El Gobierno no pidi¨® un informe obligatorio sobre la ley contra la financiaci¨®n del terrorismo

Las prisas del Gobierno por aprobar el nuevo paquete de medidas antiterroristas, cuya punta de lanza es la Ley de Partidos Pol¨ªticos, le han llevado a incumplir una obligaci¨®n legal. El proyecto de ley de prevenci¨®n y bloqueo de cuentas que financian el terrorismo, que pretende asfixiar econ¨®micamente al entorno de ETA, fue aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes sin el informe, preceptivo aunque no vinculante, de la Agencia de Protecci¨®n de Datos (APD). Dicho informe era obligatorio porque el texto incide en el ¨¢mbito de la Ley de Protecci¨®n de Datos de Car¨¢cter Personal.

Aunque la ley se elabor¨® al calor de los atentados del 11 de septiembre y de las resoluciones de la ONU sobre bloqueo de cuentas de Al Qaeda, en Espa?a puede tener consecuencias de gran calado. El texto considera falta muy grave, castigada con hasta 9.000 euros o el 5% de los recursos propios de la entidad, la conducta de un banco que no informe a las autoridades sobre "cualquier hecho u operaci¨®n respecto del que existan indicios racionales de que est¨¢ relacionado con la financiaci¨®n de actividades terroristas". Esta definici¨®n no s¨®lo afecta a movimientos bancarios de bandas terroristas, sino tambi¨¦n a operaciones dirigidas a pagar rescates por secuestros o extorsiones como el impuesto revolucionario.