La Generalitat debe abonar a Madrid los 33,2 millones de euros de impuestos que pag¨® Terra

La Junta Arbitral creada por la Ley de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA) para dirimir conflictos de competencias dio ayer la raz¨®n a Madrid en su disputa con Catalu?a por los impuestos pagados por Terra a ra¨ªz de la ampliaci¨®n de capital que la compa?¨ªa efectu¨® en 2000. As¨ª, la Generalitat deber¨¢ abonar a la Comunidad de Madrid los 33,2 millones de euros (5.527 millones de pesetas) que Terra pag¨® en Barcelona el 30 de octubre de 2000. La Generalitat recurrir¨¢ la resoluci¨®n ante la misma Junta Arbitral. Si no prospera, lo har¨¢ ante la Audiencia Nacional. El conseller en cap catal¨¢n, Artur Mas, asegur¨® que este caso 'abre una batalla' entre autonom¨ªas.

La resoluci¨®n alcanzada ayer por la Junta Arbitral concluye que hay 'poco lugar a dudas' del 'lugar donde la sociedad concentra sus medios materiales y personales de apoyo a la gesti¨®n administrativa y direcci¨®n de los negocios', es decir, donde reside la sede fiscal de Terra. 'Ese lugar es Pozuelo de Alarc¨®n, en Madrid', indica la Junta en una resoluci¨®n propuesta por su presidente, un catedr¨¢tico de Derecho Tributario, y votada a favor por los cuatro representantes de Madrid y tres de los cuatro de Hacienda, y en contra, por los cuatro representantes de la Generalitat.

En debate estaban los siguientes hechos: el 8 de junio de 2000 Terra decidi¨® ampliar en 681,8 millones de euros su capital y trasladar su sede social a Barcelona; el 3 de agosto se formaliz¨® el cambio de domicilio social; el 27 de octubre de 2000, Terra escritur¨® la ampliaci¨®n de capital de 681 millones de euros; el 30 de octubre de 2000, Terra pag¨® en Barcelona 33,2 millones de euros por el impuesto de actos jur¨ªdicos documentados, transferido a las autonom¨ªas; el 23 de abril de 2001, Madrid reclam¨® ese pago a la Generalitat y, como no obtuvo respuesta, el 19 de junio plante¨® un conflicto de competencias ante la Junta Arbitral.

Catalu?a argument¨® ante la Junta que 'el 27 de octubre de 2000 el domicilio fiscal de Terra se encontraba en Barcelona', pues la sociedad hab¨ªa decidido trasladar all¨ª su sede social. El conseller de Econom¨ªa de la Generalitat, Francesc Homs, asegur¨® ayer que 'la sede fiscal de una compa?¨ªa est¨¢ all¨ª donde deciden sus accionistas' y que Terra decidi¨® 'libremente' pagar en Barcelona su tributo. La Generalitat desarrollar¨¢ estos argumentos en el voto particular que hoy entregar¨¢ a la Junta Arbitral.

Esa Junta ha dictaminado que la 'voluntad de cambio' de sede fiscal 'debe corroborarse por actos posteriores que ratifiquen la realidad de ese cambio de domicilio del negocio, pues en caso contrario desplegar¨ªa todos sus efectos la norma de cautela que fija el domicilio fiscal ah¨ª donde el sujeto pasivo tenga la direcci¨®n efectiva del negocio'. Y la 'casi totalidad de las pruebas acumuladas' muestran que Terra no lleg¨® 'a trasladar su sede efectiva de gesti¨®n administrativa y direcci¨®n a Barcelona'.

Entre esas pruebas destacan las siguientes: el 8 de junio de 2000, el presidente y siete consejeros resid¨ªan en Madrid, otros cuatro consejeros viv¨ªan fuera de Espa?a. El 27 de octubre de 2000 (d¨ªa de la escritura de la ampliaci¨®n), el presidente y uno de los consejeros ya resid¨ªan en Barcelona, otros ocho lo hac¨ªan en Madrid. Y el 'lugar de celebraci¨®n del consejo de administraci¨®n es Madrid'. Es decir, queda 'acreditado que el m¨¢ximo ¨®rgano de direcci¨®n y administraci¨®n de la sociedad se re¨²ne en Madrid y no en Barcelona'. La Junta Arbitral pregunt¨® a Terra, y la sociedad contest¨® que en octubre de 2001 'residen en Barcelona el presidente y un senior vicepresidente, mientras que en Madrid tienen su residencia 18 directivos'. Terra dijo ayer que le es indiferente qu¨¦ administraci¨®n fiscal sea la destinataria final de su factura tributaria.

La resoluci¨®n de la Junta fue respondida en clave pol¨ªtica por la Generalitat. Su conseller en cap, Artur Mas, dijo estar muy 'decepcionado y enfadado' porque Madrid, 'con un estilo muy negativo de hacer pol¨ªtica, ha reclamado unos impuestos que en justicia no le corresponden'. Mas pronostic¨® que el caso 'abre una batalla entre autonom¨ªas que pueden empezar a reclamar compensaciones de impuestos'.

El conseller Homs apostill¨® que se 'ha abierto la veda de las reclamaciones' y pronostic¨® que 'se pondr¨¢ de manifiesto la intencionalidad pol¨ªtica de este conflicto'. Homs recrimin¨® al presidente madrile?o, Alberto Ruiz Gallard¨®n, que 'haya iniciado este conflicto innecesario' y critic¨® que los representantes de Hacienda votaran 'a favor de Madrid'. Si se hubieran abstenido el resultado habr¨ªa sido el mismo, pues habr¨ªa prevalecido el voto del catedr¨¢tico que redact¨® la resoluci¨®n. Los expertos consultados ayer por este diario no mostraron un criterio un¨¢nime sobre qui¨¦n tiene raz¨®n en este caso.

La Generalitat presentar¨¢ hoy mismo un voto particular ante la Junta Arbitral y recurrir¨¢ despu¨¦s por la v¨ªa contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional. Homs recuerda que la Junta Arbitral fall¨® a favor de Madrid en un caso por una herencia de los Bot¨ªn y la Audiencia Nacional dio despu¨¦s la raz¨®n a Cantabria. Ese caso, a?adi¨®, est¨¢ ahora en el Supremo.

Desde la oposici¨®n, el portavoz del PSC en el Parlament, Joaquim Nadal, pidi¨® buscar una 'f¨®rmula', por la v¨ªa de un 'acuerdo pol¨ªtico', para que estas situaciones no lleguen a producirse. La f¨®rmula prevista por la ley es que los conflictos los dirima una Junta Arbitral.