La exclusi¨®n de Batasuna

Finalmente, la democracia espa?ola se ha embarcado en la ilegalizaci¨®n de Batasuna. Es claro que el barco navega con el viento en popa de la opini¨®n p¨²blica que le sopla a favor. Pero como prefiero navegar contra el viento, har¨¦ de aguafiestas abogado del diablo, oteando los peligros que encierra tan aventurado viaje. Para evitar equ¨ªvocos, marcar¨¦ antes mi posici¨®n. Soy partidario tanto del esp¨ªritu de Ermua, que exigi¨® el aislamiento social de Batasuna, como del pacto antiterrorista Gobierno-Oposici¨®n, as¨ª como adversario de cualquier di¨¢logo pol¨ªtico con el terrorismo y sus comparsas. Y sigo defendiendo el consenso democr¨¢tico que alumbr¨® el Pacto de Ajuria Enea, ahora traicionado por la forma de ilegalizar a Batasuna.

Para evaluar las consecuencias de la ilegalizaci¨®n utilizar¨¦ el esquema de Hirschman sobre la ret¨®rica de quienes reaccionan contra una reforma pol¨ªtica: futilidad, perversidad y riesgo. Toda reforma promete evitar males y obtener beneficios. Y quienes se oponen a ella alegan: 1?, que no producir¨¢ resultados (futilidad); 2?, que crear¨¢ nuevos males (perversidad), y 3?, que arruinar¨¢ las conquistas previas (riesgo). Pues bien, exploremos punto por punto las consecuencias previstas o imprevistas de ilegalizar Batasuna.

1. Futilidad. La productividad que se espera de la medida en t¨¦rminos de lucha antiterrorista es muy elevada, al decir de sus promotores. Pero cabe dudarlo, pues su saldo neto puede resultar irrelevante, y ojal¨¢ me equivoque. Desde la ¨®ptica de la eficacia policial y judicial, incluso podr¨ªa ser contraproducente, al perderse transparencia y visibilidad, dificultando la busca de informaci¨®n. Es verdad que, seg¨²n la teor¨ªa de movilizaci¨®n de recursos, la clandestinidad resta oportunidades a los violentos, pero para financiarse y organizarse ETA depende mucho m¨¢s de su infraestructura civil (redes sociales ajenas a esta ley) que de la pol¨ªtica, pues en este aspecto s¨®lo le interesa el control de los ayuntamientos. De ah¨ª que haya solido excluirse de las elecciones legislativas para concentrarse en las locales, a las que podr¨¢ seguir present¨¢ndose con candidaturas independientes. Es verdad que ilegalizada perder¨¢ su poder de veto en el Parlamento vasco, pero poco importar¨ªa entonces, pues sin Batasuna el PNV dispondr¨¢ de mayor¨ªa absoluta. Y por lo que hace a una posible vuelta de tuerca en el clima de opini¨®n, sus efectos ser¨¢n opuestos en Espa?a y Euskadi, como suele ser habitual: los espa?oles se har¨¢n m¨¢s antivascos y los vascos m¨¢s antiespa?oles, al sentirse agredidos por un sistema que les excluye. Y esto puede reforzar al radical Egibar en detrimento de las posiciones algo m¨¢s moderadas de Ibarretxe. Por eso cabe temer que se estreche la espiral del miedo y el odio, cerr¨¢ndose a¨²n m¨¢s su c¨ªrculo vicioso.

2. Perversidad. ?Qu¨¦ efectos colaterales, contraproducentes o perversos cabe temer de una medida como ¨¦sta? El peor de todos es sin duda el de la justificaci¨®n involuntaria de la lucha armada, cuya legitimidad recobrar¨¢ alg¨²n sentido, al parecer la ¨²nica v¨ªa posible de acceso a la independencia, ante el cierre o bloqueo parcial (pues sigue abierta la opci¨®n EA) de la lucha pol¨ªtica. No es comparable que los tribunales de justicia imputen delitos a los miembros de Batasuna, cosa comprensible incluso para el caletre de los separatistas, a que el sistema pol¨ªtico les proh¨ªba presentarse a las elecciones, lo que puede parecer injusto para el sentido com¨²n. Pero si sucede as¨ª, se reforzar¨¢ en Euskadi el clima social de comprensi¨®n con los violentos, incentivando la renovaci¨®n generacional de la cantera de ETA y la recuperaci¨®n ideol¨®gica de su base de apoyo social.

Lo m¨¢s inadmisible de la cuesti¨®n vasca es que haya todav¨ªa 140.000 vascos que votan a ETA. Pero ocultar semejante anomal¨ªa escondi¨¦ndola debajo de la alfombra no conduce a nada bueno. Sobre todo cuando la tendencia reciente demuestra una hemorragia de 80.000 votos, sangr¨ªa que esta venda jur¨ªdica fabricada por el Gobierno tender¨¢, me temo, a resta?ar. Pero tampoco lo sabremos, pues esta ilegalizaci¨®n impedir¨¢ seguir midiendo su apoyo electoral.

Por lo dem¨¢s, resulta ingenuo creer que ilegalizando a Batasuna se puede empujar al PNV a moderarse, pues, por el contrario, esto le llevar¨¢ a radicalizarse, con la esperanza de ampliar por la izquierda sus bases electorales. Igual que el PP tiene mayor¨ªa absoluta en Espa?a porque incluye tanto al centro-derecha como a la derecha extrema, al PNV tambi¨¦n le gustar¨ªa disponer de una representaci¨®n parecida en Euskadi: y esta ley se lo puede facilitar.

3. Riesgo (o peligrosidad: jeopardy). Esta medida amenaza con destruir o menoscabar previas conquistas democr¨¢ticas porque, al ser restrictiva y excluyente, degrada el sistema pol¨ªtico espa?ol, que perder¨¢ su car¨¢cter abierto e incluyente. Desde Lipset y Dahl sabemos que la inclusividad es el primer criterio de desarrollo pol¨ªtico, por lo que toda restricci¨®n excluyente resulta regresiva e involucionista. La exclusi¨®n es performativa, pues refuerza la tendencia a autoexcluirse, que ya de por s¨ª anima a los excluidos, convirti¨¦ndolos en separatistas forzados e impugnadores del sistema. Por eso, las reglas de juego deben estar abiertas a todos, pues la democracia, seg¨²n su definici¨®n minimalista o procedimental, ha de ser 'el ¨²nico casino en la ciudad' (Linz). Es verdad que esto excluye a los tramposos (y los asesinos lo son), pero su exclusi¨®n ha de ser judicial, no pol¨ªtica, y, sobre todo, no debe llevar al cambio unilateral o arbitrario de las reglas de juego, que as¨ª se desnaturalizan.

Por lo dem¨¢s, este criterio de inclusividad no es s¨®lo formal, pues tambi¨¦n se aplica a los procesos de pacificaci¨®n y resoluci¨®n de conflictos. Para pacificar un conflicto, es preciso que tras el cese de la violencia las organizaciones armadas encuentren abierto un cauce pol¨ªtico que les facilite su desmovilizaci¨®n, pues de no ser as¨ª se refuerza e incentiva su autoperpetuaci¨®n violenta. Es lo que estaba previsto en el Pacto de Ajuria Enea, que ahora esta ley anti-Batasuna cierra. Porque privar a ETA de una pista de aterrizaje pol¨ªtico implica dificultar su posible suspensi¨®n de la violencia, potenciando que persista en ella. Se dice que eso queda para el futuro lejano, pero no tenerlo previsto desde ahora es una muestra de irresponsable miop¨ªa pol¨ªtica. Por eso cabe concluir con un deseo: el de que s¨®lo se trate de una medida excepcional y transitoria, destinada a desaparecer en cuanto se acabe definitivamente con ETA.

Enrique Gil Calvo es profesor titular de Sociolog¨ªa de la Universidad Complutense de Madrid.