Ayuntamientos, padres y profesores pagan la vigilancia en los institutos

El incremento de la inseguridad ciudadana llega a las aulas, pero la Consejer¨ªa de Educaci¨®n deja en manos de los padres y de los directores su soluci¨®n. La vigilancia privada que han contratado algunos consejos escolares corre a cargo de ayuntamientos, asociaciones de padres o del presupuesto de los directores de los institutos, ya que la consejer¨ªa sostiene que no tiene competencias en esta cuesti¨®n. En Alicante, al menos tres institutos disponen de vigilantes jurados que controlan el acceso de los alumnos, la venta de droga o los actos vand¨¢licos en los centros.

En los institutos de educaci¨®n secundaria empieza a ser habitual la imagen de un vigilante jurado controlando el acceso al centro p¨²blico. Sin embargo, la Consejer¨ªa de Educaci¨®n no interviene, ni sufraga el servicio en todos los institutos. Seg¨²n explica Jos¨¦ Luis Moreno, portavoz de la Permanente de Directores de los institutos en la provincia de Alicante, 'es el consejo escolar de cada centro el que demanda el servicio, en funci¨®n de las necesidades'.

As¨ª por ejemplo, en Alicante hay al menos tres institutos que disponen de un sistema de vigilancia privada. En el Instituto Virgen del Remedio el gasto corre a cuenta de los padres y del presupuesto de mantenimiento de la direcci¨®n del centro; pagan 1.051 euros mensuales (unas 175.000 pesetas). En el IES n¨²mero 14 es el Ayuntamiento de Alicante el que costea los gastos de seguridad. 'Todo est¨¢ en funci¨®n de la demanda social, si hay una necesidad se intenta cubrir pero no hay un criterio definido', lamenta el portavoz de los directores en Alicante. Y muestra de ello es el caso del IES Gran V¨ªa, donde la Consejer¨ªa de Educaci¨®n s¨ª se encarga de sufragar el gasto, aunque no consta oficialmente, seg¨²n Moreno. Los responsables de los institutos advierten de que no tienen 'capacidad econ¨®mica para asumir este gasto', agrega Moreno, quien calcula en 60.000 euros (diez millones de pesetas) el coste anual que para un centro comporta un vigilante jurado, lo que significa un 20% del presupuesto total de mantenimiento.

El Instituto Garc¨ªa Berlanga, en la localidad de Sant Joan y en las inmediaciones de Parque Ansaldo, lleva dos a?os pidiendo vigilancia, y no la han autorizado. Seg¨²n explican los docentes, los vigilantes privados se encargan de controlar el acceso a los centros del alumnado, evitar robos, disuadir la venta de droga y reprimir peleas. 'Los conserjes no tienen esa funci¨®n, no est¨¢n capacitados para eso', recuerda Moreno. La Permanente de Directores de los institutos p¨²blicos plantea 'fomentar la polic¨ªa de barrio, que controle tambi¨¦n el absentismo, y los actos vand¨¢licos', explica Moreno, quien reconoce que el incremento de vigilancia en los centros debe instaurarse 'siempre que el consejo escolar lo solicite'. Algunos centros demandan tambi¨¦n vigilancia los fines de semana.