Juicios y garant¨ªas

El sustancial aumento de la delincuencia durante el a?o 2001 -un 10,52% en el n¨²mero total de delitos- ha hecho m¨¢s acuciante la puesta en pr¨¢ctica de los juicios r¨¢pidos para la llamada delincuencia menor, que por ser la m¨¢s frecuente contribuye de manera fundamental a la sensaci¨®n de inseguridad ciudadana. Para el Gobierno, la instauraci¨®n de los juicios r¨¢pidos, prevista en el Pacto sobre la Justicia, ha ido adquiriendo relevancia especial en los ¨²ltimos meses, seg¨²n se hac¨ªa evidente que el problema de la delincuencia se le escapaba de las manos.

El ministro de Justicia present¨® ayer en el Congreso, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, una propuesta de reforma de 60 art¨ªculos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las faltas y delitos flagrantes y los que comporten penas inferiores a nueve a?os de prisi¨®n -la gran mayor¨ªa, incluidos los tirones, los hurtos y robos en las calles, los robos de veh¨ªculos, los delitos de tr¨¢fico, los malos tratos y la violencia dom¨¦stica- puedan ser juzgados en 72 horas, en el caso de las faltas, y en un plazo m¨¢ximo de 15 d¨ªas los delitos. No se trata de una apuesta novedosa, como con desconocimiento se?al¨® ayer el ministro de Justicia, ?ngel Acebes, sino del tercer o cuarto intento de introducir en la herrumbrosa maquinaria judicial espa?ola un enjuiciamiento ¨¢gil de los delitos menores y flagrantes que en buena medida quedan impunes. Habr¨ªa que preguntarse por qu¨¦ fallaron esos intentos para que no ocurra lo mismo con el actual.

Las reformas legales por s¨ª solas no bastan, como tampoco el convencimiento de que s¨®lo una justicia penal r¨¢pida resulta eficaz, incluso preventivamente, frente a una delincuencia de entidad menor, pero creadora de alarma y de inseguridad, en los n¨²cleos urbanos sobre todo. Hacen falta dos cosas esenciales: de un lado, una infraestructura judicial reforzada en las ciudades, en especial sus juzgados de guardia, encargados de instruir los procesos sobre la marcha y fijar la fecha del juicio, y, de otro, una actuaci¨®n policial eficiente, capaz de obtener pruebas en el escaso tiempo que media entre la detenci¨®n y la comparecencia a juicio.

Habr¨¢ que comprobar si el presupuesto asignado este a?o a la reforma (1,8 millones de euros) basta para evitar que corra la misma suerte que las anteriores. No hay que olvidar que justicia r¨¢pida no es sin¨®nimo de justicia expeditiva y sin garant¨ªas, como ser¨ªa acusar sin fundamento o condenar sin pruebas. Desconocer ese dato esencial har¨ªa a la justicia r¨¢pida tanto o m¨¢s ineficaz que la lenta, con abundancia de juicios nulos o absoluciones por falta de pruebas, frustr¨¢ndose una vez m¨¢s una justa exigencia ciudadana.