Ahora, el debate

El Gobierno ha incorporado algunas de las sugerencias de los organismos consultivos al proyecto de nueva Ley de Partidos, que ayer aprob¨® el Consejo de Ministros. El de Justicia, ?ngel Acebes, abog¨® por buscar en la tramitaci¨®n parlamentaria el m¨¢s amplio consenso, siempre que ello no suponga desnaturalizar el objetivo de la ley: ilegalizar a Batasuna.

De sus palabras se deduce que el Gobierno se est¨¢ apeando de la idea de que cualquier objeci¨®n al articulado del anteproyecto supone traicionar su objetivo. Como dijo el socialista Caldera, Aznar deber¨ªa aclarar si considera que el Consejo de Estado tambi¨¦n 'se arruga' por sugerir cambios en la redacci¨®n. El Gobierno parece estar reconsiderando su desaf¨ªo de que estaba dispuesto a sacar la ley adelante en solitario. ?Significaba eso que, por ejemplo, el PP tendr¨¢ que defender en solitario en Euskadi la ilegalizaci¨®n de Batasuna si as¨ª lo decidieran los jueces? ?Estar¨ªan de acuerdo con eso los populares vascos? La ilegalizaci¨®n de un partido requiere que la norma que la haga posible cuente con un respaldo muy amplio. Social y pol¨ªtico.

El objetivo es la ilegalizaci¨®n de Batasuna, y ser¨ªa hip¨®crita disimularlo, seg¨²n Acebes; sin embargo, es tambi¨¦n una Ley de Partidos que sustituye (o reforma) una norma aprobada en su d¨ªa por todos los grupos y que se integra en lo que puede considerarse reglas de juego democr¨¢tico. Tambi¨¦n en ese aspecto, una ley que contase s¨®lo con el apoyo de un partido, aunque tenga mayor¨ªa absoluta, nacer¨ªa con insuficiente legitimaci¨®n pol¨ªtica. La iniciativa del Gobierno habr¨ªa resultado fallida.

La eventual tentaci¨®n de la oposici¨®n de jugar a esa hip¨®tesis -hacer fracasar al Gobierno en una iniciativa que considera esencial- se ve contrarrestada por el amplio respaldo popular con que, seg¨²n las encuestas, cuenta la iniciativa de acabar con la posibilidad de que un partido que forma parte del entramado terrorista pueda disfrutar de las ventajas de la legalidad.

Las modificaciones admitidas por el Gobierno eliminan algunos de los motivos de recelo aparecidos en las ¨²ltimas semanas, pero de las palabras de Acebes se desprende que ha decidido obviar la recomendaci¨®n del Consejo de Estado de suprimir los aspectos retroactivos de la ley, algo ya se?alado por la minor¨ªa del Poder Judicial y que puede plantear problemas futuros a la aplicaci¨®n de la ley.

En cambio, el proyecto gubernamental perfila mejor los motivos concretos de ilegalizaci¨®n, eliminando algunas expresiones confusas y en exceso generales. Lo que se penaliza no son ideolog¨ªas o fines pol¨ªticos, sino la vulneraci¨®n sistem¨¢tica de derechos fundamentales o la colaboraci¨®n con el terrorismo. El proyecto deber¨¢ ser afinado todav¨ªa m¨¢s, en el tr¨¢mite parlamentario, evitando falsos debates y buscando el consenso en las cuestiones de procedimiento (qui¨¦n puede instar la ilegalizaci¨®n, qu¨¦ tribunal decide, etc¨¦tera) planteadas estos d¨ªas.