Ataque a la protecci¨®n social

El Gobierno del Partido Popular pretende llevar a cabo una reforma que se antoja innecesaria, inadecuada e injusta. Se pretende producir un recorte en las prestaciones por desempleo, cuando las cotizaciones para este fin tienen un excedente de 3.400 millones de euros, unos 600.000 millones de pesetas, y sin embargo el 43% de los trabajadores en desempleo no tiene ninguna protecci¨®n.

Se quiebra un modelo de di¨¢logo social y concertaci¨®n que ha dado buenos frutos para las contrapartes y sobre todo para el pa¨ªs, y nos introduce en una senda de confrontaci¨®n y convulsiones sociales que en nada favorecer¨¢ al crecimiento, al consumo, a la econom¨ªa y al pa¨ªs. Este pa¨ªs necesita de mucho di¨¢logo y menos confrontaci¨®n, y los sindicatos tienen m¨¢s que probada su voluntad, disposici¨®n y responsabilidad en el compromiso con el di¨¢logo social.

El subsidio agrario es un sistema de protecci¨®n para los trabajadores del campo que es razonable, justo y barato

Y es una reforma profundamente injusta, porque viene a profundizar y agudizar el desequilibrio entre empresario y trabajador, reforzando al m¨¢s fuerte, el empresario y debilitando al m¨¢s d¨¦bil, el trabajador.

Las medidas propuestas vienen a facilitar y abaratar el despido, al difuminar la linde entre el despido procedente e improcedente y hacer desaparecer la causa para despedir, al empresario le dar¨¢ igual tener causa que no tenerla, el despido queda en manos de la decisi¨®n del empresario, y ahora sin costos, al desaparecer los salarios de tramitaci¨®n.

Los trabajadores fijos discontinuos en tiempo cierto no tendr¨¢n derecho al desempleo al cambiar la naturaleza jur¨ªdica de su contrato de trabajo y pasar a considerarse un contrato a tiempo parcial. Tampoco aquellos que tengan o hagan un contrato de inserci¨®n, tendr¨¢n derecho a desempleo ni subsidio.

Por tanto, como puede observarse apenas se le echa un vistazo a la reforma del Gobierno se concluir¨¢ que no es un problema de trabajadores en desempleo, no es una cuesti¨®n de parados, es del conjunto de los trabajadores y sobre todo, de los activos y ocupados.

Se agreden derechos, el desempleo deja de ser un derecho y aseguramiento, se ataca al sistema de protecci¨®n social, en uno de sus pilares b¨¢sicos, la protecci¨®n por desempleo, como punta de lanza para disminuir y destejer toda la red de protecci¨®n social, as¨ª consiguen, socavar y herir gravemente el Estado de bienestar tal y como lo conocemos en nuestro pa¨ªs. ?ste es el fin primero y ¨²ltimo del Gobierno del Partido Popular y, por esto, o damos una repuesta contundente, unitaria y democr¨¢tica, o el sistema de protecci¨®n social est¨¢ en grave riesgo de extinci¨®n en este pa¨ªs.

Finalmente la reforma del Gobierno hace desaparecer los programas de la AEPSA (Acuerdo para el Empleo y la Protecci¨®n Social y Agraria, antiguo PER) y hace entrar en v¨ªa de extinci¨®n el subsidio agrario.

Me van a permitir aclarar la diferencia entre AEPSA-PER y subsidio agrario. Son cosas distintas que nada tienen que ver, el ¨²nico v¨ªnculo entre ellos es que las jornadas que los trabajadores eventuales del campo realizan en alg¨²n programa de la AEPSA (11 de media), les cuenta para alcanzar las 35 peonadas necesarias para tener derecho a seis meses de subsidio. En consecuencia, subsidio y PER no son la misma cosa, de hecho, uno podr¨ªa existir sin el otro, aun cuando los dos siguen siendo indispensables.

La AEPSA-PER son programas de inversi¨®n que est¨¢n cofinanciados a trav¨¦s de los convenios INEM-Ayuntamientos cuyas partidas aparecen en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cada a?o y han servido y sirven para mejorar y adecentar los pueblos del medio rural, haciendo que las gentes vivan m¨¢s decentemente, lo que ha contribuido a fijar poblaci¨®n y evitar el despoblamiento del medio rural. Con estos programas se realizan obras desde colegios hasta cuarteles de la Guardia Civil, pasando por arreglo de calles, plazas, fuentes, pol¨ªgonos industriales, etc¨¦tera. Por cierto, debe saberse que esto existe en Castilla-Le¨®n, Castilla-La Mancha, Canarias, Arag¨®n, etc¨¦tera y no s¨®lo en Andaluc¨ªa y Extremadura. Esto es la AEPSA-PER, programas que han sido y siguen siendo necesarios en Andaluc¨ªa.

El subsidio agrario es un sistema de protecci¨®n por desempleo para los trabajadores eventuales del campo, ¨¦ste s¨ª, solo para Andaluc¨ªa y Extremadura que es razonable, justo y barato y que m¨¢s del 60% de estos trabajadores no llegan a percibirlo.

El ¨²ltimo censo de trabajadores eventuales del campo en Espa?a es de 828.000. De ¨¦stos, 590.000 lo son de Andaluc¨ªa y Extremadura. De estos 590.000 perceptores potenciales, s¨®lo unos 230.000 de media recibieron durante 2001 alg¨²n subsidio, con una media de cinco meses al a?o. Si de ¨¦stos descontamos los mayores de 52 a?os que est¨¢n protegidos por subsidio tambi¨¦n en el r¨¦gimen general, la resultante es que solo unos 140.000 trabajadores eventuales del campo, el 25% del total, recibieron el subsidio durante alg¨²n tiempo, en una media de cinco meses a 54.000 pesetas/mes. Debe saberse tambi¨¦n que estos trabajadores pagan mensualmente una cuota de 10.300 pesetas, trabajen o no trabajen. Por consiguiente, en torno al 75% de los trabajadores del sector agrario no ha tenido ninguna protecci¨®n.

Ateni¨¦ndonos a los datos, parece bastante razonable, justo y barato que este sistema persista para unos trabajadores que ya est¨¢n m¨¢s que discriminados, tanto desde el punto de vista de condiciones de trabajo, salariales, clim¨¢ticas, movilidad, etc¨¦tera. El subsidio les permite dignificar un poco esa condici¨®n de trabajador agrario.

Finalmente, se pretende proyectar un discurso perverso, malicioso y falso y por ello injusto y reaccionario, presentando al trabajador como culpable de su situaci¨®n de desempleo. Es decir, se criminaliza a la v¨ªctima y adem¨¢s se le presenta como vago, defraudador y golfo. S¨®lo un dato: de las inspecciones realizadas por el INEM, s¨®lo el 3% de las solicitudes de prestaci¨®n ten¨ªan alguna irregularidad, que no significa necesariamente fraude; de las 5.000 empresas inspeccionadas sobre la contrataci¨®n temporal, el 48% de los contratos (13.000) estaban en fraude de ley, y los trabajadores son las v¨ªctimas, no los culpables. El Gobierno deber¨ªa ocuparse de impulsar negociaciones y f¨®rmulas para reducir las altas tasas de temporalidad en el trabajo, el 32% en Espa?a, el 46% en Andaluc¨ªa, situaci¨®n que sufren y padecen los trabajadores. Reducir la temporalidad s¨ª que supondr¨ªa una excelente reforma de la protecci¨®n por desempleo al disminuir la rotaci¨®n en el cobro de prestaciones y subsidios.

En este pa¨ªs quienes cometen fechor¨ªas y golfer¨ªas tienen nombres y apellidos: est¨¢n en las esferas de las amistades de miembros del Gobierno y localizados en el BBVA, Gescartera, las El¨¦ctricas, Telef¨®nicas, secretar¨ªas de Estado, etc¨¦tera y para los que el Gobierno, con Aznar al frente, tienen guantes de seda, mientras utiliza para los trabajadores el brazo de hierro. Los trabajadores lo que queremos es trabajar dignamente, y por eso tenemos la osad¨ªa de pedir derechos, estabilidad y seguridad.

Julio Ruiz es secretario general CC OO-A.