El Poder Judicial asume la aplicaci¨®n del indulto atribuida por ley al Supremo

El acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reintegrar a Javier G¨®mez de Lia?o en la judicatura, avalado por la mayor¨ªa conservadora, y el voto particular suscrito por la minor¨ªa progresista coinciden en un punto: el CGPJ ha aplicado el indulto gubernamental al ex juez condenado por dictar resoluciones injustas a sabiendas, a pesar de que la Ley de Indulto y, por unanimidad, la Sala Penal del Supremo, consideran que la aplicaci¨®n de la gracia 'habr¨¢ de encomendarse indispensablemente al tribunal sentenciador', en este caso, a la Sala Penal del Supremo.

Las consecuencias que extraen de ese hecho uno y otro colectivo de consejeros del poder judicial son, en cambio, muy diferentes, incluso opuestas.

Para la mayor¨ªa conservadora, 'es ahora al Consejo a quien le corresponde resolver sobre las consecuencias de ese indulto' y 'si tras la sentencia penal lo que hizo el Consejo fue acusar recibo, anotarla en el expediente del interesado y darle de baja en el escalaf¨®n judicial, lo propio ahora es que el Consejo vuelva a darle de alta', con efectos econ¨®micos desde que tome posesi¨®n en su nuevo destino de juez.

La minor¨ªa progresista razona, por el contrario, que el regreso a la carrera judicial solicitado por G¨®mez de Lia?o 'no puede en modo alguno consistir en una simple declaraci¨®n de su inclusi¨®n en el escalaf¨®n' y dem¨¢s derechos, sino que es precisa 'la previa rehabilitaci¨®n conforme a las normas del C¨®digo Penal, tras la oportuna cancelaci¨®n de los antecedentes penales en el plazo de cinco a?os', 'que en todo caso requerir¨¢ informe del tribunal sentenciador', ya que 'pretender hurtar a la Sala sentenciadora una facultad que legalmente le confiere la Ley de Indulto (...) ni es jur¨ªdicamente posible (por no respetar las prescripciones legales vigentes), ni se corresponde con lo verdaderamente resuelto por el Tribunal de Conflictos'.

Nulidad de ra¨ªz

La conclusi¨®n a la que llega la minor¨ªa progresista es que el reintegro de G¨®mez de Lia?o, tal como lo ha decidido el CGPJ, en aplicaci¨®n del indulto, sin tener en cuenta los criterios del tribunal sentenciador , 'vicia el acuerdo en su ra¨ªz', por lo que se considera 'nulo de pleno derecho'.

La mayor¨ªa parte de que G¨®mez de Lia?o fue 'restablecido en su condici¨®n de juez por raz¨®n del indulto', por lo que 'el Consejo se encuentra as¨ª ante la solicitud de alguien que jur¨ªdicamente ya ha vuelto a ser juez y lo que interesa ahora es s¨®lo la plasmaci¨®n administrativa de esa nueva situaci¨®n'.

Por el contrario, la minor¨ªa insiste en que, dado que el tribunal sentenciador, la Sala Penal del Supremo, 'ha fijado unos criterios de aplicaci¨®n del indulto que no han sido revisados o anulados por instancia jurisdiccional alguna', 'la ¨²nica posibilidad en manos de este CGPJ es, bien ejecutar materialmente el indulto (...) en los t¨¦rminos en que fue aplicado por la sala sentenciadora en cuanto al modo de reintegro en la carrera judicial y el momento de llevarlo a cabo, o bien, m¨¢s correctamente, desestimar la petici¨®n de G¨®mez de Lia?o para posibilitar un nuevo auto de aplicaci¨®n del indulto por la sala sentenciadora'.

La mayor¨ªa se plantea 'si es posible jur¨ªdicamente que un juez ejerza la jurisdicci¨®n pese a contar con antecedentes penales no cancelados, m¨¢xime por un delito de prevaricaci¨®n dolosa [intencionada]'. Su respuesta es 'afirmativa', mediante la interpretaci¨®n de que la reforma Belloch s¨®lo excluy¨® del ejercicio judicial a los condenados a penas de privaci¨®n de libertad.

La minor¨ªa invoca el criterio de la Sala Penal del Supremo, que declar¨® 'absurdo e incongruente que pudieran estar dentro de la carrera judicial y ejerciendo funciones jurisdiccionales personas con antecedentes penales por delito doloso y que no han alcanzado todav¨ªa la rehabilitaci¨®n'.