Arbitrismo

Al parecer, el presidente Aznar se dispone a adoptar por decreto las medidas m¨¢s impopulares que, seg¨²n su criterio, Espa?a necesita para su mejor gobierno. Puede permitirse el lujo de hacerlo as¨ª porque, tras obtener el consentimiento de su partido para eludir la reelecci¨®n, ya no necesita halagar a sus votantes con mercedes electorales. En consecuencia, se quita la careta liberal con la que hasta aqu¨ª se enmascaraba y ense?a por fin su faz oculta de cirujano de hierro, dispuesto a salvar al pueblo en contra de su voluntad. Es lo que hac¨ªan en el siglo XVIII los arbitristas del despotismo ilustrado, como Esquilache entre otros. No cabe descartar que en el futuro acometa otras operaciones quir¨²rgicas, como la reforma del sistema de pensiones, pero de momento ha comenzado por otros dos sistemas menos comprometidos: el auton¨®mico y el de ense?anza. Dejando para mejor ocasi¨®n la cuesti¨®n territorial, aqu¨ª me centrar¨¦ en la educativa.

Ante el evidente fracaso de su pol¨ªtica juvenil, el Gobierno ha optado por esconder debajo de la alfombra sus peores secuelas, que son el botell¨®n y el fracaso escolar. As¨ª escamotea la realidad, pues tales s¨ªntomas son efectos y no causas del verdadero problema juvenil, constituido por la precariedad laboral y el bloqueo de la inserci¨®n adulta. Y para disimular su inoperancia, manipula la agenda magnificando dos falsos problemas, el presunto alcoholismo p¨²blico de los j¨®venes y la supuesta baja calidad de la ense?anza, a los que culpa de todos los males que aquejan a la juventud. Por eso, remedando a los malos m¨¦dicos, ha decidido prohibir los s¨ªntomas, para que no revelen su manifiesta incapacidad de atajar el verdadero mal.

Prohibir el botell¨®n es una regresiva represi¨®n de las libertades urbanas. Su ¨²nica excusa justificada es la protecci¨®n del derecho al descanso de los vecinos. Pero fuera de eso parece sustancialmente equivocada, sobre todo en una cultura c¨ªvica como la espa?ola, centrada en la entusiasta celebraci¨®n de la plaza p¨²blica. Y por lo dem¨¢s s¨®lo revela clasismo, doble moral e hipocres¨ªa, pues el botell¨®n no hace m¨¢s que democratizar por todas las clases sociales una subcultura del ocio estudiantil que hasta hace poco era privilegio de los acomodados hijos de pap¨¢, con tolerancia para entregarse a una semiclandestina dolce vita. Atravesar la transici¨®n juvenil incluye celebrar transgresiones rituales para aprender a dominar la cultura del propio l¨ªmite. ?Y acaso pretenden que las transgresiones festivas regresen a las catacumbas? Si es que lo intentan por un mal entendido despotismo ilustrado, podr¨ªan encontrarse ante motines como el de Esquilache.

Respecto a la anunciada reforma educativa, su arbitrismo todav¨ªa resulta m¨¢s patente. Como ha demostrado el an¨¢lisis de pol¨ªticas p¨²blicas, antes de reformar un servicio siempre hay que evaluar su funcionalidad. Por eso, la calidad de una reforma depende de la metodolog¨ªa de evaluaci¨®n, que no puede ser interna, como las propuestas por las partes interesadas, sino s¨®lo procedente de una imparcial auditor¨ªa externa. Es lo que se hizo en Francia encargando un Libro Blanco sobre la reforma educativa a Edgar Morin, quien en contra de la examencitis burocr¨¢tica recomend¨® sustituir la ense?anza de conocimientos (que se deval¨²an antes de poder aplicarse) por el aprendizaje de capacidades (cognitivas, expresivas y organizativas), necesarias para adaptarse con ¨¦xito a la cambiante sociedad de la informaci¨®n.

Y nada de esto sucede con la anunciada reforma educativa, que pretende hacer tabla rasa introduciendo reformas arbitrarias sin ninguna clase de evaluaci¨®n previa. Lo cual supone, mal que le pese a Aznar, una cierta regresi¨®n a su bestia negra, el progresismo trasnochado, tradicionalmente obcecado en arbitrar jacobinas reformas a discreci¨®n. As¨ª lo revela el que haya recurrido para ejecutar semejante despotismo ilustrado a una antigua jacobina, cuya conversi¨®n al liberalismo doctrinario no le ha impedido intentar lo imposible (seg¨²n Michel Crozier), como es cambiar la sociedad por decreto ley.