Los Estados podr¨¢n obligar a las empresas a retener los datos de los internautas por razones de seguridad

El 11-S tambi¨¦n ha tenido consecuencias en la legislaci¨®n de telecomunicaciones de la Uni¨®n Europea. Una directiva aprobada ayer deja abierta la puerta a los gobiernos europeos a que obliguen por ley a las compa?¨ªas proveedoras de Internet a conservar los datos electr¨®nicos de sus clientes durante un tiempo limitado para poder acceder a ellos en casos de emergencia de seguridad nacional o para perseguir delitos. En esa misma norma se recoge la prohibici¨®n de enviar spam o correo no deseado a los usuarios de Internet si ¨¦stos no han otorgado previamente su consentimiento.

Dejar la puerta abierta a esa obligatoriedad de conservar los datos es un asunto que ha movilizado en contra a 50 organizaciones c¨ªvicas involucradas en la defensa del consumidor y la libertad de expresi¨®n, a 16.000 ciudadanos que han protestado con su firma, a buena parte de la Euroc¨¢mara -a liberales, verdes, comunistas y radicales- e incluso a la patronal europea. Esta ¨²ltima teme tener que afrontar los cuantiosos gastos extraordinarios que les supondr¨¢ mantener archivados todos los datos del tr¨¢fico en Internet durante un periodo limitado que cada gobierno puede establecer a su arbitrio.

Actualmente, las empresas s¨®lo guardan los datos durante el periodo de facturaci¨®n del servicio. Despu¨¦s, los eliminan. La directiva se refiere a los datos de tr¨¢nsito: origen y destino de los mensajes, as¨ª como la hora y duraci¨®n del env¨ªo (como la factura telef¨®nica). ?Se encargar¨¢n las empresas de eliminar los contenidos y guardar s¨®lo esos datos? Una fuente diplom¨¢tica de Bruselas admit¨ªa ayer que este detalle no est¨¢ contemplado.

El radical italiano Marco Cappato, ponente de la directiva en el Parlamento Europeo, ha protestado contra esta norma por considerar que restringe enormemente las libertades de los ciudadanos. Cappato pretend¨ªa introducir expresamente la cautela de que la conservaci¨®n de los datos se ordenase siempre bajo mandamiento judicial y caso por caso. 'Es peligroso y prematuro dar carta blanca al r¨¦gimen europeo de retenci¨®n de datos como parte de esta directiva', se queja la liberal brit¨¢nica Sarah Ludford.

Los socialistas, que apoyaron ayer el texto, consideran que introducir esta cautela es innecesario. 'La directiva a?ade que tales acciones se har¨¢n siempre bajo el marco jur¨ªdico comunitario y nacional. As¨ª que, por ejemplo, en Espa?a es impensable legislar de tal manera que se eluda la tutela judicial', explica la eurodiputada socialista Anna Terr¨®n i Cus¨ª. El PP admite que se ha optado, como quer¨ªan los gobiernos, por una f¨®rmula que agiliza la persecuci¨®n de los delitos. 'No ser¨ªa necesario el mandamiento judicial, aunque s¨ª, en l¨ªnea con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el control judicial posterior', explica la popular Ana Palacio, que a?ade: 'El nudo gordiano es el dif¨ªcil equilibrio entre libertad y seguridad'.

La directiva consagra previamente la obligaci¨®n de los Estados a garantizar la confidencialidad de las comunicaciones y de los datos de tr¨¢fico asociados a ellas, prohibiendo la escucha, grabaci¨®n y almacenamiento. La opci¨®n de obligar a conservar los datos es una excepci¨®n para 'proteger la seguridad nacional, la defensa, la seguridad p¨²blica, o la prevenci¨®n, investigaci¨®n, descubrimiento y persecuci¨®n de delitos' y ha de adoptarse siempre que la medida sea 'apropiada y proporcionada'.

La directiva qued¨® ayer aprobada tras dos a?os de tramitaci¨®n y entrar¨¢ en vigor en breve. Los Quince deber¨¢n trasponerla a sus legislaciones nacionales antes de finales de julio de 2003. La presidencia espa?ola, muy criticada por introducir principios como el de la conservaci¨®n de los datos, ha logrado as¨ª cerrar durante su mandato todo el paquete de telecomunicaciones (cinco directivas).

Uno de los asuntos m¨¢s importantes que resuelve este ¨²ltimo texto relativo a la protecci¨®n de datos es la consagraci¨®n del llamado opt-in, o consentimiento previo por parte de los clientes para recibir spam o correo no deseado a trav¨¦s de Internet, o tambi¨¦n mediante llamada telef¨®nica autom¨¢tica o fax. Esto significa que las empresas no podr¨¢n hacer publicidad indiscriminada por la Red, salvo que el usuario haya aceptado formar parte de sus listas. Se contempla la excepci¨®n de que, en caso de que los clientes hayan dado ya sus datos a una empresa tras una relaci¨®n comercial, ¨¦sta pueda introducirlos en sus listas. No obstante, seg¨²n el texto, el consumidor siempre puede acogerse al opt-out (pedir salir de la lista), a?ade.