La Ley de Mecenazgo o matar moscas a ca?onazos

Algo m¨¢s de dos a?os alejado de responsabilidades en el mundo de las fundaciones me permite contemplar la situaci¨®n actual de estas instituciones con un cierto distanciamiento y, creo, tambi¨¦n, con una buena perspectiva, para expresarme con la libertad del que s¨®lo habla por ¨¦l mismo y puede equivocarse sin problemas.

Este tiempo no ha hecho sino confirmar lo que ya conoc¨ªa: en su conjunto, las fundaciones siguen demostrando, a?o a a?o, con su rica y plural actividad, la importancia creciente de su valor y el enorme potencial de futuro que representan. Compruebo, ahora, que tampoco las cosas parecen haber cambiado mucho en el plano de su regulaci¨®n: de nuevo aflora la desconfianza, esa mala hierba tan dif¨ªcil de arrancar y que tanto da?a las buenas relaciones entre la sociedad civil y el Estado.

Diecis¨¦is a?os tard¨® en aprobarse una ley que desarrollara el art¨ªculo 34 de la Constituci¨®n, lo cual era mucho tiempo, desde luego, y m¨¢s a¨²n nos pareci¨® entonces, porque realmente la ley del 94 no ven¨ªa a colmar las expectativas razonables y leg¨ªtimas de las fundaciones espa?olas. La n¨ªtida posici¨®n del PP cuando expuso, en el Parlamento, su voluntad de cambiarla cuando llegase al poder, daba pie, sin embargo, a la esperanza de que, m¨¢s adelante, se pudiera llegar a la aprobaci¨®n de una norma adecuada a la realidad de las fundaciones de nuestro tiempo, con visi¨®n de futuro y alto alcance pol¨ªtico, estimulante y no medrosa.

M¨¢s o menos ah¨ª, en ese momento, me qued¨¦ yo contemplando durante un largo tiempo los toros desde la barrera, por as¨ª decirlo, hasta que, a finales de agosto del a?o pasado, me decid¨ª a saltar de nuevo al ruedo con motivo del caso Gescartera y de la aparici¨®n, entre los perjudicados por el mismo, de un conjunto heterog¨¦neo de instituciones no lucrativas de alta repercusi¨®n social para la sociedad espa?ola. El asunto me parec¨ªa preocupante y ello me llev¨® a publicar, en estas mismas p¨¢ginas, un art¨ªculo titulado El riesgo y la filantrop¨ªa en el que trataba de llamar la atenci¨®n sobre los peligros de que ambos conceptos se mezclasen en la pr¨¢ctica: el que arriesga parte de su fortuna para ganar m¨¢s se la 'juega' sabiendo que puede perder, mientras que en la acci¨®n filantr¨®pica el ¨²nico riesgo concebible es el acertar con iniciativas sociales o culturales que respondan al inter¨¦s general, a las necesidades de la poblaci¨®n a la que van dirigidas.

En consecuencia, dec¨ªa en aquel art¨ªculo, existen fronteras entre las instituciones de inter¨¦s p¨²blico y las de inter¨¦s privado que no se pueden ni se deben traspasar. Y que de hacerlo, esa extra?a y parad¨®jica mezcla de riesgo y filantrop¨ªa pod¨ªa producir un c¨®ctel explosivo nada conveniente para el mundo fundacional, m¨¢s a¨²n cuando esta conexi¨®n se produce en un entorno fr¨¢gil en el que el peso de la tradici¨®n es muy d¨¦bil. Por ello manten¨ªa que lo ocurrido con el caso Gescartera era algo, ya lo dije, preocupante que no auguraba nada bueno, si bien no pod¨ªa sospechar el castigo colectivo que les iba a venir encima al conjunto de las fundaciones espa?olas por los 'pecados', por acci¨®n u omisi¨®n, graves, eso s¨ª, de unos pocos.

Sin embargo, eso es lo que parece haber sucedido, ya que se puede pensar que de aquellos polvos de Gescartera vienen ahora estos lodos de unas disposiciones que, por lo que conocemos del borrador de anteproyecto de Ley de Mecenazgo que el Gobierno ha hecho p¨²blico, vienen a limitar, de forma dr¨¢stica e injustificada, que las fundaciones puedan tener intervenci¨®n efectiva en las sociedades en las que participan y nombrar administradores de su confianza en instituciones societarias (como pueden ser los museos) en las que son mayoritarias.

No voy a entrar en el pormenor de estas disposiciones, al parecer, jur¨ªdicamente poco s¨®lidas y, probablemente, incompatibles con disposiciones comunitarias (la segunda directiva de sociedades de diciembre del 76) o, simplemente, con la ley de sociedades an¨®nimas espa?ola que en ella se funda. Me limitar¨¦ a denunciar la m¨¢s que aparente incongruencia de estas disposiciones con la libertad y la confianza que necesitan las fundaciones para cumplir sus compromisos de inter¨¦s general.

Llevamos tiempo esperando una ley 'liberalizadora', que elimine intervenciones administrativas innecesarias y lo que se anuncia no puede dejarnos satisfechos. Es cierto que los borradores que va a remitir el Gobierno a los m¨¢s altos ¨®rganos consultivos establecen est¨ªmulos fiscales superiores a los que est¨¢n actualmente en vigor, pero a costa de unas limitaciones, tan injustificadas como intolerables. Para ese viaje no necesit¨¢bamos alforjas. ?Tiene esto algo que ver con una pol¨ªtica de altos vuelos, que entienda y que aliente el papel y el protagonismo activo de la sociedad civil?; ?no es m¨¢s bien la expresi¨®n de preocupaciones fiscales de corto alcance, m¨¢s propia de expertos y de funcionarios que de pol¨ªticos con visi¨®n de futuro?

De nuevo vuelve el recelo, y lo sorprendente es que, en este caso, proceda del partido que ha dado probadas y abundantes se?ales de su confianza en las fundaciones. La ejecutoria, ejemplar, de muchas fundaciones espa?olas, que vienen realizando una extraordinaria labor en materia cultural o social, no merec¨ªa una reforma como la que ahora se anuncia: parece que se pretende matar moscas a ca?onazos, sin reparar no s¨®lo en el da?o que se puede causar a las fundaciones, sino al gran n¨²mero de ciudadanos espa?oles que se benefician directa o indirectamente de sus actividades. Si saliese adelante esta reforma, con las limitaciones que en ella se apuntan, se correr¨ªa un riesgo de otra naturaleza pero tan real como el anterior: se estar¨ªa limitando sensiblemente el desarrollo y el crecimiento de la sociedad civil, de la cual las fundaciones son sus agentes m¨¢s significativos y emblem¨¢ticos.

Antonio S¨¢enz de Miera es autor de El azul del puzzle.