Funcionarios judiciales de Pamplona exigen cobrar el plus de peligrosidad

Los funcionarios de los juzgados de Instrucci¨®n de Pamplona (agentes, auxiliares y oficiales de justicia) han exigido que se les pague el plus de peligrosidad por terrorismo de 360 euros mensuales que el Ministerio de Justicia concede desde abril a todos los secretarios judiciales destinados en el Pa¨ªs Vasco y Navarra, con independencia de su jurisdicci¨®n y localidad de destino, por la 'especial dificultad' que supone desarrollar su trabajo bajo la amenaza etarra. Estos profesionales han planteado su reclamaci¨®n en un documento que han remitido al ministerio, el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Superior navarro y el Gobierno foral.

Los profesionales afectados, unas 40 personas en los cuatro juzgados de Instrucci¨®n de la capital navarra, critican lo que consideran una habitual vulneraci¨®n de los preceptos de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, pues se ven forzados a estudiar expedientes y tomar declaraciones en solitario, en ausencia de los jueces, a denunciantes, denunciados, testigos 'e incluso en excesivas ocasiones' a imputados, con la consiguiente merma de las garant¨ªas jur¨ªdicas y procesales.

El documento de la Junta de Personal agrega que se requiere a los oficiales para que est¨¦n presentes en la entrada y registro de viviendas particulares y locales comerciales y empresariales durante operaciones policiales vinculadas a la lucha antiterrorista.

Todo ello, indican los funcionarios, se une a la 'imperiosa necesidad' de asumir responsabilidades y tomar decisiones que exceden sus atribuciones durante los turnos de guardia en jornadas de tarde, festividades o fines de semana, en las que, se?alan, deben atender al p¨²blico o practicar ciertas diligencias en ausencia de jueces y secretarios judiciales en los juzgados de guardia.

Responsables judiciales han minimizado la gravedad de las acusaciones, asegurando que el exceso de trabajo es general a todos los cuerpos profesionales y que, en algunos casos, se trata de pr¨¢cticas comunes en todos los juzgados espa?oles. 'En las mesas de negociaci¨®n nosotros defendimos la mejora de las medidas de seguridad para prevenir la acci¨®n terrorista', indica Miguel ?ngel Mart¨ªnez, de CCOO, presidente de la Junta de Personal, 'pero dado que el ministerio prefiri¨® la v¨ªa econ¨®mica, pedimos que no haya discriminaci¨®n por un concepto que nos afecta y por el que ya son recompensados jueces, fiscales y secretarios'. Mart¨ªnez ha reiterado el malestar existente en los juzgados, en los que se ha producido una 'desbandada' al haber solicitado muchos funcionarios un cambio de juzgado por su situaci¨®n laboral y la 'discriminaci¨®n' econ¨®mica.

De momento, el ¨²nico en responder a las demandas ha sido el presidente del Superior navarro, Rafael Ruiz de la Cuesta, quien ha dicho que 'ampara' las reivindicaciones de los afectados y ha prometido que se estudiar¨¢n en una pr¨®xima reuni¨®n de la Sala de Gobierno del tribunal.