El PSOE insiste en que sea el fiscal quien solicite ilegalizar un partido

La insistencia en que sea el Ministerio Fiscal quien tome la iniciativa en la demanda de ilegalizaci¨®n de un partido, que la Sala Civil del Tribunal Supremo sea el ¨®rgano competente sobre la ilegalizaci¨®n y el rechazo de la retroactividad de la norma son las principales novedades del texto de doce folios que el PSOE ha enviado al Gobierno para negociar un acuerdo sobre la Ley de Partidos. A su vez, el ministro de Justicia, ?ngel Acebes, anunci¨® ayer que 'en cuanto se ilegalice Batasuna pasar¨¢ a integrar la lista europea de organizaciones terroristas'.

El secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, y el interlocutor socialista del Pacto por las Libertades, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, han iniciado las negociones para cerrar el acuerdo y han delimitado como prioritarias en su agenda estas cuatro cuestiones: la retroactividad, las instituciones legitimadas para instar la declaraci¨®n de ilegalidad, la Sala del Tribunal Supremo competente para declarar la disoluci¨®n del partido o desestimar la demanda y las causas de disoluci¨®n recogidas en el art¨ªculo 9 del protecto de ley.

Frente a la propuesta socialista de que sea la Sala Civil del Tribunal Supremo la competente sobre la ilegalizaci¨®n de un partido, el Gobierno defiende que lo sea la Sala Especial del alto tribunal, tal y como aparece recogida en su proyecto de ley. Los socialistas alegan que la Sala Especial es competente en 'procedimientos internos' mientras que el Ejecutivo, aunque admite que esa ha sido su dedicaci¨®n, estima que la presencia de magistrados de todas las salas en la Especial la hace m¨¢s adecuada para una responsabilidad judicial de este calibre.

M¨¢s pol¨¦mica resulta para el Gobierno la insistencia del PSOE -como recoge en su texto- en que sea el Ministerio Fiscal el promotor de la ilegalizaci¨®n de un partido. Los socialistas quieren dejar fuera de esta iniciativa al legislativo y a los partidos por razones jur¨ªdicas y pol¨ªticas. Sin embargo, el Gobierno sigue creyendo necesaria, por su trascendencia p¨²blica, la implicaci¨®n de todas las instancias -legislativo, ejecutivo y judicial- en la iniciativa de la demanda de ilegalizaci¨®n de un partido. Para que no hubiese dudas, el ministro de Justicia, ?ngel Acebes, se?al¨® ayer en un encuentro informativo organizado por el foro Europa 2.000 Press: 'Lo esencial es que los representantes de la soberan¨ªa del pueblo tengan legitimidad para proceder a la ilegalizaci¨®n'.

Sin embargo, el asunto m¨¢s pol¨¦mico en la negociaci¨®n ser¨¢, seg¨²n el Gobierno, el de la retroactividad de la norma. Los socialistas, en su texto de doce folios, proponen una nueva redacci¨®n de la disposici¨®n transitoria del proyecto de ley que elimine su car¨¢cter retroactivo. Dicha disposici¨®n, tal y como est¨¢ redactada ahora, dice: 'La Constituci¨®n, en fecha inmediatamente anterior o posterior a la entrada en vigor de la presente ley org¨¢nica, de un partido pol¨ªtico que contin¨²e o suceda la actividad de otro ya inscrito, realizada con la intenci¨®n fraudulenta de evitar la aplicaci¨®n a ¨¦ste de las disposiciones de esta ley, no impedir¨¢ dicha aplicaci¨®n, pudiendo actuarse respecto de aqu¨¦l conforme a lo previsto en los art¨ªculos 10 y 11 de esta ley org¨¢nica, correspondiendo a la Sala Especial del Tribunal Supremo la apreciaci¨®n de la continuidad o sucesi¨®n y la intenci¨®n de defraudar'.

El ministro de Justicia precis¨® ayer que la Ley de Partidos tendr¨¢ plena eficacia a partir de su entrada en vigor y dej¨® claro que para ilegalizar un partido se tendr¨¢n que producir hechos nuevos. Sin embargo, matiz¨® que eso 'no significa poner el contador a cero' y 'olvidar todas las condenas que tienen muchos de sus integrantes por pertenencia o colaboraci¨®n con ETA o dejar de lado los procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional contra los afiliados de la coalici¨®n aberzale'.

En cuanto al art¨ªculo 9, sobre las causas de disoluci¨®n de un partido, el PSOE propone una redacci¨®n que evite 'conceptos jur¨ªdicos indeterminados que pueden ser utilizados arbitrariamente', como cuando se?ala que la ley va dirigida contra los que 'no respetan los principios democr¨¢ticos y valores constitucionales' o cuando fija, entre los motivos de disoluci¨®n de un partido 'fomentar o propiciar el odio como m¨¦todo para la consecuci¨®n de objetivos pol¨ªticos'.