Convenio y Parlamento

El secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqu¨¦, firmaron ayer en La Moncloa el Protocolo de Enmienda al Convenio de Cooperaci¨®n para la Defensa entre Estados Unidos y Espa?a de 1988, mientras que el ministro de Defensa, Federico Trillo, suscribi¨® la Declaraci¨®n de Principios para el Desarrollo de la Cooperaci¨®n en Materia de Equipamiento en Industria de Defensa. Ambos documentos est¨¢n llamados a configurar, al menos durante esta d¨¦cada, la relaci¨®n de Espa?a con la ¨²nica superpotencia militar.

Ser¨ªa iluso ignorar esta ¨²ltima circunstancia y pretender una igualdad que no existe. Pero tampoco debe olvidarse que, a partir de la entrada de Espa?a en la OTAN y tras la renuncia, ya en el ¨²ltimo convenio, a recibir compensaciones econ¨®micas por el uso de las bases, se abri¨® una etapa basada en los principios de cooperaci¨®n entre aliados, confianza mutua y reciprocidad. Por eso llama la atenci¨®n que en la comparecencia de ambos ministros, el lunes pasado, Piqu¨¦ aclarara con ¨¦nfasis que el convenio 'preserva la soberan¨ªa y el control de Espa?a sobre su territorio, mar territorial y espacio a¨¦reo'. ?C¨®mo podr¨ªa ser de otra forma?

Ambos ministros intentaron disipar las dudas de la oposici¨®n ante un nuevo art¨ªculo que autoriza a los servicios militares de investigaci¨®n criminal de EE UU a actuar en Espa?a, en conjunci¨®n con las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia, en asuntos que afecten a personal o bienes de EE UU. Por l¨®gica que sea la preocupaci¨®n de ese pa¨ªs por sus militares en el escenario posterior al 11de septiembre, la autorizaci¨®n, sin precedentes en otros pa¨ªses, plantea serios problemas jur¨ªdicos. En Espa?a, la investigaci¨®n criminal est¨¢ reservada a las fuerzas de seguridad bajo la direcci¨®n de los jueces y ni siquiera el servicio secreto espa?ol tiene competencia para realizarla. Mucho menos un servicio extranjero. La autorizaci¨®n no s¨®lo afecta a eventuales delitos de los militares norteamericanos en Espa?a -lo que ya plantear¨ªa problemas-, sino a espa?oles que puedan cometerlos en relaci¨®n a bienes o personas de EE UU.

Los dos ministros aseguraron en el Congreso que las normas que regular¨¢n la actuaci¨®n de estos servicios respetar¨¢n las competencias de las autoridades espa?olas. Pero dejaron claro que dichas normas figurar¨¢n en un acuerdo al margen del convenio que no ser¨¢ aprobado por el Parlamento. El tratado actual incluye una serie de anejos e intercambios de cartas que regulan aspectos tan de detalle como la contrataci¨®n de obras, el suministro de combustible o los sistemas de comunicaciones y electr¨®nica (sin desvelar las caracter¨ªsticas de los equipos o el uso que se da a los mismos). Todos ellos se consideran parte integral del tratado y se someten a la tramitaci¨®n parlamentaria.

No se entender¨ªa, por tanto, que se hurtara al conocimiento de las Cortes acuerdos que rozan cuestiones de soberan¨ªa. Piqu¨¦ sugiri¨® ayer que ¨¦stas podr¨ªan conocerlos a trav¨¦s de la Comisi¨®n de Secretos Oficiales. Es lo m¨ªnimo en relaci¨®n a unos acuerdos que comprometen internacionalmente a Espa?a.