Las servidumbres del requisito

Hace unos d¨ªas se ha aprobado el decreto del Gobierno valenciano por el que se establece el requisito ling¨¹¨ªstico como indispensable para el acceso a la funci¨®n p¨²blica docente en los niveles educativos obligatorios. De esta manera, los opositores de este a?o deber¨¢n acreditar oficialmente un determinado nivel de conocimiento de valenciano, como paso previo para enfrentarse m¨¢s tarde a la oposici¨®n. Como viene siendo habitual, la actuaci¨®n del Consell no ha estado exenta de pol¨¦mica, con esa pol¨ªtica tan caracter¨ªstica de poner una vela a Dios y otra al diablo. Con el establecimiento por ley del requisito ling¨¹¨ªstico se da satisfacci¨®n a una vieja reivindicaci¨®n de ciertos sectores de la sociedad valenciana, como nacionalistas, sindicatos, colectivos de izquierda, etc. Por otro lado, la falta de reconocimiento de los t¨ªtulos de Filolog¨ªa Catalana -ni siquiera de los dispensados por las universidades valencianas- como posibles certificaciones del nivel de competencia exigido, pretende contentar a amplios sectores de la derecha que han hecho del secesionismo ling¨¹¨ªstico una importante bandera pol¨ªtica durante las ¨²ltimas d¨¦cadas. Aunque esta ¨²ltima cuesti¨®n merece atenci¨®n por s¨ª misma, y as¨ª viene ocurriendo en los ¨²ltimos d¨ªas, quisiera centrar el inter¨¦s de este art¨ªculo sobre otro aspecto que, probablemente, merecer¨¢ mucha menos consideraci¨®n en la opini¨®n p¨²blica, al menos en la publicada.

Nadie discute el derecho de los gobiernos a legislar en defensa de las lenguas aut¨®ctonas

El requisito ling¨¹¨ªstico previo es una muestra del provincianismo que atenaza nuestra cultura

Quienes llevan reivindicando esta medida desde hace a?os, sostienen que con ello la Comunidad Valenciana se homologa por fin al resto de las comunidades aut¨®nomas con lengua propia, que, desde hace ya a?os, vienen exigiendo el conocimiento de ¨¦stas en el acceso a la funci¨®n p¨²blica. En primer lugar, esta afirmaci¨®n no es enteramente cierta, ya que si bien Navarra tuvo, efectivamente, una ley similar para el acceso a las plazas docentes de los territorios vascohablantes del norte de la comunidad, ¨¦sta fue derogada hace un par de a?os. Por otro lado, nadie discute a estas alturas el derecho de los gobiernos auton¨®micos a legislar en defensa de las lenguas aut¨®ctonas. Es una obviedad, reconocida por todos aquellos que no quieran cerrar los ojos a realidades que les son ajenas, que los valores afectivos y simb¨®licos asociados a las lenguas son tan importantes como los puramente referenciales. De ah¨ª que sea perfectamente comprensible que los hablantes de las lenguas diferentes al castellano deseen verlas normalizadas desde el punto de vista social tras d¨¦cadas de abandono. Si existen atributos que permiten identificar colectivos humanos como las nacionalidades, ciertamente uno de los m¨¢s relevantes es la lengua compartida.

Ahora bien, lo preocupante de pol¨ªticas ling¨¹¨ªsticas como las que exigen el requisito ling¨¹¨ªstico como barrera previa (e insisto en el adjetivo) para el acceso a la funci¨®n p¨²blica, radica en la vulneraci¨®n de principios constitucionales que afectan a la vida de millones de individuos que conviven bajo las mismas leyes. La igualdad de todos ante la ley, con independencia del sexo, el credo religioso o la lengua aparece gravemente trastocada en la pr¨¢ctica cuando leyes como ¨¦sta impiden de ra¨ªz la movilidad de las personas. O lo que es peor a¨²n, la inmovilidad de unas, frente a la pol¨ªtica de puertas abiertas para las m¨¢s afortunadas. As¨ª, con leyes como la que se acaba de aprobar en nuestra comunidad, un salmantino o un andaluz tienen vedado el acceso a las oposiciones de ense?anza primaria o secundaria de media Espa?a, o bastante m¨¢s de media, si tenemos en cuenta la importancia demogr¨¢fica y socioecon¨®mica del Pa¨ªs Vasco, Catalu?a, Galicia y ahora la Comunidad Valenciana. Y ello con independencia de sus conocimientos, de sus expedientes acad¨¦micos o de su capacidad como futuros docentes. Por el contrario, un catal¨¢n o un valenciano pueden probar fortuna aqu¨ª o all¨¢: nada se lo impide, porque ni en Andaluc¨ªa ni en Castilla-Le¨®n le exigir¨¢n demostrar su competencia en castellano (o en andaluz). Al menos de momento.

Con todo, lo peor es que en comunidades como la nuestra podr¨ªa haberse asegurado entre los docentes una competencia real sobre la lengua, que adem¨¢s hubiera resultado mucho menos lesiva para los intereses individuales, tanto de los que ya imparten clase en los colegios e institutos valencianos, como de los que ya no podr¨¢n acceder a nuestras aulas en virtud de la barrera insoslayable impuesta por el requisito. Por ejemplo, el grado medio que concede la Junta Qualificadora de Coneiximents de Valenci¨¤, que al parecer va a ser solicitado para la mayor¨ªa de los profesores, podr¨ªa haberse exigido a todos aquellos que aprobaran la oposici¨®n en un plazo que se considerase razonable. Al tiempo las autoridades podr¨ªan haber establecido la f¨®rmula legal que garantizara que, de otro modo, nadie podr¨ªa consolidar la condici¨®n de funcionario. Lo m¨¢s gracioso del caso es que algo parecido a esto ven¨ªa diciendo ya la normativa sobre oposiciones desde hace casi dos d¨¦cadas, pero a?os de desidia y de dejadez por parte de las autoridades educativas han impedido llevar a la pr¨¢ctica una medida que hubiera sido mucho m¨¢s l¨®gica y armoniosa.

A mi modo de ver, el requisito ling¨¹¨ªstico previo es una muestra m¨¢s del provincianismo que ha atenazado secularmente nuestra cultura, antes por unos motivos y ahora por otros. Pero son muchos los intereses inconfesables que abogan por un estado de cosas como el presente. Para los pol¨ªticos, est¨¦n en el gobierno o en la oposici¨®n, se trata de ganar votos o cuando menos de no perderlos. Resulta chocante que el PSPV se haya sumado a la reivindicaci¨®n del requisito... justo a partir del momento en que ha pasado a la oposici¨®n. No puede decirse que no tuvo tiempo para haberlo puesto en pr¨¢ctica. Y qu¨¦ decir del gobierno del PP, contrario a cualquier medida que favoreciera la normalizaci¨®n social del valenciano cuando se opon¨ªa visceralmente a la pol¨ªtica 'catalanista' de Cipri¨¤ Ciscar al frente de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n. O los sindicatos, defensores de pol¨ªticas como ¨¦sta, que autodefinen como progresistas a fuerza de repetirlo, cuando en la pr¨¢ctica no pasan de corporativistas. Si exceptuamos a los nacionalistas, que nunca han escondido sus reinvindicaciones bajo ninguna bandera que no fuera su propio ideario pol¨ªtico e ideol¨®gico, nos encontramos con una situaci¨®n ciertamente contradictoria, que hace bueno aquello de 'entre todos la mataron y ella sola se muri¨®'.

Y mientras tanto ser¨¢ la calidad de la ense?anza la que salga perdiendo, aunque eso ya no es ninguna novedad. No aspiraremos a contar con los mejores profesores, vengan de donde vengan, pero s¨ª a que el hijo del cartero o la sobrina del electricista, que son de aqu¨ª, de toda la vida, les den clase a nuestros hijos. De momento es la educaci¨®n obligatoria la que se va a formar con estos mimbres, y se libra la universidad. Pero todo se andar¨¢. En algunos lugares el asalto ya ha empezado.

Jos¨¦ Luis Blas Arroyo es catedr¨¢tico de universidad en el ¨¢rea de Lengua Espa?ola de la Universidad Jaume I.