Suspendido el juicio por fraude al PER para cambiar la acusaci¨®n en beneficio de los imputados

El juicio contra 47 imputados por el mayor fraude al Plan de Empleo Rural (PER) de la provincia comenz¨® ayer, pero fue suspendido hasta el lunes a petici¨®n de la fiscal¨ªa para hacer una nueva calificaci¨®n de los hechos. Mediante 27.808 peonadas falsas, los acusados defraudaron al Inem unos 975.000 euros entre los a?os 1990 y 1994 en Antequera. Letrados y fuentes judiciales daban por hecho que el Ministerio P¨²blico modificar¨¢ el delito por el que estaban procesados, lo que exculpar¨ªa a cerca de cuarenta acusados y s¨®lo dejar¨ªa en el banquillo a los m¨¢ximos responsables del fraude.

El propio fiscal, Antonio Morales, tras la oposici¨®n de algunas defensas al aplazamiento, avanz¨® que formulaba la petici¨®n 'en beneficio de los acusados'. La sala tres de la Audiencia provincial que juzga el caso, tras deliberar unos minutos, acord¨® la suspensi¨®n.

Sin abundar en detalles, momentos antes, el Ministerio P¨²blico hab¨ªa esgrimido una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2001 sobre un caso parecido para justificar su petici¨®n de aplazamiento. Morales se limit¨® a pedir la suspensi¨®n para hacer 'una modificaci¨®n sustancial de la calificaci¨®n'. En el escrito de acusaci¨®n con el que hab¨ªa llegado a la sala, ped¨ªa entre uno y seis a?os de c¨¢rcel para los 47 imputados por delitos continuados de falsificaci¨®n de documentos y estafa.

Fuentes judiciales explicaron despu¨¦s que el fallo del Supremo al que alud¨ªa el fiscal -posterior a su calificaci¨®n- correspond¨ªa a un fraude similar cometido en el municipio malague?o de Moclinejo, en el que s¨®lo result¨® conden¨® al alcalde que firm¨® las peonadas falsas. En esa causa, el alto tribunal encuadr¨® los hechos como delito contra la hacienda p¨²blica y la Seguridad Social, tipificaci¨®n que fue la que precisamente dej¨® fuera de la v¨ªa penal a la mayor parte de los imputados.

Ayer, cuatro defensas con id¨¦nticos argumentos se opusieron a la suspensi¨®n del juicio por entender que no era el momento procesal para cambiar la calificaci¨®n, sino que en todo caso deb¨ªa realizarse al final de la vista. Incluso alg¨²n letrado hizo hincapi¨¦ en que el aplazamiento carec¨ªa de sustento legal.

La sala pregunt¨® al fiscal si la modificaci¨®n que ten¨ªa en mente, a la luz de la aludida sentencia, ser¨ªa en beneficio de los acusados. El Ministerio P¨²blico replic¨® que s¨ª, aunque no dio m¨¢s precisiones. S¨®lo a?adi¨® que el cambio no pod¨ªa hacerlo con la premura de un d¨ªa. El fiscal tambi¨¦n aclar¨® ante las preguntas de los jueces, que la modificaci¨®n no alterar¨ªa su relato de los hechos.

Los tres magistrados que componen la sala se retiraron a deliberar y en menos de cinco minutos regresaron con su decisi¨®n: aplazamiento de la vista hasta el lunes pr¨®ximo. Fuentes judiciales aclararon despu¨¦s que si se aplica en este caso la misma tipificaci¨®n que el Supremo esgrimi¨® en la sentencia de junio pasado, ser¨ªan exculpados casi 40 de los 47 imputados. No obstante, precisaron que ello no supondr¨ªa eximirlos de su responsabilidad administrativa y de la obligaci¨®n de devolver el dinero indebidamente cobrado.

De hecho, a los trabajadores de Moclinejo, aunque que no fueron condenados, el Inem les exige el reintegro de las cantidades percibidas indebidamente gracias a las peonadas falsas. Una actuaci¨®n que llev¨® a IU a pedir a la Subdelegaci¨®n del Gobierno una soluci¨®n pol¨ªtica dada la situaci¨®n de extrema pobreza del pueblo. Todav¨ªa no ha habido una respuesta por parte de la Administraci¨®n central.