Un retroactivo ajuste de cuentas

Fue el 29 de octubre de 1998 cuando el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional debati¨® la jurisdicci¨®n extraterritorial espa?ola sobre los cr¨ªmenes de las dictadura chilena. Era una jornada especial. En la prensa de ese d¨ªa 29 se hablaba de una cosa: el d¨ªa anterior, 28 de octubre, el alto tribunal de Justicia hab¨ªa resuelto en Londres que el ex dictador Augusto Pinochet, arrestado desde la noche del 16 de octubre a petici¨®n del juez Baltasar Garz¨®n, gozaba de inmunidad. Aunque los mismos jueces ingleses permit¨ªan presentar un recurso de apelaci¨®n ante el comit¨¦ judicial de la C¨¢mara de los Lores, la idea dominante era que Pinochet ser¨ªa liberado en pocos d¨ªas.

El magistrado Luis Mart¨ªnez Salinas hab¨ªa expresado a sus colegas de la Audiencia Nacional, antes del pleno del d¨ªa 29, su posici¨®n contraria a la jurisdicci¨®n espa?ola.

El d¨ªa 30 de octubre, Mart¨ªnez Salinas y los otros diez magistrados votaron por unanimidad a favor de la jurisdicci¨®n espa?ola. Mart¨ªnez Salinas dijo que la exposici¨®n de la profesora de derecho penal Carmen Lamarca sobre el delito de terrorismo le hab¨ªa resuelto todas las dudas.

Para sorpresa de muchos magistrados, los jueces lores resolvieron en noviembre de 1998 anular la inmunidad de Pinochet. Y empez¨® as¨ª el procedimiento de extradici¨®n.

El primer ajuste de Mart¨ªnez Salinas vino con ocasi¨®n de la querella de genocidio en Guatemala, donde amenaz¨® con votar en contra, lo que se evit¨® con una transacci¨®n. Ahora ha vuelto a la carga. El tema de la jurisdicci¨®n es todo lo discutible que se quiera. Pero las sentencias del Supremo no deber¨ªan ser tan tergiversables con semejante impunidad.