El Gobierno cierra el paso a la presencia de las autonom¨ªas en la UE
Euskadi y Catalu?a rechazan las ideas del Gabinete de Aznar y el PSOE las considera insuficientes
La Ley de Cooperaci¨®n auton¨®mica que trata de impulsar el Ministerio de Administraciones P¨²blicas tiene muy poco futuro. El informe previo a dicha ley que ayer traslad¨® el Ejecutivo a grupos parlamentarios y Gobiernos auton¨®micos veta la participaci¨®n directa de las autonom¨ªas en los consejos de ministros de la UE. Los Ejecutivos de Euskadi y Catalu?a, gobernados por los nacionalistas, rechazan este plan, y el PSOE, partido que gobierna en seis de las 17 comunidades, lo considera insuficiente. El informe, que el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jes¨²s Posada, detallar¨¢ el jueves en el Senado, defiende la potenciaci¨®n de las conferencias sectoriales, a las que trata de dotar de rango jur¨ªdico y la creaci¨®n de la conferencia general de cooperaci¨®n.
Administraciones P¨²blicas advierte en el informe de que no se presentar¨¢ el proyecto de ley si antes no logra el consenso de autonom¨ªas y grupos parlamentarios.
La Generalitat catalana no cree necesaria esta norma de Cooperaci¨®n y tampoco cree que 'pueda imponerse por ley sino que debe basarse en la voluntad y el consenso respetando siempre el principio de autonom¨ªa'. El Gobierno vasco se?ala tajantemente que 'una ley que regula el principio de cooperaci¨®n es una ley innecesaria que queda condenada a su no cumplimiento'.
Ambos gobiernos tambi¨¦n discrepan del objetivo declarado de la ley que es 'conseguir la integraci¨®n de todos los pueblos de Espa?a y de sus territorios en el proyecto o proyectos comunes'.
Tampoco aceptan ambos gobiernos aut¨®nomos la base del informe de Posada, esto es, que el desarrollo auton¨®mico est¨¢ pr¨¢cticamente culminado.
En este sentido, el texto destaca que, tras el traspaso de la sanidad a las autonom¨ªas que a¨²n no gestionaban directamente este servicio p¨²blico, un 48,04% del gasto p¨²blico corresponde a la Administraci¨®n del Estado; un 36,28% a las autonom¨ªas y un 15,68% a los municipios. En cuanto a los empleados p¨²blicos, un 27,8% pertenece a la Administraci¨®n central del Estado; un 51,4% a la auton¨®mica y un 20,6% a la municipal.
El informe adelanta que la Ley de Cooperaci¨®n Auton¨®mica tratar¨ªa de reforzar el funcionamiento de las Conferencias sectoriales para que las autonom¨ªas participen de las decisiones del Gobierno central. El Ejecutivo admite que su funcionamiento actual est¨¢ sometido a la discrecionalidad de los ministros.
Conferencia de conferencias
Tambi¨¦n anticipa el informe que la Ley de Cooperaci¨®n deber¨ªa institucionalizar una Conferencia general de cooperaci¨®n auton¨®mica, que, seg¨²n el informe, 'ser¨ªa una conferencia de conferencias sectoriales en la cual se expondr¨ªa el estado general de la cooperaci¨®n entre la Administraci¨®n del Estado y las autonom¨ªas y se sentar¨ªan las l¨ªneas maestras de cooperaci¨®n'. Tambi¨¦n 'podr¨ªa actuar como foro promotor de iniciativas normativas que correspondan al Estado, sin perjuicio de las competencias de los diferentes ¨®rganos estatales y auton¨®micos'. Otro de los objetivos de la iniciativa legislativa ser¨ªa la potenciaci¨®n de la 'cooperaci¨®n normativa' entre el Estado y las autonom¨ªas con la pretensi¨®n reducir los litigios ante el Tribunal Constitucional.
Los socialistas rechazan que estas medidas puedan calificarse de Ley de Cooperaci¨®n. No obstante, el responsable auton¨®mico del PSOE, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, est¨¢ dispuesto a hablar con el Gobierno sobre una serie de mejoras sobre el funcionamiento de las conferencias sectoriales. Tambi¨¦n se muestra el PSOE muy cr¨ªtico con los objetivos que marca Posada porque 'falta el principal instrumento de la cooperaci¨®n que es el Senado, a cuya reforma profunda se opone el Gobierno'. 'Esto no es una Ley de Cooperaci¨®n. Las medidas son fragmentarias e insuficientes', concluy¨® L¨®pez Aguilar.
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