Los impuestos de Terra abren una 'guerra' fiscal entre Catalu?a y Madrid
Artur Mas acusa a Alberto Ruiz-Gallard¨®n de querer 'discutirle el pan' a la Generalitat
El traslado de Madrid a Barcelona de la sede social de Terra, fruto de un compromiso entre el Gobierno de Jordi Pujol y el ex presidente de Telef¨®nica Juan Villalonga, ratificado por su sucesor, C¨¦sar Alierta, ha derivado en un enfrentamiento fiscal entre las comunidades de Catalu?a y Madrid.
Catalu?a cobr¨® de la filial de Internet de Telef¨®nica 33,22 millones de euros (5.527 millones de pesetas) en impuestos derivados de la ampliaci¨®n de capital realizada por esta empresa para acometer su fusi¨®n con Lycos. Madrid reclama ahora al Gobierno catal¨¢n que le devuelva esta cantidad aferr¨¢ndose a la regulaci¨®n sobre Operaciones Societarias. De acuerdo con ella, sede social y sede fiscal no coinciden en el caso de Terra porque 'la direcci¨®n del negocio y centralizaci¨®n de la gesti¨®n' se concentran en la capital espa?ola, explica el viceconsejero de Hacienda del Gobierno madrile?o, Enrique Ossorio. Terra elude pronunciarse sobre el enfrentamiento entre ambas administraciones.
El conseller en cap del Gobierno catal¨¢n, Artur Mas, lleg¨® ayer a acusar al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallard¨®n de 'discutirle el pan' a la Generalitat, que estos ¨²ltimos a?os contempla impotente la tendencia de las empresas a desplazar a Madrid sus centros de decisi¨®n. Mas, arropado en esta batalla por el PP catal¨¢n, los independentistas de ERC y la izquierda (PSC e IC), a?adi¨® que considerar¨ªa 'un esc¨¢ndalo' que Hacienda obligara a la Generalitat a devolver la cantidad que le pag¨® Terra en concepto de impuesto de actos jur¨ªdicos documentados, cedido a esta comunidad. Tal decisi¨®n ser¨ªa recurrida por la Generalitat.
La decisi¨®n deber¨¢ tomarla una junta arbitral, figura prevista por la LOFCA, a¨²n no convocada, pero que, seg¨²n fuentes de ambos Gobiernos auton¨®micos, se espera que se re¨²na en la sede del Ministerio de Hacienda despu¨¦s de Semana Santa. La junta la forman cinco representantes de la Agencia Tributaria y cuatro por cada comunidad implicada.
La reclamaci¨®n de Madrid, planteada en abril de 2001 ante el Ejecutivo catal¨¢n y en junio siguiente ante la junta arbitral, trascendi¨® el pasado domingo por boca del consejero de Econom¨ªa catal¨¢n, Francesc Homs, en una entrevista a Efe. Ossorio admiti¨® que hubiera preferido que Homs hubiera 'respetado el trabajo de la junta arbitral'.
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