Yo invito, t¨² pagas

La oferta de Pacto Local presentada por el presidente Aznar ejemplifica buena parte de los modos con los que se aborda el debate pol¨ªtico en Espa?a. Abundante ret¨®rica hueca, con regate en corto para descolocar al adversario, sazonada, como en otros muchos temas claves del sistema democr¨¢tico espa?ol, con poca constituci¨®n material y mucha ret¨®rica constitucional. Se incorpora un tema interesante a la agenda pol¨ªtica pero se cierra el margen de maniobra a cualquier otro interlocutor, al que se le descalifica desde el inicio. Y, curioso, se desplaza siempre el d¨¦bito de las medidas pol¨ªticas propuestas a otras instituciones o formaciones pol¨ªticas. Para, en la mara?a urdida por una propaganda cargada de sutil desinformaci¨®n, difuminar las responsabilidades propias del Gobierno espa?ol, consolidando un afiche electoral m¨¢s en lo que realmente importa: victoria en las pr¨®ximas elecciones municipales que asoman ya en el horizonte.

No estamos ante un debate serio sobre el poder local, sino ante un acto de propaganda

Se pretende, al parecer, una 'segunda descentralizaci¨®n' que comprometer¨ªa a las comunidades aut¨®nomas, dotadas ya de un cuadro cerrado de poder pol¨ªtico y administrativo, seg¨²n se dicta de manera unilateral. ?stas asumir¨¢n el costo de la decisi¨®n cediendo parte de sus competencias a los ayuntamientos. Se nos ha indicado ya que en ning¨²n caso se hablar¨¢ de gobernabilidad ni de financiaci¨®n municipal, cuestiones estas que, al parecer, no forman parte del n¨²cleo fundamental de la gesti¨®n de las ciudades. No estamos, es evidente, ante la apertura de un debate con profundidad, serio y sincero, sobre el poder local. Bien al contrario, surge en un contexto preocupante: en los ¨²ltimos a?os el Gobierno espa?ol lo ha agredido gravemente, generando una clara regresi¨®n de la autonom¨ªa y democracia local, que hab¨ªa crecido y madurado ininterrumpidamente en los ¨²ltimos veinte a?os.

Lo delicado es que el debate es oportuno en el tiempo e imprescindible. Cuando la fuerza con que se manifiesta la globalizaci¨®n sorprende menos, no se presta igual atenci¨®n a otro fen¨®meno emergente: el crecimiento del protagonismo del poder local en la articulaci¨®n de pol¨ªticas a favor de los ciudadanos, en un mundo que se va configurando tambi¨¦n como una red de ciudades en la que nodos de relaci¨®n se sit¨²an en n¨²cleos urbanos de dimensi¨®n media (Jordi Borja y Manuel Castells). El Gobierno espa?ol se regodea en esquemas periclitados, tratando de revivir el imperio perdido, y oculta sus responsabilidades.

As¨ª, se pretenden asignar nuevas competencias a los municipios en el ¨¢mbito de la creaci¨®n de la ciudad y la pol¨ªtica de vivienda. Sin embargo se promulg¨® una Ley del Suelo que pretend¨ªa configurar un modelo de crecimiento urbano peligros¨ªsimo, al establecer que, salvo el suelo especialmente protegido por razones paisaj¨ªsticas, el resto ser¨ªa urbanizable. Bajo el argumento loable de promover m¨¢s y m¨¢s baratas viviendas, se pretend¨ªa sustraer a los ayuntamientos buena parte de sus facultades de planeamiento y gesti¨®n del suelo. La mayor¨ªa de los alcaldes creemos en la ciudad reglada, la ciudad que crece de manera ordenada, donde la creaci¨®n de nuevas viviendas y urbanizaciones se vea acompa?ada por los necesarios equipamientos y servicios p¨²blicos. No creemos en un modelo urban¨ªstico chabacano por descontrolado, que ya en el pasado promovi¨® los champi?ones urbanos desconexos entre s¨ª; un modelo que gener¨® pueblos y ciudades desestructurados. Los cierto es que estas medidas lamentables s¨®lo han producido dos efectos: elevar el ¨¢nimo de los promotores de urbanizaciones de lujo y encarecer el valor del suelo, hasta ahora r¨²stico, por la expectativa generada.

En cambio, el Gobierno permanece inactivo ante el que es, sin duda, el factor clave para atacar la retenci¨®n especulativa de los suelos y la carest¨ªa de la vivienda: un nuevo modelo de gesti¨®n del suelo ya calificado como urbanizable, que en muchos ¨¢mbitos es importante en cantidad y calidad. De igual manera, aparece el anuncio de una nueva medida gubernamental, la supresi¨®n de la cesi¨®n obligatoria a la comunidad del 10% del aprovechamiento medio del suelo urbanizado; un mecanismo que, bien utilizado, contribuye a hacer ciudad e, incluso, a promover m¨¢s vivienda social y protegida. Todo ello desde una concepci¨®n rancia de la pol¨ªtica de suelo y vivienda, absolutamente injusta con los poderes locales y con su compromiso a la hora de hacer ciudad. Adem¨¢s se traslada el costo de la medida, esta vez a las corporaciones locales.

El Decreto Ley 6/2000 del Gobierno central, bajo la pretensi¨®n de favorecer la liberalizaci¨®n econ¨®mica, establece la implantaci¨®n obligatoria en cada gran superficie o establecimiento comercial de una gasolinera, tanto en los ya existentes como en las futuras, sin c¨®mputo de aprovechamiento urban¨ªstico ni de su ocupaci¨®n. Sustrayendo a los ayuntamientos la competencia que le es propia para definir los usos urban¨ªsticos, se establece un modelo uniforme y sin exclusiones de ning¨²n tipo. Inevitablemente los vecinos que se vean afectados por una imposici¨®n de este tipo se dirigir¨¢n al alcalde respectivo, y no al ministro.

Otro ejemplo, grave lo constituye el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria. Seg¨²n su articulado, las corporaciones locales est¨¢n obligadas a suministrar cuanta informaci¨®n sea requerida por el Ministerio de Hacienda y aquellas que no cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria deber¨¢n someter a la aprobaci¨®n del pleno un Plan econ¨®mico-financiero, que habr¨¢n de presentar ante el citado ministerio. La suscripci¨®n de cr¨¦ditos por las corporaciones locales estar¨¢ sujeta, tambi¨¦n, a acuerdo previo de autorizaci¨®n por el Consejo de Ministros. Se prev¨¦, adem¨¢s, la responsabilidad financiera de los entes que motiven el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado ante la Uni¨®n Europa. Este esquema burocr¨¢tico, que resultar¨¢ totalmente ineficaz, se pretende, adem¨¢s, con absoluta negaci¨®n del r¨¦gimen foral privativo que deriva de nuestro Concierto Econ¨®mico y Estatuto de Autonom¨ªa en el Pa¨ªs Vasco. Pero lo m¨¢s preocupante es que denota una nueva forma de tutela administrativa que descansa en un principio perverso: las corporaciones locales no somos mayores de edad, no tenemos ni debemos tener autonom¨ªa ni para equivocarnos.

Recordar¨¦, finalmente, la insinuaci¨®n, recurrente, de supresi¨®n del Impuesto de Actividades Econ¨®micas, tributo ciertamente importante para la financiaci¨®n municipal. Se anunci¨®, primero, que resultaba imprescindible para motivar la actividad econ¨®mica de las peque?as y medianas empresas, frenada, por lo visto, por la voracidad municipal. Se indicaba que ello se abordar¨ªa en el marco de una reforma del sistema global de financiaci¨®n municipal para, posteriormente, sugerir que ¨¦sta no procede. Desde el poder local, respetando el objetivo propuesto, que se comparte, caben soluciones equilibradas siempre que se cuente con la corresponsabilidad entre las instituciones y un reparto equitativo de las cargas.

La negociaci¨®n colectiva en el ¨¢mbito local se marca r¨ªgidamente desde los Presupuestos Generales del Estado en t¨¦rminos que la Administraci¨®n central nunca cumple al sortearla para s¨ª haciendo uso de la capacidad legislativa, convalidando ¨²nicamente los acuerdos suscritos con sus trabajadores, y situando a las corporaciones locales en un callej¨®n sin salida.

Ni el estatuto de los alcaldes y concejales merece una consideraci¨®n, privados, por ejemplo, de protecci¨®n en los supuestos de desempleo. Se ha accedido, con justicia, a consolidar un r¨¦gimen singular para prostitutas, toreros y deportistas, cuando todav¨ªa se recuerda el comentario de un l¨²cido secretario de Estado al se?alar que no era posible en el caso de los corporativos municipales, dado que nos encontramos ante una 'actividad no productiva'

Son muchos los ejemplos. Si la oferta de pacto local va en serio, ¨¢brase un di¨¢logo real y fruct¨ªfero, desde el reconocimiento efectivo de las asociaciones representativas de los municipios. Aband¨®nese tambi¨¦n una pol¨ªtica gubernamental que camina, precisamente, en sentido contrario. La invitaci¨®n resultar¨¢ sugestiva si pretende producir efectos en beneficio de los ciudadanos, siempre que no haya gorroneo.

Karmelo S¨¢inz de la Maza Arrola es presidente de la Asociaci¨®n de Municipios Vascos-Euedel y alcalde (PNV) de Leioa.