PP y PSOE: una relaci¨®n desigual

El Consejo General del Poder Judicial, que ma?ana vota en pleno su dictamen -no vinculante- sobre el proyecto de reforma de la Ley de Partidos, ha reproducido en su seno la divisi¨®n existente entre las dos principales formaciones pol¨ªticas respecto a ese texto. Es un s¨ªntoma p¨¦simo de la evoluci¨®n que est¨¢ teniendo todo lo relativo a dicho proyecto. En lugar de ser un factor de cohesi¨®n entre todos los dem¨®cratas, y de reforzamiento del Pacto Antiterrorista entre el partido del Gobierno y el primero de la oposici¨®n, se est¨¢ convirtiendo en un elemento de ruptura. No es l¨®gico lo que est¨¢ pasando.

Hay un problema previo a cualquier otra consideraci¨®n. Trat¨¢ndose de un texto que afecta a las reglas de juego, es fundamental que la ley cuente con una amplia legitimaci¨®n pol¨ªtica y social. La ley de 1978 que ahora se quiere reformar fue aprobada por todos los grupos parlamentarios. Es poco realista pensar que esa unanimidad pueda repetirse, aunque s¨®lo sea porque, cualquiera que fuera su contenido, es seguro que el nacionalismo vasco actual se negar¨ªa a avalar una ley que implicase la posibilidad de ilegalizar a Batasuna.

Pero no es indiferente cu¨¢les sean las razones (o pretextos) que pueda invocar el nacionalismo vasco para oponerse. Sobre todo, convendr¨ªa evitar que pueda recurrir a la demagogia de afirmar que se trata de ilegalizar ideolog¨ªas leg¨ªtimas y no s¨®lo comportamientos coactivos. En el texto hay algunas expresiones poco afortunadas o demasiado coyunturales (como la menci¨®n a partidos que buscan 'obtener beneficios pol¨ªticos' de la actuaci¨®n terrorista) que conviene subsanar. Por otra parte, ser¨ªa un desastre que la ley saliera adelante con el respaldo exclusivo del PP, por m¨¢s que tenga mayor¨ªa absoluta: el consenso deber¨ªa comprender como m¨ªnimo a los dos grandes partidos nacionales y al menos al nacionalismo catal¨¢n.

La discusi¨®n deber¨ªa orientarse, por tanto, a suprimir aquello que desborda el alcance propio de una ley de partidos y a favorecer el mayor consenso posible. La actitud del PP parece ser la contraria; como si su m¨¢xima aspiraci¨®n fuera quedarse solo en la defensa del proyecto. Es absurda la pretensi¨®n de que el apoyo de principio dado por el PSOE (en el marco de la comisi¨®n de seguimiento del Pacto Antiterrorista) al texto que acababa de conocer equivale a haber avalado la literalidad de su articulado. Es una exageraci¨®n considerar que el proyecto queda desnaturalizado si se cuestiona cualquiera de sus planteamientos, y pueril identificar ese cuestionamiento con ruptura del compromiso. Los socialistas (al igual que CiU y el PNV) ya advirtieron que pedir¨ªan informes a expertos de su confianza. Lo l¨®gico ser¨ªa discutir sus objeciones.

La principal es que no resulta l¨®gico que un partido con 50 parlamentarios pueda promover la ilegalizaci¨®n de otro. A ello podr¨ªa arg¨¹irse que lo importante es qui¨¦n decide (el Tribunal Supremo) y no qui¨¦n propone; pero es cierto que, si se quiere dar la posibilidad de participaci¨®n del Parlamento en la defensa activa de la democracia, es m¨¢s l¨®gico que la capacidad de instar la ilegalizaci¨®n se atribuya a las C¨¢maras en cuanto tales, es decir, a una mayor¨ªa de las mismas, como ocurre en la legislaci¨®n alemana, por ejemplo. La cual, por cierto, tambi¨¦n contempla la posibilidad de que la iniciativa corresponda a una C¨¢mara territorial -del land correspondiente- si el partido contra el que se procede tiene ese ¨¢mbito de actuaci¨®n.

El debate est¨¢ poniendo de relieve otra cuesti¨®n m¨¢s de fondo. Aznar ha hecho del problema del terrorismo su prioridad m¨¢xima y el eje de su discurso. Ello ata las manos de la oposici¨®n, dado que es un tema sobre el que apenas cabe la diferenciaci¨®n. El Gobierno no s¨®lo no reconoce la lealtad con que los socialistas est¨¢n actuando al respecto, sino que intenta sacar ventaja de la situaci¨®n planteando como ruptura del consenso cualquier divergencia. A favor de viento en el clima internacional creado por el 11 de septiembre, Aznar ha encontrado en esta cuesti¨®n un motivo para afilar cada d¨ªa su agresividad contra la oposici¨®n. Ello es bastante innoble, pero es tambi¨¦n un error: porque si el resultado es que, efectivamente, el PP consigue quedarse solo en la defensa de lo que deber¨ªan ser posiciones compartidas de todos los dem¨®cratas, ser¨¢n los enemigos de la democracia quienes lo celebrar¨¢n.