Por una Convenci¨®n constituyente

El inicio de la Convenci¨®n sobre el futuro de Europa en 2004 se produce en un nuevo marco. Desde el 1 de enero, m¨¢s de 300 millones de ciudadanos de 12 Estados comunitarios han hecho suya sin vacilar la moneda ¨²nica, y en los tres pa¨ªses restantes, Gran Breta?a, Suecia y Dinamarca, la cuesti¨®n no es sino cu¨¢ndo dan el paso. Para comprender el alcance de esta decisi¨®n en la que los pueblos han adoptado, en un plebiscito sin abstenciones, un sistema com¨²n de valores, basta con comparar con lo ocurrido en Argentina.

En ese pa¨ªs hermano, mimado por la naturaleza, en donde hasta el nombre refleja riqueza, la gente dej¨® de creer en su moneda y su futuro com¨²n; es de esperar que sean capaces de encontrarlo, lo cual requerir¨¢ tiempo y esfuerzos sostenidos.

Esta dicotom¨ªa muestra el sentido que tiene el ejercicio de la Convenci¨®n: en esencia, saber si la 'uni¨®n cada vez m¨¢s estrecha entre nuestros pueblos' es un matrimonio de conveniencia o un ideal compartido de convivencia. Y los europeos provenientes de las dos ramas de la legitimidad democr¨¢tica -30 parlamentarios nacionales y 15 representantes de los Gobiernos; 30 parlamentarios europeos y 2 comisarios; m¨¢s, am¨¦n de la trinidad presidencial (Val¨¦ry Giscard d'Estaing, Giuliano Amato y Jean-Luc Dehaene), los representantes de los pa¨ªses candidatos en calidad de observadores- tendr¨¢n que dar respuesta a esta interrogante con propuestas concretas, por primera vez con luz, taqu¨ªgrafos... e Internet.

La respuesta a esta pregunta no es meramente acad¨¦mica. Ciertamente, los defensores del pragmatismo como virtud suprema, que, como santo Tom¨¢s, s¨®lo creen en lo que tocan, aceptan ya los resultados: medio siglo de paz frente a siglos de hostilidades; prosperidad frente a escasez; un modelo social de bienestar; ventajas del mercado ¨²nico para empresas y consumidores, y la mejor protecci¨®n en el mundo globalizado. Pero desde el Tratado de Maastricht hay algo m¨¢s: la ciudadan¨ªa com¨²n y la moneda ¨²nica, a la que se a?ade la Carta de Derechos Fundamentales como definici¨®n de valores comunes.

El problema es que los tratados acumulan capas sucesivas, sumando m¨¢s de 600 art¨ªculos, con cientos de declaraciones y protocolos anejos, adem¨¢s de las 80.000 p¨¢ginas de Diario Legislativo que resumen el famoso 'acervo comunitario'. En fin, la maleta de textos que le llevaron a V¨¢clav Havel cuando trat¨® de estudiar c¨®mo funcionaba la Uni¨®n.

Por todo ello, tiene sentido defender una perspectiva constitucional como objeto de la Convenci¨®n. De hecho, los tratados tienen valor constitucional en nuestros respectivos pa¨ªses, por la primac¨ªa del derecho comunitario y la jurisprudencia, tanto del Tribunal Europeo como de los tribunales supremos y constitucionales. Pero un texto claro y conciso -la simplificaci¨®n de los tratados es uno de los cometidos previstos en el Tratado de Niza- permitir¨ªa una lectura comprensible ordenando el trabajo en tres cap¨ªtulos fundamentales.

En primer lugar, una definici¨®n del sistema de valores com¨²n, la democracia y la Carta de Derechos Fundamentales.

Frente a esta tesis se formula una objeci¨®n soberanista, que no puede haber Constituci¨®n porque no hay pueblo europeo. El caso europeo es un ejemplo cl¨¢sico de patriotismo constitucional, como lo fueron en su momento los precedentes de la Ley Fundamental de Bonn y de la Constituci¨®n Espa?ola de 1978. Frente al concepto de la naci¨®n republicana y soberana en su unicidad, ambas experiencias muestran c¨®mo puede existir una afirmaci¨®n de valores comunes basados en la unidad en la diversidad. ?No aceptamos todos un euro con la misma cara y con 12 cruces diferentes? Bien es verdad que, en ambos casos, la elaboraci¨®n del patriotismo constitucional se hizo d¨¢ndole contenido y no buscando una afirmaci¨®n nominalista. Bueno es que quienes ignoraban lo que se estaba haciendo o se opon¨ªan a su resultado lo acepten hoy, pero lo terrible de los conservadores es que, cuando algo funciona, tratan siempre de apropiarse pasivamente de ello. La primera tarea ser¨¢, pues, poner lo m¨¢s claramente en el frontispicio nuestras se?as de identidad comunes.

El segundo gran cap¨ªtulo es saber c¨®mo hacer compatible la Uni¨®n con el respeto a la identidad de sus componentes, los Estados miembros, es decir, c¨®mo se van a repartir las competencias y c¨®mo se aplica el principio de subsidiariedad. Aqu¨ª debe regir un principio muy simple: s¨®lo debemos hacer juntos a nivel europeo lo que se puede hacer mejor a ese nivel. La Uni¨®n debe perseguir ¨²nicamente los objetivos acordados en com¨²n, respetando la identidad y funcionamiento de sus Estados miembros. Ahora bien, poner al ciudadano en el centro de la Uni¨®n significa que las decisiones deben tomarse siempre al nivel m¨¢s pr¨®ximo al mismo. Por eso tiene sentido asociar a las regiones -sobre todo las que tienen poderes constitucionales- y a las ciudades (el Comit¨¦ de las Regiones tiene estatuto de observador).

Lo que no se tiene de pie es hablar de asociar a la 'sociedad civil' y no a sus expresiones organizadas e institucionalizadas. La cr¨ªtica que se hace desde posturas conservadoras y soberanistas de este planteamiento es que excede el marco de los tratados e introduce al temido federalismo por la puerta trasera. Sin querer entrar en debates nominalistas, conviene recordar que en los tratados hay un caso de federalismo perfecto, que es la uni¨®n monetaria, con el Banco Central Europeo a la cabeza. Otro de los argumentos que se utilizan, mezcla de ignorancia y munici¨®n de combate pol¨ªtica, es la pretensi¨®n de crear un super-Estado centralizado en Bruselas por los socialistas europeos. Argumento empleado en tiempos por la se?ora Thatcher con resultados no muy brillantes para su pa¨ªs.

En todo caso, si se ha dado el paso de la moneda ¨²nica -Blair tendr¨¢ que decidir cu¨¢ndo lo d¨¦-, lo procedente es darlo en su gesti¨®n econ¨®mica y pol¨ªtica. Y esto abre el tercer cap¨ªtulo, que se refiere al equilibrio institucional, en el que es preciso hacer m¨¢s labor de mec¨¢nica de precisi¨®n. En el mismo hay algunas grandes decisiones que tomar: la primera es asentar la doble legitimidad democr¨¢tica, a partir del poder compartido. Ello requiere, en la configuraci¨®n del Ejecutivo comunitario -la Comisi¨®n-, optar por la elecci¨®n directa de su presidente por sufragio universal, o su investidura parlamentaria. La l¨®gica y la historia abogan por la segunda opci¨®n, articul¨¢ndola a partir de la consolidaci¨®n de las familias pol¨ªticas europeas. Adem¨¢s, al haberse consagrado la codecisi¨®n legislativa y el poder presupuestario compartido entre Parlamento Europeo y Consejo de Ministros, se debe llegar a un sistema bicameral, la C¨¢mara de los Ciudadanos (el Parlamento) y la de los Estados (Consejo en su funci¨®n legislativa). Este esquema dar¨ªa visibilidad y transparencia al sistema y permitir¨ªa superar el Guadiana recurrente de la segunda C¨¢mara designada por los Parlamentos nacionales. La operaci¨®n se completar¨ªa con la superaci¨®n del sistema de pilares, tanto en el campo de la pol¨ªtica exterior y de seguridad como en el de la pol¨ªtica interior y de justicia. En ambos campos se va avanzando a golpe de acontecimientos -Balcanes, 11 de septiembre, terrorismo, delincuencia econ¨®mica- con decisiones ad hoc del Directorio que es el Consejo, con una casu¨ªstica laber¨ªntica dif¨ªcilmente comprensible para iniciados.

La Convenci¨®n tiene una magna tarea ante s¨ª. Para conseguir su convocatoria hemos trabajado con entusiasmo y perseverancia en el Parlamento Europeo, en las familias pol¨ªticas europeas y en los movimientos asociativos que coagulan nuestras sociedades. Los Gobiernos y el Consejo la han aceptado y tienen la obligaci¨®n de colaborar en que sea un ¨¦xito. Frente a la tesis de que las cosas se arreglan mejor a puerta cerrada, hay que afirmar con rotundidad que la publicidad y la transparencia son eficaces, entre otras cosas, porque los protagonistas miden sus palabras, m¨¢s a¨²n si se concretan en enmiendas a los textos. En este sentido, el mejor y m¨¢s claro mensaje que se puede enviar a los pragm¨¢ticos y a los soberanistas es que el proceso que ha conducido desde la Europa exang¨¹e y destruida de la posguerra hasta la Uni¨®n actual ha tenido siempre como motor la osad¨ªa de plantear cosas que parec¨ªan imposibles y ut¨®picas en el viejo orden del equilibrio de poderes de la Europa del Tratado de Westfalia. En la Convenci¨®n hay que tratar de superar, una vez m¨¢s, el impulso ut¨®pico con la respuesta concreta y pr¨¢ctica; el m¨¦todo del paso a paso ha sido muy criticado ¨²ltimamente, pero es el que emplean los alpinistas y los corredores de fondo. En esencia, es el que permite estar a punto cuando hay que dar grandes saltos como el actual.

Enrique Bar¨®n Crespo es presidente del Grupo Parlamentario del PSE en el Parlamento Europeo.