Un abogado por cada 300 espa?oles

Espa?a deber¨ªa ser el para¨ªso de la justicia si ¨¦sta se midiera por el n¨²mero de abogados. Porque los hay hasta el exceso: m¨¢s de 142.000 colegiados (45.000 en Madrid), 102.000 de ellos ejercientes. S¨®lo EE UU tiene m¨¢s (unos 800.000), pero por detr¨¢s quedan Alemania (95.000), Reino Unido (49.000) y Francia (20.000). El dato pasma: hay un abogado por cada 300 habitantes.

Estas cifras, por s¨ª solas, no garantizan que los ciudadanos est¨¦n bien defendidos, sobre todo cuando hay tantas carencias en la administraci¨®n de justicia, protagonista de la ¨²ltima gran reforma pendiente de la democracia. Tantas que fue necesario forjar un Pacto de Estado entre las diversas fuerzas pol¨ªticas. El pasado 5 de marzo, se present¨® oficialmente en el Congreso su primera y consensuada emanaci¨®n directa: la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, un cat¨¢logo de recomendaciones que, para aplicarse, precisar¨¢ de mucho dinero, reformas legales, decisi¨®n pol¨ªtica y buena voluntad de (entre otros) jueces, fiscales y abogados.

?ngeles L¨®pez ?lvarez, abogada: 'Los colegios profesionales defienden muchos intereses corporativistas y pocos de los ciudadanos'

En Espa?a hay m¨¢s de 142.000 abogados, 102.000 de ellos ejercientes. Una cifra tan s¨®lo superada por Estados Unidos

Adriana P. P. entr¨® en un peque?o despacho para aprender, pero a la hora de la verdad no trabaj¨® como pasante, sino de chica para todo

Luis Mart¨ª Mingarro: 'El acceso a la abogac¨ªa debe regularse con una examen que permita contrastar la preparaci¨®n de los letrados'

El mundo de la abogac¨ªa constituye en Espa?a un microcosmos en el que hay marcados contrastes, incluso una soterrada lucha de clases entre grandes despachos que facturan miles de millones al a?o y pagan a algunas de sus estrellas por encima de los 600.000 euros anuales (100 millones de pesetas), clase media cuyos integrantes se las ven y se las desean para sacar limpios 1.500 al mes, e incluso proletarios explotados como pasantes, te¨®ricamente para aprender la profesi¨®n, pero en la pr¨¢ctica trabajando como secretarias o recaderos por menos de 300 euros.

?ngeles L¨®pez ?lvarez, fundadora de la Asociaci¨®n Libre de Abogados, eligi¨® esta profesi¨®n porque no soportaba la injusticia y quer¨ªa acabar con ella, un objetivo que hace tiempo comprob¨® que era ut¨®pico. Como socia de un despacho colectivo, se dedica a casos penales y de extranjer¨ªa. Entre las batallas profesionales que libra hay dos muy significativas: la que pretende dignificar el turno de oficio (la asistencia letrada gratuita) y la que lucha contra la endogamia de los colegios de abogados, empezando por el de Madrid.

'En la pr¨¢ctica', se?ala, 'los colegios defienden muchos derechos corporativistas y pocos de los ciudadanos, sacralizan la funci¨®n de la abogac¨ªa, sit¨²an la confianza como valor m¨¢ximo en la relaci¨®n con el cliente como si ¨¦sta no fuera igualmente necesaria cuando se compra un producto en el mercado o se llama a un fontanero, y no act¨²an con el rigor necesario para atender quejas e imponer sanciones. Adem¨¢s, con la excusa de la confianza, el cliente no sabe muchas veces cu¨¢nto va a tener que pagar a su abogado. Por eso considero fundamental que sea obligatoria la suscripci¨®n de un contrato previo que incluya un presupuesto lo m¨¢s detallado posible'.

'La abogac¨ªa no est¨¢ al servicio de la sociedad', afirma. Una conclusi¨®n pesimista que atribuye, entre otras cosas, al dominio de los colegios profesionales por las vacas sagradas y los grandes despachos, as¨ª como por la pervivencia del sistema de colegiaci¨®n obligatoria, al que ella llama 'el verticato' por analog¨ªa con los sindicatos franquistas.

Desde el bando contrario, el decano de Madrid, Luis Mart¨ª Mingarro, sucesor del hist¨®rico Antonio Pedrol R¨ªus, insiste en que los deberes del abogado se resumen en que 'debe hacerse acreedor a la confianza depositada en ¨¦l por el cliente y garantizar que ¨¦sta no sea defraudada, lo que implica una actuaci¨®n deontol¨®gicamente intachable, transparente, clara, leal, diligente y eficaz. Lo que se nos entrega no es una mercader¨ªa de uso com¨²n, sino algo mucho m¨¢s trascendente, como la defensa penal, tutorial o accionarial'.

Por su parte, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa, remacha el clavo de la confianza y recuerda que 'es funci¨®n del abogado conseguir que el cliente vea sus derechos reconocidos, respetados y aplicados incluso cuando no son puestos a prueba ante un tribunal'. Para ¨¦l, como para Mart¨ª, es fundamental que los licenciados en Derecho reciban una formaci¨®n t¨¦cnico-pr¨¢ctica que les prepare para el ejercicio de la profesi¨®n, aunque a¨²n sigue pensando que su maestro Pedro Duque ten¨ªa toda la raz¨®n del mundo cuando aseguraba: 'Para ser buen abogado s¨®lo hace falta ser buena persona, ya que todo lo dem¨¢s se puede aprender con paciencia y sacrificio'.

El acceso a la profesi¨®n

El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia incluye el compromiso de establecer un sistema de acceso al ejercicio de la abogac¨ªa que impida que, con el t¨ªtulo todav¨ªa fresco en el bolsillo, cualquier licenciado en Derecho pueda colegiarse, alquilar un piso, poner en la puerta una placa que diga 'Fulanito de Tal, Abogado' y defender ante los tribunales a un acusado de asesinato o a una esposa que denuncie malos tratos. Y tambi¨¦n aqu¨ª es perceptible la diferencia de visi¨®n entre los poderes establecidos y los abogados de a pie.

Adem¨¢s de decano de Madrid, Luis Mart¨ª, de 64 a?os, que se hizo abogado porque lo llevaba en la sangre, encabeza un bufete de amplio espectro (derecho civil, mercantil, asesoramiento de empresas, cuestiones inmobiliarias, etc¨¦tera) que excluye los casos penales, laborales y matrimoniales. En su opini¨®n (la de alguien que se define como liberal) y en la de la junta de Gobierno del colegio, el acceso a la profesi¨®n 'debe regularse mediante un examen o prueba de control que permita contrastar la preparaci¨®n, pero no para reforzar el corporativismo, de que haya menos abogados o de que estos se consoliden como una ¨¦lite significada socialmente, sino para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos'.

?ngeles L¨®pez ?lvarez est¨¢ abiertamente en contra de un examen porque 'el Estado ya te da un t¨ªtulo, y el colegio un papelito que te faculta para ejercer y, despu¨¦s de todo, ¨¦sta es una profesi¨®n liberal, y ning¨²n licenciado es tan suicida como para abrir un despacho en cuanto termina la carrera. Adem¨¢s, cada cliente est¨¢ en su perfecto derecho de elegir a un abogado m¨¢s joven e inexperto, en la confianza, por ejemplo, de que podr¨¢ dedicarle m¨¢s tiempo que si acude a un gran bufete. Si se institucionaliza la prueba de acceso, los colegios adquirir¨¢n a¨²n m¨¢s poder, sin que aumente la calidad y preparaci¨®n de los abogados'. Por eso, apuesta por la formaci¨®n pr¨¢ctica en los despachos ('eso s¨ª, cobrando') y porque los colegios hagan cuanto est¨¦ en su mano por hacerlo posible.

La pol¨¦mica sobre el acceso a la abogac¨ªa se extiende a la clase pol¨ªtica. El secretario de Estado de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, es firme partidario de regularla y est¨¢ convencido de que la cuesti¨®n se definir¨¢ en esta legislatura y se regular¨¢ en la siguiente. La urgencia, dice, viene de la necesidad de homologaci¨®n en el espacio europeo, ya que 'Espa?a es el ¨²nico pa¨ªs de la UE que no tiene un sistema de acceso'.

Por el contrario, el dirigente socialista Diego L¨®pez Garrido, uno de los tres redactores de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, muestra su temor a que eso abra la v¨ªa a la cooptaci¨®n dentro de los colegios de abogados, para limitar la competencia. Aunque reconoce que el tema de la calidad es muy complejo, opina que 'la formaci¨®n en la universidad deber¨ªa ser menos te¨®rica y acercarse a la pr¨¢ctica de la profesi¨®n'.

Emilio Cuatrecasas dirige el mayor despacho independiente de Espa?a, en el que trabajan 598 abogados y otros 350 profesionales. Tiene 17 oficinas en Espa?a, Portugal, Estados Unidos, B¨¦lgica y Brasil. En el a?o 2001, la facturaci¨®n ascendi¨® a m¨¢s de 100 millones de euros e intervino en tres de las cuatro mayores operaciones de fusi¨®n y adquisici¨®n de empresas efectuadas en Espa?a o por empresas espa?olas. Su labor se concentra sobre todo en las grandes y complejas transacciones econ¨®micas, muchas de ¨¢mbito transnacional.

A Cuatrecasas no le preocupa demasiado que se imponga o no una prueba obligatoria de acceso a la abogac¨ªa, aunque se?ala desde Barcelona que 'cuanto mayor sea el nivel de formaci¨®n mayores ser¨¢n las posibilidades de competir' y se dice 'claro partidario' de la obligatoriedad de 'un periodo de pr¨¢cticas legales remuneradas en despachos o instituciones'. Pero no es por esa v¨ªa por la que este megabufete enriquece su plantilla. 'La regla general', asegura, 'es la promoci¨®n interna. No tenemos pasantes ni admitimos abogados en pr¨¢cticas, excepto cuando se trata de extranjeros que necesitan completar un ciclo de entrenamiento o por los convenios de cooperaci¨®n suscritos con algunas universidades. Tampoco recurrimos a los cazatalentos'.

?C¨®mo se puede entrar entonces en Cuatrecasas? 'Es necesario', responde el gran jefe, 'acreditar un magn¨ªfico expediente acad¨¦mico, un t¨ªtulo de posgrado, m¨¢ster o similar, y hablar y escribir correctamente en ingl¨¦s. El candidato debe superar varias entrevistas con socios de la firma y obtener la aprobaci¨®n del comit¨¦ de incorporaciones'.

El v¨¢stago de una familia con medios econ¨®micos podr¨¢ tener acceso a cursos especializados en el extranjero que enriquecer¨¢n su curr¨ªculo. Al hijo, sobrino o amigo de abogado de prestigio no le faltar¨¢n oportunidades de aprender todo lo que necesite en un despacho. El resto lo tendr¨¢ mucho m¨¢s dif¨ªcil.

Adriana P. P., de 28 a?os, se?ala que, mientras estudiaba Derecho en Madrid, 'hab¨ªa hijos de pap¨¢ que se daban la gran vida y sacaban la carrera a trancas y barrancas porque sab¨ªan que, apenas dejasen la facultad con el t¨ªtulo en el bolsillo, tendr¨ªan garantizado un buen trabajo'. Para ella, en cambio, las cosas fueron mucho m¨¢s dif¨ªciles. Tanto que, pese a su buen expediente, termin¨® renunciando a la abogac¨ªa.

En la facultad obtuvo una formaci¨®n te¨®rica aceptable, dice, 'pero de pr¨¢ctica, nada, cero'. Necesitaba ganarse la vida y lo hizo como recepcionista del Palacio Municipal de Congresos y en una asesor¨ªa fiscal, mientras segu¨ªa cursos de contabilidad, comercio exterior e ingl¨¦s.

Hasta que, por fin, entr¨® en un despacho peque?o en el que se supon¨ªa que iban a ense?arle la pr¨¢ctica de la abogac¨ªa: redactar recursos, presentar demandas, llevar casos, etc¨¦tera. Le ofrecieron 600 euros mensuales, 'm¨¢s negros que el carb¨®n', y 12 pagas al a?o. Pas¨® por el aro para aprender y porque conoc¨ªa casos mucho m¨¢s sangrantes, incluso de trabajar gratis.

Lo peor fue que, ' a la hora de la verdad', no trabaj¨® como pasante, sino 'de chica para todo', menos barrer y limpiar el ba?o: 'Ten¨ªa que atender el tel¨¦fono, abrir la puerta, ir a comprar tabaco y productos de limpieza y subirles el caf¨¦. Reconozco que algo aprend¨ª, pero de forma autodidacta, a trav¨¦s de la explotaci¨®n, no porque ellos me ense?aran. Los primeros seis meses, me pasaba mucho m¨¢s tiempo en la calle, haciendo recados, que en el despacho'.

Al final se hart¨® porque le pon¨ªan mala cara y encima le pagaban con retraso. La de abogado le sigue pareciendo una hermosa profesi¨®n, pero no ve f¨¢cil encontrar el dinero para poner un despacho propio o compartido con otros colegas. Y se ha rendido. Ahora trabaja en unos grandes almacenes con contrato, seguridad social, un sueldo aceptable y posibilidades de ascender.

Carlos Carnicer admite que hay abusos, pero tambi¨¦n que 'en muchos despachos se imparte la pasant¨ªa de forma ejemplar'. Luis Mart¨ª se?ala, por su parte, que es el dise?o antiguo, 'la forma tradicional y v¨¢lida de despegar en la profesi¨®n' lo que ya no funciona, aunque s¨®lo sea por el hecho de que, tan s¨®lo en Madrid, se colegian cada a?o 2.000 nuevos abogados. 'Sobre esa base', afirma, 'no puede haber pasant¨ªas, y tampoco se pueden imponer a los despachos. Por eso ha creado el colegio una bolsa de trabajo y ofrece cursos de formaci¨®n y programas de iniciaci¨®n profesional, unos gratuitos y otros a precios pol¨ªticos'.

Seg¨²n Mart¨ª, la pasant¨ªa tiene una doble dimensi¨®n: de formaci¨®n y de trabajo. 'Las dos van unidas', sostiene, 'pero por su singularidad no deber¨ªa haber una relaci¨®n laboral convencional, sino de tipo especial, donde la obligaci¨®n de retribuir est¨¦ muy clara pero sin olvidar que, cuanto m¨¢s se quiera formalizar, menos contrataciones habr¨¢'.

Un ejemplo del nivel de corporativismo que puede llegar a existir lo proporciona Jos¨¦ Bernardo Mato Jara, un c¨¢ntabro que intent¨® querellarse penalmente contra un abogado. Dados sus escasos recursos, solicit¨® un letrado de oficio. La abogada inicialmente designada por el colegio, Mar¨ªa Cort¨¦s del Valle, aleg¨® 'una cierta incompatibilidad' para no aceptar el encargo.

Medio a?o despu¨¦s, fue designado Juan Carlos Nieto Cuartango, que notific¨® tambi¨¦n su deseo de renunciar. Tras reclamar al Defensor del Pueblo, en septiembre de 2001 se le asign¨® un tercer letrado. Pero , despu¨¦s de tres a?os del inicio del procedimiento, Mato tir¨® la toalla. 'Donde la Constituci¨®n dice que todos los espa?oles son iguales ante la ley', asegura hoy con amargura, 'deber¨ªa a?adirse: exceptuando a los se?ores abogados'.

Como todo es seg¨²n el color del cristal con que se mira, tanto los colegios como el Consejo General de la Abogac¨ªa ofrecen pruebas de que los abogados son capaces tambi¨¦n de autorregularse para limpiar su casa y deshacerse de quienes deshonran la profesi¨®n, que insisten en que son una ¨ªnfima minor¨ªa. En el caso de Madrid, se recibieron en 2001 un total de 1.214 quejas, un 8% m¨¢s que el a?o anterior: 702 se resolvieron y 530 siguen a¨²n en tr¨¢mite. La Junta de Gobierno adopt¨® 1.498 acuerdos (muchos de ellos relativos a casos de a?os anteriores), de los que 955 fueron de archivo por falta de fundamento o insuficiencia de pruebas. Se impusieron 189 sanciones: 85 por faltas leves, 85 graves y 19 muy graves. 'Desde que soy decano', asegura Mart¨ª Mingarro, 'es decir, desde 1993, se han producido 19 expulsiones'.

Denuncias

Las denuncias m¨¢s frecuentes en los primeros meses de 2002 eran las relativas al turno de oficio, disconformidad con la actuaci¨®n profesional, desatenci¨®n de los casos, no devoluci¨®n de documentos y falta de informaci¨®n al cliente. Tambi¨¦n hay quejas por vulneraci¨®n del secreto profesional, deslealtad y estafa, disconformidad con los honorarios, trato desconsiderado, no justificaci¨®n de la provisi¨®n de fondos y pasividad.

'Yo he puesto especial hincapi¨¦', afirma el decano de Madrid, 'en el buen funcionamiento del departamento deontol¨®gico y disciplinario, para que responda a lo que los ciudadanos, no los abogados, pueden esperar y desear'. Pese a todo, la mala imagen de algunos abogados concretos contamina la del conjunto de la profesi¨®n.

El desarrollo del Pacto de la Justicia y de la Carta de Derechos del Ciudadano (que defiende la necesidad de una conducta deontol¨®gicamente correcta, que el cliente est¨¦ perfectamente informado y que exista una relaci¨®n de confianza con los abogados) puede eliminar muchos fantasmas. Pero, a la postre, todo depender¨¢ de que los ciudadanos exijan sus derechos y de que los abogados, encargados de defenderlos, sean los primeros en respetarlos.