adem¨¢s, la oposici¨®n -que coincide con el PP en que esta Ley es absolutamente necesaria- sostiene que parte de los art¨ªculos del texto deber¨ªan haberse incluido en una Ley Org¨¢nica, ya que afectan a los derechos fundamentales.

En este sentido, la ministra ha asegurado que "el rango de la norma -Ley Ordinaria- es el adecuado porque versa sobre materias de derecho privado" y no desarrolla los derechos fundamentales y las libertades p¨²blicas.

Directiva europea

Otra de las cr¨ªticas al texto se basa en el argumento de que su contenido supera excesivamente a los de la directiva europea que pretende trasponer.

Esta directiva -que ten¨ªa que haber sido traspuesta el pasado enero- se refiere a la regulaci¨®n del comercio electr¨®nico, mientras que el texto del Gobierno abarca todos los servicios de la sociedad de la informaci¨®n.

En este sentido, la oposici¨®n cree innecesario que su ¨¢mbito sea tan amplio, m¨¢xime cuando no distingue claramente la regulaci¨®n de los servicios que suponen una actividad econ¨®mica como de los que no lo son (como las p¨¢ginas personales o las de entidades sin ¨¢nimo de lucro).

En cambio, Birul¨¦s ha explicado que se ha creado una ¨²nica ley para evitar la dispersi¨®n legislativa, acelerar el proceso de trasposici¨®n de la directiva y aumentar la coherencia de la regulaci¨®n.

Respecto a las sanciones establecidas, la oposici¨®n cree que, incluso las correspondientes a faltas leves, son excesivas para las peque?as y medianas empresas, que pueden llegar a provocar su quiebra. Otro efecto que puede tener el r¨¦gimen de sanciones, seg¨²n la oposici¨®n, es que cunda el miedo entre los agentes interesados en realizar una actividad en la red, por lo que, al contrario del objetivo ¨²ltimo de la Ley, se va a desincentivar el desarrollo de la sociedad de la informaci¨®n.

La ministra ha sentenciado que la directiva comunitaria exige que las sanciones sean "efectivas, proporcionadas y disuasivas", por lo que se han establecido en funci¨®n de "el tiempo de comisi¨®n de la infracci¨®n, la existencia de intencionalidad, la naturaleza y cuant¨ªa de los perjuicios causados, los beneficios obtenidos, la reincidencia y la facturaci¨®n del infractor".