Para ilegalizar Batasuna

EL CONSEJO DE MINISTROS dio luz verde la pasada semana al borrador del anteproyecto de la Ley de Partidos Pol¨ªticos, una versi¨®n revisada y sustancialmente ampliada de la norma de id¨¦ntico t¨ªtulo promulgada el 8 de diciembre de 1978. Antes de ser aprobado por el Gobierno como proyecto de ley, el texto recibir¨¢ el dictamen -preceptivo, pero no vinculante- del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. El grupo parlamentario socialista ha asumido los elevados costes de consensuar ese borrador con el Ministerio de Justicia, pese al humillante trato dispensado por el PP a sus portavoces y al enga?o del que fueron v¨ªctimas los candorosos pardillos encargados de negociar la renovaci¨®n de los ¨®rganos constitucionales en nombre del PSOE.

La eventual disoluci¨®n del brazo electoral de ETA por la Sala Especial del Tribunal Supremo plantear¨ªa problemas no s¨®lo de oportunidad pol¨ªtica, sino tambi¨¦n de orden jur¨ªdico-constitucional

Sin embargo, las oscuras reticencias de Felipe Gonz¨¢lez sobre la ilegalizaci¨®n de Batasuna y las abiertas discrepancias o cautelas al respecto de significados dirigentes socialistas vascos podr¨ªan complicar un acuerdo al que han negado ya abiertamente su adhesi¨®n IU y las diferentes familias del nacionalismo vasco. Aunque los cr¨ªticos o los esc¨¦pticos duden sobre todo de la oportunidad pol¨ªtica de la medida, tampoco faltan razones jur¨ªdico-t¨¦cnicas en que fundamentar el desacuerdo.

Pese a los esfuerzos desplegados por los redactores para revestir el anteproyecto con los majestuosos ropajes de la generalidad propia del esp¨ªritu de las leyes, a fin de evitar su eventual descalificaci¨®n como norma ad hoc, constituye un secreto a voces que la reforma en curso se propone suministrar a los tribunales un instrumento contundente para disolver al brazo pol¨ªtico de ETA. Las fealdades t¨¦cnico-jur¨ªdicas del borrador denuncian el temor de sus redactores a quedarse cortos (en cuyo caso los jueces podr¨ªan considerar insuficientes las facilidades dadas por el Parlamento) o a pasarse de la raya (haci¨¦ndoles incurrir su exceso de celo en supuestos de clara inconstitucionalidad).

La minuciosa descripci¨®n de todas las circunstancias imaginables capaces de justificar la disoluci¨®n de un partido evita los peligros de las leyes indeterminadas, pero convierte a la futura norma en una falla valenciana. El prop¨®sito de disimular el protagonismo de Batasuna en el texto obliga tambi¨¦n a sus redactores a incorporar otros ninots secundarios como comparsas de los terroristas. Finalmente, el temor a los marrulleros abogados del nacionalismo radical, capaces de sacar agua de pozos aparentemente secos del Estado de derecho, a?ade a este indigesto pastel¨®n legal una nueva retah¨ªla de casuismos jesu¨ªticos orientados a impedir la fraudulenta sustituci¨®n de la marca Batasuna por segundas, terceras o d¨¦cimas denominaciones de repuesto.

Algunos artilugios procesales de nuevo cu?o afean todav¨ªa m¨¢s la reforma de la ley de 1978. La competencia es atribuida a la Sala Especial del Tribunal Supremo, formada por diecis¨¦is magistrados (el presidente del Supremo, los presidentes de sus cinco salas y el magistrado m¨¢s antiguo y m¨¢s moderno de cada sala) y encargada hasta ahora de tareas dom¨¦sticas: la revisi¨®n de las sentencias contencioso-administrativas de instancia ¨²nica, las recusaciones y la responsabilidad civil de los magistrados del Supremo, los errores judiciales y los recursos para unificaci¨®n de doctrina. Las sentencias de esta Sala, especial por su composici¨®n, pero no especializada en saberes jur¨ªdicos, pastoreada por el presidente del Supremo m¨¢s contaminado de la democracia, ser¨¢n firmes y no recurribles.

La legitimaci¨®n para instar a la declaraci¨®n de ilegalidad de los partidos se concede no s¨®lo al ministerio fiscal, sino tambi¨¦n al Gobierno y a cualquier grupo de diputados o senadores con un m¨ªnimo de cincuenta miembros. La arbitrista f¨®rmula de las pe?as de diputados y senadores lanzadas de forma espont¨¢nea a pedir la disoluci¨®n judicial de Batasuna trae a la memoria el n¨²mero de parlamentarios exigido para recurrir ante el Constitucional: la confusi¨®n entre los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo cierra as¨ª el abigarrado galimat¨ªas normativo cocinado por el Gobierno, el PP y el PSOE.