Los partidos vascos pactan cambiar dos leyes para proteger a los ediles amenazados

La comisi¨®n t¨¦cnica vasca de seguridad, integrada por todos los partidos excepto Batasuna, logr¨® ayer un importante avance en el consenso sobre las modificaciones legales necesarias para garantizar la seguridad de los concejales y el ejercicio de su representaci¨®n. En los cambios, que afectar¨¢n a la Ley Electoral General, la Ley Electoral vasca y a la normativa que regula el acceso a los registros p¨²blicos, el acuerdo qued¨® cerrado. La comisi¨®n se reunir¨¢ de nuevo el 18 de abril para ultimar los temas pendientes. Los partidos del Gobierno vasco se resistieron a diferenciar el trato penal a las amenazas terroristas.

Los partidos vascos, reunidos de nuevo con la consejer¨ªa de Interior acordaron definitivamente algunas materias. PNV, PP, PSE, EA e IU lograron el consenso sobre diversas reformas legales en los foros que corresponda en cada caso, sea el Congreso o el Parlamento vasco.

Los partidos acordaron promover la modificaci¨®n de la Ley Electoral vasca, que habr¨¢ de abordarse en el Parlamento auton¨®mico, para hacer posible que los apoderados e interventores de los partidos en las mesas electorales no est¨¦n obligados a ser residentes en la circunscripci¨®n. Ello permitir¨¢ a PP y PSE llevar al Pa¨ªs Vasco militantes de otros lugares de Espa?a, sin someter a los suyos al riesgo de hacerse conocidos para quienes les amenazan. Tambien se comprometieron a solicitar la modificacion de la Ley Org¨¢nica del R¨¦gimen Electoral General (LOREG) para permitir la sustituci¨®n de los concejales dimitidos por personas que no figuraran en las candidaturas electorales cuando la lista se haya agotado sin encontar a nadie dispuesto a asumir el cargo.

Tambi¨¦n pedir¨¢n que se rebaje el n¨²mero de concejales perdidos por un ayuntamiento para hacer posible su disoluci¨®n y la constituci¨®n de una gestora, tal y como ha ocurrido en Zumarraga. En este momento la ley establece que se puede proceder a ello cuando en la corporaci¨®n quedan menos de dos tercios de sus integrantes. Otro acuerdo fue el relativo al blindaje de la informaci¨®n conceniente a los concejales, por el procedimiento de restringir el acceso a los registros de la propiedad, mercantil, civil o de bienes de cada municipio.

En el cap¨ªtulo de desacuerdos o asuntos no cerrados qued¨®, como m¨¢s destacable y conflictivo, la reforma del art¨ªculo 505 del C¨®digo Penal para endurecer el tratamiento penal a las amenazas o coacciones que arroja sobre los concejales el entorno de ETA. En la anterior reuni¨®n, del 26 de marzo, la comisi¨®n estudiaba una propuesta para penalizarlas con entre seis meses y un a?o de c¨¢rcel. Ese cambio fue precisamente el que impidi¨® ayer cerrar todos los acuerdos, tal y como por la ma?ana preve¨ªan fuentes del Departamento vasco de Interior.

Endurecimiento

Mientras el PSE y el PP creen que la modificiaci¨®n debe establecer que se endurecen las penas para las amenazas terroristas, PNV, EA e IU creen que no debe diferenciarse esas amenazas de otras que por el ejercicio de su cargo pueda sufrir un edil.

El representante socialista, V¨ªctor Garc¨ªa resalt¨® la inconveniencia de equiparar un insulto o amenaza del entorno legal de ETA con la que pueda verterse contra un alcalde o edil por una 'trifulca vecinal'. Los grupos del Gobierno vasco estudiar¨¢n el tema durante la semana que media hasta la pr¨®xima reuni¨®n. Pero el portavoz de EA, Rafael Larreina, ya adelant¨® que ese acuerdo ser¨¢ dif¨ªcil lo mismo que el que concierne a la petici¨®n de hacer inelegibles a las personas encausadas por terrorismo o violencia callejera, aunque no est¨¦n condenadas. Larreina lo considera inconstitucional.

Tambi¨¦n qued¨® sobre la mesa la personaci¨®n de los ayuntamientos en las causas que se instruyan por amenazas a sus miembros. En este caso, se?al¨® Garc¨ªa, no se trata tanto de desacuerdo como de dificultades legales para que una corporaci¨®n como tal efect¨²e ese personamiento.

Tambi¨¦n encuentra dificultades legales la aplicaci¨®n del voto ponderado y el PSE rechaza por razones pol¨ªticas y de principios la participaci¨®n virtual en los plenos municipales a trav¨¦s del uso de nuevas tecnolog¨ªas. 'El trabajo de un concejal es precisamente estar a pie de obra', adujo Garc¨ªa, para quien ese ejercicio de la representanci¨®n 'a distancia' ser¨ªa ya un triunfo de ETA.

El representante popular, Carlos Urquijo, insisti¨® ayer, a¨²n reconociendo la importancia de los acuerdos, en la inutilidad de todos ellos si no se adoptan medidas de mayor calado, como la ilegalizaci¨®n de Batasuna. El PP sigue sosteniendo que, sin ese ataque al entramado legal de ETA, todas las medidas que se adopten ser¨¢n meros 'parches'. El Ministerio del Interior tampoco acudi¨® ayer a la reuni¨®n.