'Botell¨®n' y ruido
Estos ¨²ltimos d¨ªas estamos asistiendo a un cambio sintom¨¢tico en la escena p¨²blica con la decisi¨®n de ir poniendo fin al fen¨®meno del botell¨®n, ante la presi¨®n de los vecinos de los barrios m¨¢s castigados por esa costumbre. Esto supone el triunfo del movimiento vecinal, que desea asegurar algo tan b¨¢sico como el descanso dentro de sus hogares.
Hace justo ahora cuatro a?os, en febrero de 1998, nac¨ªa Adecavi como asociaci¨®n ecologista dedicada al estudio y la denuncia de la contaminaci¨®n ac¨²stica, y en mayo siguiente se creaba la Platafoma Ciudadana contra el Ruido, como uni¨®n de afectados y ecologistas que sab¨ªan que ten¨ªan que unir sus fuerzas para conseguir de las administraciones sus justas reivindicaciones.
No es casualidad que las denuncias por ruidos se duplicaran de 1998 al 2000. Cuatro a?os despu¨¦s, algunos ayuntamientos, empezando por el de Bilbao, han reformado sus ordenanzas municipales sobre contaminaci¨®n ac¨²stica para dar respuesta a la cada vez mayor exigencia social. Algunas asociaciones de vecinos de Guip¨²zcoa y Vitoria, junto con Adecavi y otras asociaciones de la Plataforma Ciudadana contra el Ruido, han iniciado ahora conversaciones con el Gobierno vasco, a trav¨¦s del director general de Juegos y Espect¨¢culos para sensibilizar a todas las administraciones p¨²blicas de la necesidad de que se cumpla el decreto de horarios de hosteler¨ªa vigente en la comunidad aut¨®noma, como una de las armas principales de la lucha contra el ruido.
Porque lo cierto es que este decreto est¨¢ siendo ampliamente incumplido por los establecimientos del sector ante la pasividad de la mayor¨ªa de los ayuntamientos, para esc¨¢ndalo de los vecinos, gravemente afectados muchas veces por emisiones intolerables de decibelios.
Hace algunos a?os, tal movilizaci¨®n ciudadana contra el ruido era impensable. Hoy d¨ªa son numerosas las sentencias que dan la raz¨®n a los vecinos, ordenando el cese de las mismas y estableciendo indemnizaciones por da?os morales. Esta batalla, que se est¨¢ ganando en los tribunales, debe trasladarse a las administraciones p¨²blicas, que, en el ejercicio de sus competencias, deben velar por el medioambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, como manda la Constituci¨®n. Es en este ¨¢mbito donde se debe resolver este problema, sin obligar a los ciudadanos a acudir a un amparo judicial costoso para todos.
Nada tiene que ver con la represi¨®n exigir un cumplimiento m¨¢s riguroso de la normativa existente y que haga de los agentes municipales un instrumento eficaz de la 'polic¨ªa de la tranquilidad' que deben ser los ayuntamientos ante todo.
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