La oposici¨®n exige m¨¢s garant¨ªas para los juicios r¨¢pidos dise?ados por Justicia

Hay total acuerdo entre las fuerzas parlamentarias en la conveniencia de una reforma que impulse los juicios r¨¢pidos. Pero no lo hay en el borrador que elabor¨® el Gobierno, en el marco del Pacto por la Justicia, aunque se presentara como proposici¨®n de ley por todos los grupos. Las discrepancias empezaron a desgranarse ayer en el pleno del Congreso. Los reparos de la oposici¨®n parten de la demanda de que la celeridad no merme las garant¨ªas constitucionales de procesados y v¨ªctimas y del temor a que la reforma no se acompa?e con medios y, al final, quede en nada.

M¨¢s medios para los juzgados y garant¨ªas constitucionales. As¨ª lo reclamaron ayer todos los grupos de la oposici¨®n al Gobierno, primero en una reuni¨®n con el secretario de Estado de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, y despu¨¦s, en el debate en Pleno, en el que estuvo presente el ministro ?ngel Acebes.

El diputado del PP Andr¨¦s Ollero admiti¨® que el texto puede ser enmendado: 'No es ni inmejorable ni intocable', dijo, 'pero s¨ª es imprescindible que sus protagonistas se lo crean'. Se adelant¨® as¨ª a las cr¨ªticas de quienes intervinieron tras ¨¦l.

El socialista Javier Barrero justific¨® el respaldo del PSOE al proyecto por la 'responsabilidad' con la que hace oposici¨®n. El Grupo Socialista, como los dem¨¢s de la C¨¢mara, dijo, 'comparte la preocupaci¨®n general por los retrasos en los procedimientos penales', que facilitan una 'imagen de impunidad ante el crimen'.

Pero apostill¨® que la actual legislaci¨®n, 'cuando ha tenido la fortuna de tener los medios necesarios', ha resultado un ¨¦xito en la puesta en pr¨¢ctica de juicios r¨¢pidos. A continuaci¨®n detall¨® los fallos que este grupo encuentra en el proyecto, que, aunque respalado por todos, fue redactado por Justicia.

Para que la reforma funcione, aleg¨®, hacen falta 'm¨¢s polic¨ªas, m¨¢s juzgados de guardia, m¨¢s peritos y m¨¢s fiscales'. Seg¨²n Barrero, 'la actual falta de medios es escandalosa'. Adem¨¢s, la reforma no puede ser un 'tr¨¢gala' a las autonom¨ªas.

Respecto a los fallos t¨¦cnicos, advirti¨® de la posible inconstitucionalidad del 'plazo de caducidad de la acci¨®n penal' pues, si el fiscal no act¨²a a tiempo, se sobresee el delito. Esto puede 'crear inseguridad jur¨ªdica', seg¨²n el PSOE, y levantar 'la sospecha' de que se intenta encubrir alg¨²n delito por la inacci¨®n del fiscal.

Barrero tambi¨¦n consider¨® excesivo el abanico de delitos que pueden juzgarse con juicios r¨¢pidos y excesivas las penas, de hasta nueve a?os de c¨¢rcel. Defendi¨® que el l¨ªmite se ponga en los cinco a?os, y record¨® que en ning¨²n pa¨ªs del entorno de Espa?a supera los cuatro.

3.659 juicios en Catalu?a

Tras el PSOE, el diputado de CiU Manel Silva prefiri¨® defender el consenso y la conveniencia de la reforma antes que detallar las mejoras, que intentar¨¢ consensuar. Record¨® que el a?o pasado se realizaron 3.659 juicios r¨¢pidos, una tercera parte de ellos en Catalu?a, precisamente porque tiene m¨¢s medios materiales para este fin.

Izquierda Unida fue el ¨²nico grupo que se abstuvo en la votaci¨®n final. Su diputado Luis Carlos Rej¨®n record¨® que los partidos recibieron el texto del Gobierno un lunes a las diez de la noche para 'hacerse la foto con el ministro' el martes a las diez de la ma?ana. Pero agreg¨® que despu¨¦s, tras estudiar el texto, han llegado a la convicci¨®n de que s¨®lo lo respaldar¨¢n si 'mejora todo lo que abunda en las garant¨ªas constitucionales'.

IU critica especialmente que se pueda encarcelar hasta nueve a?os a alguien s¨®lo con un juicio de 15 d¨ªas y ve en esta reforma 'un proceso penal especial para personas sin recursos, drogadictos y extranjeros'.

El cierre de las cr¨ªticas fue desgranado, en una intervenci¨®n muy t¨¦cnica, por Margarita Ur¨ªa, del PNV, quien anunci¨® una treintena de enmiendas para 'reforzar las garant¨ªas y la tutela de los derechos de las v¨ªctimas, en vez de preocuparse s¨®lo por quitarnos de encima a la poblaci¨®n delincuente'.

Ur¨ªa advirti¨® de que no ser¨¢ f¨¢cil explicar que se juzgue por la v¨ªa r¨¢pida al maltratador de mujeres y no, por ejemplo, a quien cometa delitos contra los menores. Reclam¨®, en cambio, que este sistema se aplique s¨®lo a los delitos 'flagrantes' y cuando el culpable d¨¦ su conformidad; es decir, para delincuentes confesos. El hecho de que el juez instructor sea el mismo que dicte el fallo constituye, advirti¨® Ur¨ªa, una medida 'peligrosamente inconstitucional'.