Un agricultor, condenado por explotar a 40 inmigrantes

El titular del Juzgado de lo Penal n¨²mero 4 de C¨®rdoba, Armando Garc¨ªa Carrasco, ha condenado a un agricultor de C¨®rdoba a dos a?os de prisi¨®n y a una multa de seis meses, con una cuota diaria de tres euros (540 euros en total), como autor de un delito contra el derecho de los trabajadores, cometido por alterar los contratos de trabajo de 40 inmigrantes, la mayor¨ªa colombianos y ecuatorianos, que trabajaron en una finca de su propiedad en el t¨¦rmino municipal de Adamuz (C¨®rdoba) en la campa?a de la aceituna de 2000-2001.

Durante esa campa?a, el acusado, Pablo Ayll¨®n Vergara, en nombre de la comunidad de bienes Herederos Ayll¨®n Vergara, contrat¨® de forma verbal y a trav¨¦s de la ONG C¨®rdoba-Acoge a unos 40 trabajadores colombianos y ecuatorianos que, en situaci¨®n de necesidad, carec¨ªan de permisos de trabajo y de residencia, con el compromiso ante esa ONG de regularizar su situaci¨®n.

Ante la situaci¨®n ilegal de estos trabajadores, algunos de ellos exigieron al acusado la redacci¨®n por escrito de sus contratos, lo que se realiz¨® mediante modelos tipo en los que se pactaba un salario de 4.500 pesetas diarias por cada d¨ªa y trabajador y otra serie de condiciones relativas a horarios, d¨ªas festivos, horas extraordinarias y normas de seguridad e higiene 'que infring¨ªan la normativa laboral vigente de aquellas fechas [que fijaba un salario m¨ªnimo de 4.609 pesetas al d¨ªa], como en materia de prevenci¨®n de riesgos laborales', seg¨²n el texto de los hechos probados que recoge la sentencia.

Alteraciones

Pero esos contratos fueron 'unilateral y maliciosamente alterados en su primera p¨¢gina por el acusado' para hacer constar un salario no pactado de 4.500 pesetas diarias por cada 140 kilos de aceituna recogidos, 'sin el conocimiento y el consentimiento de los trabajadores'. Adem¨¢s, esos modelos de contrato no fueron ni los presentados ante la Administraci¨®n para la regularizaci¨®n de los mismos ni los efectivamente abonados en las respectivas liquidaciones, en las que se hac¨ªa constar la cantidad de 3.040 pesetas con reducciones posteriores de diversos gastos relativos a la manutenci¨®n, gesti¨®n documental y diversos anticipos, no todos ellos justificados debidamente.

La Inspecci¨®n de Trabajo y la Seguridad Social comprobaron que las condiciones de trabajo referidas a las instalaciones, comedores y dormitorios no reun¨ªan los requisitos m¨ªnimos prevenidos en la normativa laboral.

El juez se?ala que se abus¨® de la situaci¨®n de necesidad en la que se encontraban los inmigrantes 'para imponerles unas condiciones laborales, tanto salarial, de horarios, de jornada de trabajo, como de seguridad e higiene', que infringe la legislaci¨®n vigente 'de forma grave y consciente'. La condena obliga tambi¨¦n al agricultor a indemnizar a los trabajadores con 4.609 pesetas diarias por jornada trabajada.