1? de mayo reivindicativo, naturalmente

Suele ser habitual que, con motivo de la celebraci¨®n del 1? de Mayo, muchos se hagan esta pregunta: ?tiene sentido en el mundo en que vivimos -y en Espa?a- celebrar el D¨ªa del Trabajo como jornada reivindicativa? Bien, tengo la impresi¨®n de que este a?o, a la vista de lo que est¨¢ pasando, hasta la mera enunciaci¨®n de la pregunta resultar¨¢ superflua para todo el mundo, dada la evidencia de su respuesta afirmativa.

Est¨¢, por un lado, el planteamiento del Gobierno de la naci¨®n de presentar un proyecto de reforma del sistema de protecci¨®n al desempleo que, lejos de tener como objetivo crear empleo, en todo su enunciado lo ¨²nico hacia lo que parece apuntar es a la reducci¨®n del gasto p¨²blico en esa protecci¨®n, incluso aunque ese gasto se haya recortado en los ¨²ltimos tiempos o a¨²n por encima de la evidencia de que el saldo entre las cotizaciones sociales y las prestaciones por desempleo alcanz¨® el a?o pasado los 3.700 millones de euros, cantidad con la que se financian otras pol¨ªticas p¨²blicas..

En esa obsesi¨®n por el recorte del gasto, al Gobierno de la naci¨®n no le importa utilizar argumentos que dejan 'a los pies de los caballos' a dos colectivos como el de los desempleados y los inmigrantes, de los que nadie en su sano juicio puede decir que sean privilegiados ni que sean culpables de su desgraciada situaci¨®n. Decir que 'no se puede obligar a los trabajadores a que sigan pagando la insolidaridad del parado que no quiere trabajar' es poner el problema del paro y la mancha del fraude en el lado m¨¢s d¨¦bil de la cadena, adem¨¢s de una demagogia sin nombre, por las consecuencias que puede causar sobre la imagen de un colectivo bastante traumatizado ya por no poder encontrar trabajo. ?sta forma de actuar es m¨¢s propia de quien pretende enfrentar a diversos colectivos sociales que de qui¨¦n tiene la obligaci¨®n de buscar soluciones a sus problemas.

Una consideraci¨®n semejante merece la tambi¨¦n desafortunada relaci¨®n establecida entre los jornaleros eventuales del campo y el trabajo de los inmigrantes. A los primeros se les tilda de defraudadores sistem¨¢ticos, motivo por el cual tienen que venir los inmigrantes, como si ¨¦stos no tuviesen derecho a buscarse el pan all¨ª donde sea posible. Con ello, no hace sino alimentar una cierta animadversi¨®n que en otros territorios surgi¨® hacia Andaluc¨ªa en tiempos pret¨¦ritos (fomentada por ellos mismos) por supuesto trato de favor (?c¨®mo si el fraude del subsidio de desempleo agr¨ªcola fuese de proporciones desmesuradas en comparaci¨®n con el de otros sistemas p¨²blicos: el fiscal, por ejemplo!). Si esto es hacer pol¨ªtica de integraci¨®n y procurar la superaci¨®n de los conflictos con actitudes comprensivas hacia las necesidades de todos, que venga Dios y lo vea.

Claro que esa actitud no nos es extra?a a qui¨¦nes tenemos que lidiar con otros exabruptos gubernamentales, como es el caso de la Junta de Andaluc¨ªa y el ninguneo a que nos tiene sometido el Gobierno del PP de Madrid. Los desplantes en situaciones de crisis (Santana), el desmantelamiento de empresas p¨²blicas (Cetarsa), la nula cooperaci¨®n de otras empresas p¨²blicas o semip¨²blicas enraizadas en nuestra comunidad (Sevillana-Endesa), la discriminaci¨®n en los fondos del Plan Nacional de Empleo y otros hechos similares dan a entender que el Gobierno del PP se ha propuesto crear todos los problemas posibles a esta comunidad, sin importarle si los primeros perjudicados son los ciudadanos.

Lo mismo cabe decir de las ¨²ltimas propuestas de reforma del sistema de protecci¨®n del desempleo en general y el del campo en particular. Da la sensaci¨®n de que el Gobierno del PP, en su segunda legislatura, se ha atribuido una omnipotencia arrogante para llevar a cabo reformas que, tradicionalmente, se han realizado desde el consenso social y con el conjunto de las administraciones implicadas.

Porque no debe olvidarse que, aunque las competencias respecto de la Seguridad Social y el sistema de protecci¨®n del desempleo est¨¢n en el ¨¢mbito de la administraci¨®n central, las vinculaciones con las pol¨ªticas activas de empleo (que est¨¢n transferidas a la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas o en v¨ªas de hacerlo, en el caso de Andaluc¨ªa) lleva a que sea conveniente que el conjunto de las administraciones, estatal y auton¨®micas, compartan los objetivos de las reformas; adem¨¢s, por supuesto, de los principales agentes implicados, las organizaciones representativas de los trabajadores. Y qu¨¦ decir de la pretensi¨®n de suprimir el sistema de protecci¨®n del desempleo eventual agrario, en el que est¨¢n tambi¨¦n afectadas las administraciones locales. No faltan motivos, como se ve, para que la reivindicaci¨®n en este 1? de Mayo sea ejercida no s¨®lo por los trabajadores sino tambi¨¦n por las mismas administraciones locales y por la andaluza que aspiran a hacer una pol¨ªtica que favorezca el bienestar social y que utilice el consenso como m¨¦todo para afrontar las transformaciones necesarias en los sistemas de protecci¨®n social.

Jos¨¦ Antonio Viera Chac¨®n es consejero de Empleo y Desarrollo Tecnol¨®gico.