Barcelona, indignada

Las grandes ciudades como Madrid y Barcelona que hab¨ªan experimentado un gran crecimiento demogr¨¢fico carec¨ªan en los a?os cincuenta de recursos econ¨®micos y, sobre todo, de un modelo de gesti¨®n apropiado. El alcalde de Barcelona Josep Maria Porcioles logr¨® convencer en 1960 al Gobierno de Franco para que dictase una ley reconociendo un r¨¦gimen especial para Barcelona. Tres a?os despu¨¦s, Madrid obtuvo tambi¨¦n la suya. Ambas normas dotaban a las dos capitales de recursos para modernizar sus m¨ªseros servicios p¨²blicos de acuerdo con el desarrollo y crecimiento de la riqueza privada que experimentaba el pa¨ªs y para establecer un sistema de gesti¨®n m¨¢s eficiente.

Desde entonces ambas ciudades han ganado peso en la vida pol¨ªtica, econ¨®mica y cultural del pa¨ªs y un creciente protagonismo en la esfera internacional. Ello ha implicado tambi¨¦n nuevas necesidades tanto de recursos como de competencias para atender a los nuevos desaf¨ªos de seguridad, justicia, tr¨¢fico, urbanismo, vivienda, ense?anza y servicios sociales. Recursos y competencias de los que, de una forma u otra, gozan otras grandes ciudades del mundo. Sin embargo, el nuevo marco del Estado auton¨®mico dej¨® pendiente de desarrollo y actualizaci¨®n el r¨¦gimen especial de ambas ciudades, cuyas competencias quedaron repartidas entre el Gobierno central y las autonom¨ªas.

Barcelona precis¨® 12 a?os para que el Gobierno de Pujol y el Parlamento catal¨¢n aprobasen finalmente su Carta Municipal en 1998, aunque su grado de efectividad sigue siendo muy limitado y deficiente por ausencia de voluntad del Gobierno aut¨®nomo y por la falta de recursos financieros, que dependen de los cambios legales que debe promover el Gobierno central.

El Ejecutivo no ha mostrado diligencia en atender las demandas de Barcelona, que afronta serios problemas de seguridad, equipamientos y vivienda. Quiz¨¢ por cortoplacismo: los problemas mellan al gobierno municipal, de 'izquierda plural'. Los ministros P¨ªo Cabanillas y Jes¨²s Posada rechazan ahora, escud¨¢ndose en la Constituci¨®n, la Carta Municipal que el PP catal¨¢n apoy¨®. Se les ve el plumero, porque fueron los propios expertos del Gobierno, apelando a la doctrina del Tribunal Constitucional, quienes hace cuatro meses interpretaron que la facultad de obtener derechos especiales de Madrid y Barcelona es acorde con la Constituci¨®n. Pero esa frivolidad est¨¢ indignando a toda Barcelona, desde su alcalde, el socialista Joan Clos, hasta los concejales del PP.