El coste auton¨®mico de la LOU

El Gobierno quiere que Valencia cargue al plan de financiaci¨®n universitario la contrataci¨®n docente

La estrategia del Gobierno central de derivar hacia los gobiernos auton¨®micos todo el coste de la aplicaci¨®n de la controvertida Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU) est¨¢ generando m¨²ltiples distorsiones desde el punto de vista t¨¦cnico, financiero y pol¨ªtico en el Sistema Universitario P¨²blico Valenciano (SUP) dada la especificidad del caso. La Comunidad Valenciana ha sido la primera autonom¨ªa -emulada el a?o pasado por Andaluc¨ªa y en periodo de aprobaci¨®n en Catalu?a- en la que el sistema universitario se rige por un met¨®dico Plan Plurianual de Financiaci¨®n (PPF) actualizado en 1999 por el propio Gobierno del PP sobre la base de cuatro grandes variables: la inflaci¨®n anual o el ¨ªndice del IPC; el n¨²mero de estudiantes a tiempo completo (ETC); el grado de experimentalidad de las titulaciones y la financiaci¨®n adicional por objetivos ligados a una docena de variables de calidad.

En este escenario de contradicciones entre los objetivos estatales y el marco valenciano, la aplicaci¨®n de la LOU -dibujada ya en el borrador elaborado de decreto de retribuciones y contrataciones docentes por la Direcci¨®n General de Universidades en sinton¨ªa con los criterios de 'movilidad' docente y 'flexibilidad' contractual impuestos en la ley estatal- abre un horizonte de 'inc¨®gnitas' que se pusieron de manifesto en la cita entre los rectores y la Administraci¨®n mantenida el pasado martes en el Consejo Interuniversitario.

El responsable valenciano de Universidades, Salvador Forner, pretende que de acuerdo con el plan previsto por Madrid el coste del 49% de las plantillas docentes e investigadoras que fija la LOU de las cinco universidades p¨²blicas valencianas se cargue al PPF. Algo que rechazan en firme los rectorados. M¨¢xime, cuando en la ¨²ltima reuni¨®n de equipos econ¨®micos de las unversidades el 15 de abril qued¨® claro que 'la financiaci¨®n por objetivos de 2001 y alg¨²n fleco del a?o anterior a¨²n no est¨¢n pagados, y los criterios para financiar el 2202 no est¨¢n ni fijados'. CC OO y UGT consideran 'inaceptable' que 'se pretenda cargar el coste de las nuevas contrataciones de doctores, visitantes, ayudantes, colaboradores y em¨¦ritos que fija la LOU a cargo de la deuda por objetivos'. Es decir, desviar el dinero para los programas de calidad al pago de salarios. En paralelo, los vicerrectores del ¨¢rea del profesorado se reunieron en Benissa para redactar un documento conjunto de cambios al encorsetado perfil de categor¨ªas dise?ado por la Direcci¨®n de Universidades.

El director general de Universidades, Salvador Forner, ha planteado la aplicaci¨®n de la LOU en t¨¦rminos estrictamente econ¨®micos. El t¨ªtulo mismo del borrador valenciano Propuesta de decreto sobre r¨¦gimen y retribuciones del personal docente e investigador contratado y las retribuciones adicionales al profesorado universitario es claro en la finalidad misma. Pero, el contenido, analizado desde una ¨®ptica m¨¢s acad¨¦mica, e incluso social, genera adem¨¢s amplias dudas sobre las intenciones ¨²ltimas del Ministerio de Educaci¨®n al dise?ar un tipo de perfil docente e investigador 'encorsetado' en opini¨®n de varios juristas y ex vicerrectores, que deja 'poco margen' para el fichaje de personalidades del ¨¢mbito de la Administraci¨®n General del Estado y de los poderes judicial y legislativo con una media de edad de 50 a?os que hayan trabajado en los ¨²ltimos 15 a?os en las diferentes administraciones de Madrid o Bruselas.

Lo mismo ocurre con los contratos estrella con cient¨ªficos o tecn¨®logos de primera fila con la 'tipificaci¨®n' impuesta por la LOU de salarios y complementos retributivos que 'no puede competir con las facilidades que ofrece la ley [ning¨²n requisito] y capacidad econ¨®mica de la docena de universidades privadas y fundaciones creadas por el PP en s¨®lo seis a?os'. Esta percepci¨®n est¨¢ siendo analizada en el seno de CC OO y de UGT, as¨ª como en distintos ¨¢mbitos y vicerrectorados de las universidades valencianas, que cuentan con una cantera importante de economistas, expertos en Derecho y Ciencias Pol¨ªticas e ingenieros de prestigio. 'El modelo franc¨¦s por el que el ex presidente Lionel Jospin puede reincorporarse a la Universidad y nutrirla de su experiencia en la Administraci¨®n del Estado, se perder¨¢', coinciden.

'Profesores de la talla del fallecido Ernest Lluch, que impart¨ªa clases en la Universidad del Pa¨ªs Vasco y en Catalu?a; rectores como el padre de la Constituci¨®n Gregorio Peces-Barba en la Carlos III de Madrid; o la cantera de eurodiputados socialistas y ex consejeros auton¨®micos que en la actualidad no tengan plaza como titulares o catedr¨¢ticos, no podr¨ªan volver a las aulas universitarias valencianas con este decreto', reflexionan tambi¨¦n varios directores de instituto y de departamento consultados.

El decreto propuesto por Forner dejaba en manos de la futura Agencia Nacional de Acreditaci¨®n la ¨²ltima palabra en la solicitud de cada incorporaci¨®n a cualquiera de las 7 categor¨ªas de contratos de la LOU en funci¨®n de los m¨¦ritos considerados por el ministerio y no por la propia universidad; 'la duraci¨®n del contrato y de las pr¨®rrogas no podr¨¢ ser superior a 4 a?os' y a los em¨¦ritos se les exige '15 a?os de servicio en la universidad', requisito que no cumple ning¨²n primer espada del actual arco financiero, econ¨®mico o parlamentario.

En este momento, la posici¨®n de CC OO y UGT, seg¨²n confirman los secretarios generales de ense?anza, Manolo Pic¨® y Gonzalo Castillo, es que 'no habr¨¢ acuerdo sobre el decreto con la Direcci¨®n de Universidades, si el Consell no llega antes a un acuerdo con las universidades sobre la financiaci¨®n de las nuevos contratos y retribuciones'.

Los vicerrectores de Profesorado entregaron el martes una 'propuesta conjunta' donde, entre otras cosas, modifican el orden de las competencias atribuidas por la direcci¨®n de Universidades en primera instancia a la Agencia de Acreditaci¨®n nacional o su hom¨®loga auton¨®mica, y vinculan 'el procedimiento [de meritaje y necesidades] a los estatutos de cada universidad'. Tambi¨¦n modifican el constre?ido marco de contrataci¨®n que 'como norma general, para doctores, colaboradores y ayudantes doctores era a tiempo completo' y ligan 'la dedicaci¨®n docente' a las necesidades acad¨¦micas de cada instituci¨®n. Lo mismo ocurre con la 'evaluaci¨®n' de la actividad de los contratados cuyo periodo inicial ampl¨ªan a 'cinco a?os', con la posibilidad de ser prorrogado previa evaluaci¨®n interna de la universidad, seg¨²n lo fijado en sus estatutos.

Todas estas propuestas han sido formalmente aceptadas por Forner el martes en el Consejo Interuniversitario, en el que tambi¨¦n adelant¨® que 'se han incorporado todas la alegaciones presentadas por los sindicatos'. Forner puso de plazo el pr¨®ximo 7 de mayo, como fecha tope para aceptar nuevos cambios, con la pretensi¨®n subrayada por el consejero Manuel Taranc¨®n de que 'todos los decretos y leyes de la LOU se aprueben cuanto antes y est¨¦n en vigor el curso que viene'. Sin embargo, las 'profundas divergencias' sobre c¨®mo financiar el sobrecoste de las contrataciones de la LOU auguran una 'negociaci¨®n dif¨ªcil'. Francisco Morales, ex vicerrector de la Universidad de Valencia, y uno de los padres del vigente Plan Plurianual de Financiaci¨®n (PPF) -que vence este a?o al obligar a adelantar las inversiones al ejercicio de 2002 [para que la Generalitat pueda cumplir con el d¨¦ficit cero presupuestario dictado por el Gobierno central para 2003]- subraya que 'el PPF nunca se redact¨® contemplando las actuales retribuciones y complementos' y puntualiza la 'perversi¨®n que supone desde el punto de vista de t¨¦cnica presupuestaria el querer desviar parte de la financiaci¨®n por objetivos al cap¨ªtulo I de Personal'.

Pese a que Forner insiste en su gr¨¢fico (ver cuadro) que el Consell ha pagado los m¨¢ximos fijados y que 'est¨¢ al d¨ªa con los pagos' los extractos y liquidaciones de las universidades confirman que s¨®lo se han pagado los m¨ªnimos y que a¨²n adeuda 24,04 millones de euros (4.000 millones de pesetas) al sistema universitario: un fleco de los objetivos de 2000, y 'todos los objetivos de 2001'.