Ilegalizaci¨®n

Cuando se cumplen 25 a?os de aquel paso del Rubic¨®n de nuestra naciente democracia que fue la legalizaci¨®n del Partido Comunista, el Gobierno actual, pretendiendo consolidarla, amenaza con imponer con su mayor¨ªa absoluta una medida tan involucionista y restrictiva como es la ilegalizaci¨®n de Batasuna. Para ello se suma al maremoto de unilateralismo rampante que, con epicentro en el 11 de septiembre, est¨¢ barriendo el planeta con las pol¨ªticas de fuerza impuestas por Estados Unidos en su cruzada antiterrorista. Y como el proc¨®nsul Aznar no quiere ser menos, tambi¨¦n ¨¦l se cree con derecho a imponer por la fuerza su tr¨¢gala unilateral.

?Qui¨¦n osar¨ªa decir no? Cuando s¨®lo el criminal de guerra Sharon se atreve a decir no al emperador republicano Bush, y cuando la entera Uni¨®n Europea resulta incapaz de decir no a Israel o a Washington, tampoco la opini¨®n p¨²blica ni, por desgracia, la judicatura espa?ola se atrever¨¢n a decirle a Aznar que no. Y mucho menos la actual c¨²pula socialista, agarrotada como se siente por su complejo esc¨¦nico de inferioridad pol¨ªtica. Tanto es as¨ª, que se echan de menos voces como aquellas de la transici¨®n que cantaban el Diguem no.

Lo que se debe hacer con Batasuna es aplicar el C¨®digo Penal a todos sus miembros con el m¨¢s severo rigor. Y lo que no se debe hacer es ilegalizarla modificando la vigente Ley de Partidos con tan imprudente como inoportuna irresponsabilidad. Justo ahora, cuando sus electores comenzaban a retirarles el voto, va el Gobierno y les echa un capote, persigui¨¦ndoles con juicios ideol¨®gicos de intencionalidad pol¨ªtica. De esta forma resulta segura la reproducci¨®n del separatismo violento, que por miop¨ªa gubernamental se volver¨¢ a cargar de raz¨®n. Pero ya se sabe: fiat iustitia et pereat mundi. Pues bien, digamos no: semejante imposici¨®n no parece justa.

Se mire como se quiera, la chapucera ley que preparan representa un recorte objetivo de los derechos pol¨ªticos. Y esto resulta anticonstitucional, pues vulnera tanto el derecho de participaci¨®n y representaci¨®n como el de sufragio activo y pasivo. Es verdad que, como la independencia del Poder Judicial es en Espa?a una ficci¨®n, los tribunales Supremo y Constitucional dir¨¢n probablemente am¨¦n sin rechistar. Pero tambi¨¦n resulta casi seguro que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que recurrir¨¢n los astutos juristas de Batasuna, anular¨¢ esta ley anticonstitucional. Pero semejante defecto de forma no parece lo peor, pues resulta m¨¢s grave su naturaleza puramente instrumental. Esta ley no es m¨¢s que un ileg¨ªtimo atajo jur¨ªdico para perseguir pol¨ªticamente al nacionalismo radical. Y, salvadas todas las evidentes distancias, me viene a la mente su analog¨ªa con los GAL, dado el paralelo rodeo del Estado de derecho (aunque esta vez el torpe apa?o resulte afortunadamente incruento).

Pero contemplemos el asunto a distancia, evaluando esta ley por su contribuci¨®n al desarrollo del sistema pol¨ªtico espa?ol. Pues bien, en este sentido no cabe duda de que estamos ante una involuci¨®n. Esta ley s¨®lo contribuir¨¢ a una mayor concentraci¨®n del poder pol¨ªtico, que ya de por s¨ª resulta hoy excluyente y oligop¨®lico, en lugar de conducir hacia su mejor distribuci¨®n. Es verdad que hac¨ªa falta reformar la vigente y restrictiva Ley de Partidos, que con su modelo de financiaci¨®n y sus listas bloqueadas otorga un poder opaco y sin control al l¨ªder y a las c¨²pulas partidarias. A lo que se a?ade el sistema electoral, que penaliza a los partidos minoritarios. Semejantes defectos necesitan corregirse para mejorar la calidad de nuestra democracia, pero, por desgracia, esta ley s¨®lo promete empeorarla.

Entonces, ?a qu¨¦ viene la intempestiva precipitaci¨®n con que se pretende aprobarla? Tienen prisa porque se trata del testamento pol¨ªtico de Aznar, cuyo legado m¨¢s parece un desaguisado, pues, no contento con degradar la prensa e intervenir el mercado, ahora pretende trucar el sistema de representaci¨®n democr¨¢tica. Diguem no.