Legal, alegal, ilegal

El aspecto m¨¢s problem¨¢tico del paquete de medidas que prepara el Gobierno en relaci¨®n al entramado que gira en torno a ETA es el de las reformas legales destinadas a favorecer la eventual ilegalizaci¨®n judicial de su brazo pol¨ªtico, Batasuna. Lo delicado del asunto explica que quiera discutirlo hoy con el PSOE en el marco del Pacto Antiterrorista antes de llevarlo al Parlamento. Pero el m¨¦todo seguido para plantearlo -la filtraci¨®n a algunos peri¨®dicos antes de comunic¨¢rselo a su interlocutor- es muy desafortunado.

ETA no es s¨®lo sus comandos, seg¨²n viene sosteniendo el juez Garz¨®n y corrobora la experiencia de cada d¨ªa. No s¨®lo porque se cuenten ya por centenares los detenidos por actividades de la banda que son a la vez cargos p¨²blicos de ese partido; tambi¨¦n por las evidencias, confirmadas a trav¨¦s de diversas resoluciones judiciales, de los v¨ªnculos entre la constelaci¨®n de organismos legales o alegales de la izquierda abertzale y el proyecto de intimidaci¨®n social que encabeza ETA. Incluso en autos que en parte contradicen resoluciones de Garz¨®n -como el que en diciembre pasado ordenaba excarcelar a seis dirigentes del colectivo Ekin, supuesto organismo de direcci¨®n pol¨ªtica del entramado- se confirma la existencia de indicios sobre la relaci¨®n entre ese colectivo y la violencia callejera que 'justifican la imputaci¨®n penal', aunque no el mantenimiento de la prisi¨®n provisional.

La constelaci¨®n de organismos de la izquierda abertzale forma parte de un proyecto impositivo directamente relacionado con la acci¨®n de ETA. No es que ETA y Batasuna sean lo mismo, sino que ambas siglas forman parte de una estructura com¨²n, el MLNV, dirigido por ETA. La llamada Coordinadora Abertzale Sozialista (KAS) fue el cauce en el que la 'vanguardia armada' se relacionaba con el resto de organismos. Existen decenas de actas de esas reuniones publicadas en la prensa, libros y tesis doctorales que dejan escasas dudas sobre la relaci¨®n de subordinaci¨®n de esas organizaciones a ETA, incluso sobre asuntos como el boicoteo en unas determinadas elecciones o los criterios para la formaci¨®n de las candidaturas.

El problema es que, adem¨¢s de brazo pol¨ªtico de ETA, Batasuna es una expresi¨®n electoral votada por miles de ciudadanos y sus electos forman parte de los ayuntamientos y otras instituciones. Su ilegalizaci¨®n plantear¨ªa, por ello, arduos problemas en relaci¨®n a la funci¨®n de 'expresi¨®n del pluralismo pol¨ªtico' que la Constituci¨®n atribuye a los partidos. La exigencia que ahora se invoca de que su organizaci¨®n y funcionamiento sean democr¨¢ticos ya figura en la Ley de Partidos Pol¨ªticos de 1978, lo que no impidi¨® que el Tribunal Supremo ordenara en 1986, frente a recursos del Gobierno de entonces, la inscripci¨®n de HB (antecedente de Batasuna) en el registro de partidos.

Los dos firmantes del Pacto Antiterrorista (PP y PSOE) deber¨¢n hilar muy fino para acabar de encontrar una f¨®rmula que, sin quebrar el principio pluralista, dificulte las ventajas que el mundo de ETA obtiene de la combinaci¨®n entre actividad legal e ilegal que caracteriza su estrategia.