El PSOE e IU se plantean recurrir ante el Constitucional la reforma del paro por decreto
La oposici¨®n cree que el Gobierno no puede justificar 'la urgente necesidad' de la medida
Las direcciones del PSOE e Izquierda Unida consideran inconstitucional la decisi¨®n del Gobierno de aplicar mediante un decretazo la reforma de la protecci¨®n por desempleo. Un m¨¦todo que para el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, 'huele a franquismo'. Los principales partidos de oposici¨®n analizan la presentaci¨®n de un recurso ante el Tribunal Constitucional porque consideran muy dif¨ªcil que el Ejecutivo pueda justificar la 'extraordinaria y urgente necesidad' exigida por la Constituci¨®n para adoptar esa v¨ªa, ya que existe un super¨¢vit en las cotizaciones al paro de 3.000 millones de euros.
Los dos principales partidos de oposici¨®n est¨¢n analizando el alcance de la decisi¨®n tomada el viernes por el Gobierno del Partido Popular de aplicar por la v¨ªa del decreto la reforma del desempleo, as¨ª como la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad. Ayer fue tratada por la presidencia general de IU y el lunes se abordar¨¢ en la ejecutiva federal del PSOE, que tambi¨¦n prepara iniciativas parlamentarias ante el decretazo del Ejecutivo, as¨ª como la presentaci¨®n de mociones en los ayuntamientos para reclamar la marcha atr¨¢s de esa reforma.
El criterio com¨²n de los dos partidos es que no est¨¢ justificada la urgencia requerida por la Carta Magna para aplicar por la v¨ªa del decreto medidas que afectan a los ciudadanos. El diputado y portavoz del PSOE en la Comisi¨®n Parlamentaria Constitucional, Diego L¨®pez Garrido, denunci¨® ayer 'la inconstitucionalidad flagrante y consciente en la que ha incurrido el Gobierno' al dar luz verde a la reforma y anunci¨® que su partido 'tomar¨¢ medidas'. L¨®pez Garrido calific¨® de 'extraordinaria gravedad' que el Ejecutivo del PP apruebe por real decreto esas medidas 'de forma premeditada y sabiendo perfectamente que est¨¢ vulnerando la Constituci¨®n'.
Ante esta situaci¨®n, apunt¨® que la oposici¨®n y, por tanto, el PSOE 'debe adoptar medidas a la altura de la provocaci¨®n gubernamental' y anunci¨® que dichas medidas, que no quiso avanzar, 'se tomar¨¢n con respeto democr¨¢tico en la ejecutiva socialista del pr¨®ximo lunes'.
L¨®pez Garrido cree que el Gobierno 'no solamente vulnera el art¨ªculo 28 de la Constituci¨®n cuando hace un ataque frontal a la libertad sindical para convocar una huelga', sino que adem¨¢s 'cae sin ninguna clase de dudas en la vulneraci¨®n del art¨ªculo 86.1 de la Constituci¨®n, que dice que los decretos leyes s¨®lo se pueden aprobar en caso de extraordinaria y urgente necesidad', algo que no se da en este caso, a su juicio.
Argumentos similares esgrimen los responsables de Izquierda Unida, que mantienen contactos con el PSOE para analizar conjuntamente la decisi¨®n del Gabinete Aznar. Su coordinador general, Gaspar Llamazares, asegur¨® ayer que 'es un decreto de excepci¨®n contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos democr¨¢ticos de los diputados, de los ciudadanos y contra la Constituci¨®n'. As¨ª lo afirm¨® al t¨¦rmino de la reuni¨®n de la presidencia federal extraordinaria de IU, en la que se abord¨® la huelga general del 20 de junio convocada por las centrales y a la que asistieron los sindicalistas Lola Liceras (CC OO) y Toni Ferrer (UGT) para exponer la situaci¨®n del enfrentamiento con el Gobierno. Los sindicatos creen que est¨¢n fundamentados los argumentos para que los partidos puedan presentar un recurso.
Llamazares cree que la reforma 'huele a franquismo', quiebra las garant¨ªas democr¨¢ticas y amenaza la sostenibilidad del modelo de Estado del Bienestar, por lo que considera necesaria una repuesta masiva de la ciudadan¨ªa. El coordinador general de IU conf¨ªa en 'no tener que llegar hasta el l¨ªmite de recurrir ante el Tribunal Constitucional' y en que la iniciativa del Gobierno, tras la convalidaci¨®n del decreto ley, sea tramitada como proyecto de ley en el Congreso, para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas.
Para el dirigente ugetista Toni Ferrer tampoco existen razones para justificar la adopci¨®n de la norma por 'v¨ªa de urgencia'. Lola Liceras cree que tan importante como la forma es el fondo de las medidas. Por ello considera necesario divulgar los contenidos espec¨ªficos de la reforma para que los ciudadanos sean conscientes de los efectos 'directos e inmediatos' en los derechos de los trabajadores en activo y parados.
La dirigente de CC OO asegur¨® que el decreto ley potencia la precariedad y la temporalidad laboral, ya que no dulcifica las propuestas iniciales en cuanto a los salarios de tramitaci¨®n, penaliza a los trabajadores agrarios y dificulta su acceso a las prestaciones contributivas.
El ajuste de 1992
La reforma de la protecci¨®n por desempleo entrar¨¢ en vigor ma?ana lunes tras ser publicada ayer en el Bolet¨ªn Oficial del Estado como un decreto ley de medidas urgentes. Una celeridad que el Gobierno del Partido Popular ha justificado equipar¨¢ndola a anteriores reformas, similitud que no existe, seg¨²n los partidos de oposici¨®n. Los ajustes en la protecci¨®n a los parados que aplic¨® el Gobierno del PSOE en 1992 se produjeron en medio de una grav¨ªsima crisis del empleo y con un d¨¦ficit en las cotizaciones del Inem de 5.000 millones de euros (800.000 millones de pesetas de entonces). Una reforma que fue el detonante de la huelga general de media jornada llevada a cabo por los sindicatos el 28 de mayo de 1992. Esa urgencia presupuestaria por d¨¦ficit en el Inem ahora no existe, sino que por el contrario cuenta con un super¨¢vit de cotizaciones al paro de 3.000 millones de euros.
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