Ni en la forma ni en el fondo

Jur¨ªdicamente, el PP y el PSOE juntos pueden hacer pr¨¢cticamente todo. Pueden reformar e incluso revisar la Constituci¨®n, es decir, no s¨®lo introducir reformas en la Constituci¨®n, sino hacer incluso una reforma total de la Constituci¨®n, hacer una Constituci¨®n completamente nueva. La mayor¨ªa m¨¢s cualificada que se contempla en nuestro ordenamiento, los dos tercios de ambas C¨¢maras para revisar la Constituci¨®n (art. 168) est¨¢ y ha estado en todas las legislaturas al alcance de UCD-PSOE o de PSOE-AP o PP.

No hay por tanto ning¨²n reparo jur¨ªdico que pueda oponerse a la pretensi¨®n del PP y del PSOE de reformar la Ley de Partidos de 1978. La nueva ley se tendr¨¢ que aprobar con el car¨¢cter de ley org¨¢nica, para la que s¨®lo se exige la mayor¨ªa absoluta en el Congreso de los Diputados. En la actual legislatura puede ser aprobada por el Grupo Parlamentario del PP sin necesitar el concurso de nadie m¨¢s.

O la reforma de la Ley de Partidos se hace entre todos o es mejor que se quede como est¨¢

Ahora bien, el que no haya l¨ªmites jur¨ªdicos, no quiere decir que no existan l¨ªmites pol¨ªticos, que no est¨¢n escritos, pero que deber¨ªan ser respetados todav¨ªa m¨¢s que los escritos. La democracia, en cuanto forma pol¨ªtica, descansa en algunas premisas que no pueden ser siquiera sometidas a discusi¨®n y que, justamente por eso, no est¨¢n escritas. Hay premisas que son comunes a todos los Estados democr¨¢ticos; por ejemplo, que nadie puede ser condenado sin un juicio previo con todas las garant¨ªas, y hay premisas que son espec¨ªficas de algunos de ellos, porque reflejan la forma en que hist¨®ricamente se ha impuesto la democracia en el pa¨ªs. Entre esas premisas en nuestro pa¨ªs figura la integraci¨®n de los nacionalismos en nuestro sistema pol¨ªtico.

No se pueden establecer las reglas del juego democr¨¢tico sin contar con los partidos nacionalistas. Jur¨ªdicamente se puede hacer, pero pol¨ªticamente, no. Este es el criterio que presidi¨® la transici¨®n pol¨ªtica y el que ha presidido el desarrollo de la Constituci¨®n hasta la fecha. Ha habido excepciones importantes, como fueron los Pactos Auton¨®micos de 1981 y 1992, aprobados exclusivamente por UCD y PSOE, el primero, y por PSOE y PP, el segundo, pero tales exepciones se produjeron una vez que ya se hab¨ªan negociado los Estatutos vasco, catal¨¢n y gallego y afectaban exclusivamente a las dem¨¢s regiones. Hab¨ªa por tanto una coincidencia muy alta entre capacidad jur¨ªdica y legitimidad pol¨ªtica y por eso su g¨¦nesis y aplicaci¨®n posterior no han planteado problemas.

Los nacionalismos son un elemento esencial de la constituci¨®n 'material' de Espa?a, sin los cuales no se pueden fijar la reglas de juego de la democracia. No se puede hacer una ley de partidos, como tampoco podr¨ªa hacerse una nueva ley electoral, sin contar con ellos. La lealtad a un sistema pol¨ªtico no puede imponerse normativamente, sino que ¨²nicamente puede exigirse si se respetan por todos las premisas indiscutibles de la democracia.

Esto es lo que, en mi opini¨®n, se ha roto con el proyecto de Ley de reforma de los Partidos Pol¨ªticos. No es una ley de defensa de la democracia, sino de agresi¨®n a la democracia. En la forma y en el fondo. Una ley redactada no se sabe por qui¨¦n, t¨¦cnicamente sumamente defectuosa, de constitucionalidad m¨¢s que dudosa, que m¨¢s que una ley de desarrollo de un derecho fundamental, es una ley de restricci¨®n de dicho derecho, se presenta a un examen durante dos horas a una delegaci¨®n del PSOE y, a partir de ah¨ª, se considera que ya no se puede cambiar ni un punto ni una coma. ?Qu¨¦ defensa de la democracia es ¨¦sa?

La falta de lealtad del Gobierno del PP con los dem¨¢s partidos del sistema pol¨ªtico espa?ol no deber¨ªa encontrar cobertura por parte de la direcci¨®n socialista. O la reforma de la Ley de Partidos se hace entre todos o es mucho mejor que se quede como est¨¢. En la forma y en el fondo supone un retroceso sobre lo que se ha venido construyendo democr¨¢ticamente en Espa?a desde el comienzo de la transici¨®n.