Altadis vierte duras cr¨ªticas al Tribunal de la Competencia
Altadis disiente abiertamente con las tesis del Tribunal de Defensa de la Competencia. La empresa resultado de la fusi¨®n de Tabacalera y la francesa Seita dijo ayer que la multa impuesta por ese tribunal a Altadis el pasado 24 de abril de tres millones de euros por no ceder sus marcas de tabaco a la distribuidora McLane 'no se ajusta a derecho' y que por tanto ser¨¢ recurrida ante la Audiencia Nacional.
El Tribunal de la Competencia es la primera vez que se encuentra con una cr¨ªtica tan frontal a una resoluci¨®n sancionadora. Un comunicado de la empresa divide sus cr¨ªticas en cuatro puntos. En primer lugar, considera que la 'resoluci¨®n del tribunal impone a Altadis un proveedor de servicios log¨ªsticos, hecho sin precedentes ni en Espa?a ni en la Uni¨®n Europea'. Seg¨²n esas fuentes, es la primera vez que se obliga a una empresa que ya tiene organizada su log¨ªstica a contratar sus servicios con un operador determinado. Esta imposici¨®n no tiene base legal, seg¨²n Altadis.
En segundo lugar, Altadis recalc¨® ayer que el marco legal del mercado del tabaco ha cambiado desde 1996 cuando se interpuso la denuncia de McLane, ya que las medidas de los a?os 1999 y 2000 han liberalizado totalmente la distribici¨®n mayorista. En Espa?a solamente se mantiene el monopolio en la distribuci¨®n minorista en los estancos con la titularidad del Estado bajo concesi¨®n administrativa.
En tercer lugar, Altadis afirma que la resoluci¨®n no favorece a los consumidores, ya que cada fabricante fija el precio de sus marcas en libre competencia sobre el que los estanqueros obtienen un margen fijado por la ley. Por tanto, los mayoristas no intervienen en el precio final.
En cuarto lugar, seg¨²n Altadis, la resoluci¨®n del tribunal crea un precedente en el sector log¨ªstico en general que 'podr¨ªa llevar a situaciones anticompetitivas, ya que se podr¨ªa dar la contradicci¨®n de que los fabricantes estuvieran obligados a dar sus productos a cualquier distribuidor que lo pida con independencia de su capacidad. Fuentes del tribunal han se?alado que ser¨¢ la Audiencia Nacional la que debe decidir si la resoluci¨®n se ajusta o no a derecho.
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