Por una justa financiaci¨®n para la reforma judicial

El Pacto de Estado por la Justicia es un compromiso adquirido por el Gobierno y el PSOE para afrontar la modernizaci¨®n de la Administraci¨®n de Justicia en Espa?a. Como consejera de Justicia y Administraci¨®n P¨²blica me gustar¨ªa poner de relieve el esfuerzo de Andaluc¨ªa por la consecuci¨®n de este compromiso para la mejora de la Justicia.

Las comunidades aut¨®nomas que tenemos competencias en esta materia suscribimos tambi¨¦n un Pacto con el Gobierno para completar, mejorar y desarrollar estas complejas competencias. En este sentido, la Junta de Andaluc¨ªa est¨¢ cumpliendo la parte que le corresponde en este compromiso. Ello se manifiesta claramente en los presupuestos que hemos aprobado para el presente a?o, donde las partidas destinadas a la Justicia crecen el doble de la media de las cuentas andaluzas para 2002.

Pero todo el peso de ese compromiso no puede recaer ¨²nicamente a las espaldas de la Junta de Andaluc¨ªa. M¨¢xime cuando nuestra Comunidad Aut¨®noma, por sus dimensiones y n¨²mero de habitantes, con una planta judicial compuesta por m¨¢s de 500 ¨®rganos, es la m¨¢s extensa de Espa?a e incluso mayor que la de alg¨²n pa¨ªs europeo.

Todos los gobiernos auton¨®micos con competencias en materia de Justicia hemos solicitado de forma un¨¢nime al Ministerio de Justicia una valoraci¨®n del coste global de la reforma, con el objetivo de impulsar un acuerdo para su correcta financiaci¨®n en los plazos que se determinen, siempre entendiendo este compromiso como algo compartido por el principio de corresponsabilidad de ambas administraciones en el ¨¢mbito judicial.

Esta reivindicaci¨®n fue uno de los acuerdos alcanzados en la ¨²ltima reuni¨®n de la Comisi¨®n de Coordinaci¨®n de Justicia de las Comunidades Aut¨®nomas, que abog¨® por la creaci¨®n de un grupo de trabajo para analizar espec¨ªficamente cu¨¢nto cuesta la reforma judicial y qu¨¦ parte va a financiar cada administraci¨®n. Esta iniciativa la hemos emprendido despu¨¦s de constatar la falta de respuesta del Gobierno central en este sentido, incumpliendo el acuerdo alcanzado con las comunidades aut¨®nomas en la conferencia sectorial celebrada en mayo del a?o pasado.

El objetivo no es otro que el evitar que ocurra lo mismo que con la entrada en vigor de las nuevas leyes de Enjuiciamiento Civil y de Responsabilidad Penal del Menor, en las que el Gobierno central se desentendi¨® por completo de su financiaci¨®n y las comunidades aut¨®nomas tuvieron que asumir en solitario su coste. Por ello vamos a exigir al Gobierno que cada vez que se vaya a aprobar una ley que incida en las competencias de las comunidades aut¨®nomas, elabore una memoria econ¨®mica en la que se refleje claramente su coste y la forma de financiaci¨®n, para su incorporaci¨®n en la tramitaci¨®n parlamentaria. As¨ª los hemos solicitado recientemente con el anteproyecto de Ley Consursal.

Desde Andaluc¨ªa mostramos tambi¨¦n nuestro total respaldo a la aprobaci¨®n de la futura Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administraci¨®n de Justicia, aunque al mismo tiempo expresamos nuestra preocupaci¨®n por el importante incremento del gasto que su entrada en vigor puede suponer para las comunidades aut¨®nomas, con la asunci¨®n de nuevas responsabilidades de gesti¨®n, tanto en medios materiales como personales.

En el camino de la correcta financiaci¨®n del Pacto por la Justicia no quisiera obviar una reclamaci¨®n del Gobierno andaluz que, a buen seguro, contribuir¨¢ a mejorar los recursos econ¨®micos de las comunidades aut¨®nomas: la gesti¨®n de las cuentas de dep¨®sitos y consignaciones judiciales y sus correspondientes rendimientos. Esta iniciativa de la Junta ha sido respaldada por todas las comunidades, incluidas las gobernadas por el PP, y en la actualidad se est¨¢ dilucidando en el Tribunal Constitucional. Sinceramente, creo que el Ministerio deber¨ªa alcanzar un acuerdo en esta materia y traspasar su gesti¨®n a las comunidades que, como responsables de la dotaci¨®n de medios a la Administraci¨®n de Justicia, ver¨ªamos incrementados nuestros recursos econ¨®micos para mejorar la Justicia en nuestros respectivos territorios.

Por todo lo expuesto, creo que es justo exigir al Gobierno central voluntad y lealtad institucional para acordar una justa y correcta financiaci¨®n de la reforma judicial que auspicia el Pacto, adem¨¢s de dotar de m¨¢s medios y competencias a Andaluc¨ªa y al resto de comunidades con competencias en Justicia. S¨®lo as¨ª se podr¨¢ hablar de un verdadero Pacto por la Justicia.

Carmen Hermos¨ªn Bono es consejera de Justicia