56 millones de vidas en juego
Ma?ana comienza en Monterrey (M¨¦xico) la Conferencia Internacional sobre Financiaci¨®n para el Desarrollo. Cincuenta jefes de Estado y de Gobierno (entre ellos, los presidentes Bush y Aznar) han confirmado ya su asistencia a una cumbre que fue convocada por Kofi Annan con una finalidad precisa: movilizar los fondos necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes del a?o 2015. Dichos objetivos incluyen la reducci¨®n de la pobreza extrema a la mitad, la reducci¨®n en dos terceras partes de la mortalidad infantil y la educaci¨®n primaria universal. No se trata de compromisos nuevos, llevamos a?os escuchando estas promesas en boca de distintos mandatarios internacionales, pero la fecha clave se acerca y nos encontramos muy lejos de su cumplimiento. De hecho, de continuar las tendencias actuales, la diferencia entre el objetivo y la realidad ser¨¢ de 56 millones de ni?os cuya muerte se podr¨ªa haber evitado, 75 millones de ni?os y ni?as cuya escolarizaci¨®n seguir¨¢ siendo una quimera y m¨¢s de 1.000 millones de personas que seguir¨¢n tratando de sobrevivir con menos de un d¨®lar diario. Pero las tendencias no son inamovibles. Es cierto que los recursos necesarios para cambiar este destino tr¨¢gico son muy elevados, pero son f¨¢cilmente alcanzables si se cumplieran los compromisos asumidos hace a?os por los pa¨ªses del Norte. ?Por qu¨¦ a pesar de los discursos los recursos no se desembolsan y las estrategias no se aplican?
El proceso que ahora culmina puede ayudarnos a comprender un poco mejor esta situaci¨®n. Cuando las delegaciones de todos los pa¨ªses lleguen a Monterrey se van a encontrar con una situaci¨®n in¨¦dita en el funcionamiento de Naciones Unidas: la existencia de un documento previamente acordado, conocido ya como el Consenso de Monterrey, que permitir¨¢ a los altos mandatarios hacer grandes discursos sin necesidad de tener que enzarzarse en complejas negociaciones que puedan hacer sonrojarse a los m¨¢s rezagados. Este hecho, entendido como un gran logro por parte de algunos de los actores implicados, ha sido alcanzado pagando un precio muy alto: el del propio contenido de los compromisos asumidos. El documento actual no aporta ni una sola garant¨ªa acerca del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio: no hay ideas, no hay compromisos y, lo que es m¨¢s grave dada la finalidad de la conferencia, no incluye un solo recurso nuevo para el desarrollo.
De hecho, la reciente disputa entre los pa¨ªses de la UE por acordar un incremento de su Ayuda Oficial al Desarrollo, no hace sino ratificar este fracaso. La Uni¨®n, se ha visto abocada a una carrera desesperada de ¨²ltima hora que le permita presentarse en Monterrey con alg¨²n tipo de ofrenda con la que apaciguar los ¨¢nimos en las calles y ofrecer una imagen de actor comprometido con el desarrollo. El acuerdo alcanzado no va a asegurar el ¨¦xito de la conferencia, pero s¨ª puede suponer un paso importante para un pa¨ªs como Espa?a que, a pesar del compromiso de todos los partidos pol¨ªticos en 1995 de alcanzar el 0,7%, a¨²n se encuentra entre los niveles m¨¢s bajos de ayuda de la UE con un 0,22%.
Un pa¨ªs (o, mejor dicho, un Gobierno) que a lo largo del proceso ha parecido sentirse particularmente c¨®modo al abrigo norteamericano, con cuyos planteamientos intransigentes coincid¨ªa m¨¢s de lo que su condici¨®n de presidencia europea le permit¨ªa expresar. En particular, se ha hecho abanderada de dos ideas que probablemente estar¨¢n tambi¨¦n muy presentes en el discurso de Bush. Por un lado, la necesidad de que los pa¨ªses en desarrollo 'pongan la casa en orden' y demuestren su compromiso con la democracia y el Estado de derecho para que la ayuda pueda tener alguna efectividad. Por otro, la importancia de mejorar la calidad de la ayuda antes de centrarnos en incrementos cuantitativos. Ambos aspectos son, sin duda alguna, cruciales en la lucha contra la pobreza y han sido discutidos ampliamente los ¨²ltimos a?os. Sin embargo, pierden buena parte de su legitimidad cuando se abusa de los mismos para bloquear cualquier incremento significativo de la ayuda y justificar que ¨¦sta no se dirija a los pa¨ªses m¨¢s pobres. Alegar la ausencia de un Estado de derecho para dejar a su amparo a las poblaciones de los pa¨ªses con mayores complicaciones contribuye poco a la superaci¨®n de sus problemas. Por otra parte, parece poco coherente exigir respeto por los derechos humanos y que pa¨ªses como China, Turqu¨ªa o Indonesia hayan venido figurando sistem¨¢ticamente entre los principales receptores de nuestra ayuda.
Dej¨¦monos, pues, de utilizar excusas para justificar lo injustificable: las vidas de 56 millones de ni?os y ni?as est¨¢n en juego, y ning¨²n discurso, por muy razonable que sea, va a servir para salvarlas si no est¨¢ acompa?ado de los recursos y las acciones necesarias. En Monterrey comienza la cuenta atr¨¢s.
Marta Arias es responsable de Instituciones Financieras Internacionales de Interm¨®n.
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