El PP pone a prueba la supervivencia del PER

El Plan de Empleo Rural y el subsidio agrario forman desde hace m¨¢s de 18 a?os una pareja esencial en la pol¨ªtica de ayudas p¨²blicas a los trabajadores del campo en Andaluc¨ªa y Extremadura, comunidades donde el sector agrario concentra a¨²n casi a la mitad de los parados en ambas regiones. Una pareja que tambi¨¦n ha sobrevivido en las dos ¨²ltimas d¨¦cadas a encarnizadas pol¨¦micas pol¨ªticas y sociales cada vez que se ha intentado alg¨²n cambio en su dise?o. As¨ª que cuando el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, desliz¨® la semana pasada el anuncio de una pr¨®xima reforma, sin dar m¨¢s detalles, PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos no dudaron en tocar a rebato.

La historia del PER y el subsidio agrario puede contarse a partir de sus numerosos intentos de reforma, aunque su dise?o apenas ha cambiado desde que se estrenaron en 1984. Entonces, con los socialistas reci¨¦n aupados al poder, el Gobierno central y los sindicatos acordaron un sistema por el que los jornaleros parados, si acreditaban un m¨ªnimo de peonadas (60 en el primer decreto), pod¨ªan cobrar como subsidio agrario un 75% del salario m¨ªnimo durante seis meses. A este subsidio, un remedo de las prestaciones por desempleo que cobran el resto de trabajadores, se le a?adi¨® un plan de subvenciones a los Ayuntamientos, el PER, para obras de infraestructura con contrataci¨®n preferente de jornaleros, que as¨ª pod¨ªan completar las peonadas necesarias.

A partir de entonces, el frente del PER estuvo permanentemente abierto. La sequ¨ªa y la falta de trabajo a final de los ochenta y principio de los noventa llev¨® a los sindicatos a movilizarse en muchas ocasiones para exigir la reducci¨®n de las peonadas m¨ªnimas y m¨¢s inversiones para obras. Por otro flanco, el PP reclam¨® su eliminaci¨®n, apoyado en el creciente fraude por la firma de peonadas falsas. Los populares hicieron del 'voto cautivo de los jornaleros' uno de sus lemas en su oposici¨®n al PSOE.

Mejora en los pueblos

El rifirrafe pol¨ªtico y los numerosos casos de fraude en los primeros a?os dieron una mala fama al PER que ha ensombrecido sus logros: casi nadie discute ya que ha permitido una mejora en las infraestructuras de los pueblos, algo que las maltrechas haciendas municipales no se hubiesen podido permitir, y ha elevado las condiciones de vida de los jornaleros, unas 400.000 personas en Andaluc¨ªa, al garantizarles una renta cada a?o. Sus defensores recuerdan adem¨¢s que esto se ha logrado con un gasto limitado (al INEM le cuesta m¨¢s un parado del r¨¦gimen general), y que los controles han limitado los fraudes (tambi¨¦n menos importantes que en otros sistemas de prestaci¨®n).

Pero la primera prueba de fuego del sistema lleg¨® cuando el PP alcanz¨® el poder en Madrid. Hasta entonces, las reformas del PER se hab¨ªan limitado a una reducci¨®n de peonadas y a ampliar el subsidio para los mayores de 52 a?os. Pero la temida desaparici¨®n del PER, qued¨® en una nueva peque?a reforma. Uno de sus principales detractores, Javier Arenas, firm¨® como ministro de Trabajo el acuerdo en marzo de 1996 y comenz¨® as¨ª una fruct¨ªfera pol¨ªtica de concertaci¨®n con los agentes sociales, uno de los principales logros de la primera legislatura popular.

La reforma de 1996, adem¨¢s de un desafortunado cambio de nombre (pas¨® de PER a Aepsa, aunque casi nadie lo utiliza), supuso la reducci¨®n a 35 de las peonadas para cobrar el subsidio, aument¨® las subvenciones a los Ayuntamientos para obras de infraestructura y reserv¨® una parte a proyectos para generar empleos estables en el ¨¢mbito rural. Y sobre todo, abri¨® una puerta a una reivindicaci¨®n sindical: la posibilidad de implantar el sistema de prestaciones de desempleo ordinario para los eventuales agrarios, tanto para los que no ten¨ªan derecho al subsidio (los jornaleros de fuera de Andaluc¨ªa y Extremadura y los de estas regiones que ten¨ªan demasiada renta para cobrarlo) como, optativamente, los que disfrutaban del subsidio.

Reforma aplazada

En 1998, Arenas inici¨® los contactos con sindicatos y empresarios para aplicar el sistema contributivo a los jornaleros, un di¨¢logo que provoc¨® la oposici¨®n inicial de la Junta y el PSOE, recelosos de las intenciones de los populares. UGT y CC OO discutieron con Trabajo la posibilidad de compatibilizar el PER con el sistema contributivo de la Seguridad Social para los otros 300.000 jornaleros carentes de ayudas estatales. El Ministerio evalu¨® el coste de la reforma en unos 240 millones de euros (40.000 millones de pesetas) y reclam¨® limitar el acceso al subsidio agrario a los menores de 25 a?os y mayores de 45 a?os para mitigar el gasto. Para el sistema de cotizaci¨®n, se estudi¨® aplicar un 1,33% por cada peonada trabajada. Pero un a?o despu¨¦s, el sucesor de Arenas, Manuel Pimentel, aplaz¨® indefinidamente la reforma.

Ahora el sucesor de Pimentel, Juan Carlos Aparicio, parece haber tomado el testigo, justo cuando encara el tramo decisivo del traspaso a Andaluc¨ªa de las pol¨ªticas activas de empleo, en el que la Junta exige la cogesti¨®n del PER. En estos d¨ªas, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Ca?ete, ha insistido en que la afluencia de inmigrantes revela que en el campo hay trabajo (sin hacer menci¨®n a las p¨¦simas condiciones que soportan) y que los subsidios especiales no hacen falta. Aparicio ense?ar¨¢ hoy sus cartas a sindicatos y patronal. Vista la historia, habr¨¢ que esperar a ver si las juega hasta el final.