Opiniones predelictivas

Fueron 304 de 320 diputados presentes en el Congreso los que dieron su apoyo a la Ley de Partidos de Aznar, expresamente preparada para ilegalizar a Batasuna. Se trata de una mayor¨ªa contundente, pero tambi¨¦n una de esas mayor¨ªas que evidencian la ficci¨®n sobre la que se asienta la doctrina jacobina: que la abrumadora mayor¨ªa de los que se oponen a la ley resida en Euskadi quita valor a cualquier cifra. Es como decir que Gibraltar nunca ser¨ªa un problema porque, de cuarenta millones de peninsulares, s¨®lo 20.000 est¨¢n en contra de la anexi¨®n. Los gibraltare?os, claro.

Sabemos que la evanescente consulta popular que predica el lehendakari podr¨ªa fracturar la sociedad vasca. Se ha repetido hasta la saciedad y tal vez por la sencilla raz¨®n de que ser¨ªa cierto. Curiosamente, nadie ha interpuesto el mismo argumento a la hora de calificar la Ley de Partidos, como si con ella no se fracturara tambi¨¦n la sociedad, el sistema pol¨ªtico, los principios democr¨¢ticos, incluso las conciencias. De hecho, con la Ley de Partidos se fracturan muchas cosas. Uno se ve en la obligaci¨®n de defender, por convicciones democr¨¢ticas, a una formaci¨®n pol¨ªtica absolutamente impresentable. Uno se ve en la obligaci¨®n de recordar que, en democracia, tanto o m¨¢s importante que airear las ideas propias est¨¢ la defensa del derecho de los dem¨¢s a airear las suyas.

Nadie sac¨® de la ley a Manuel Fraga cuando lleg¨® la democracia. Nadie pide ahora ilegalizar a un partido fascista como Democracia Nacional. Nadie cuestion¨® al partido socialista cuando mareas de entusiastas acud¨ªan a cierta prisi¨®n de Guadalajara, a jalear a delincuentes recluidos en virtud de sentencia firme y proceso penal justo. Ning¨²n dem¨®crata exige que Arafat disuelva la OLP. Nadie recuerda que Espa?a acaba de hospedar alegremente a terroristas palestinos. Pero, sobre todo, nadie tiene derecho a hacernos esto a los dem¨¢s: privarnos de la fuerza moral de discutir con un batasuno porque sabemos que tenemos la raz¨®n; liquidar nuestra fe en que el Estado de Derecho es Estado de Derecho m¨¢s all¨¢ de la naci¨®n que se arrogue su propiedad; expropiarnos la fuerza moral de rechazar la violencia frente a ese panadero, ese taxista, ese abogado, que se permite creer en ella.

Prefiero que los adversarios sean visibles y que Aznar no me los oculte. Prefiero que el Estado tenga la raz¨®n hasta el final antes que reconocer que ya no creo en ¨¦l del todo. Y esta reflexi¨®n nada tiene que ver con negociaciones imposibles, ni con cesiones al terror. Apl¨ªquese la ley hasta el final con todos los delincuentes. Vayan a la c¨¢rcel todos y cada uno de los autores, c¨®mplices, encubridores e inductores de asesinato que existan en Batasuna o en cualquier otra parte. Pero eso estaba ya previsto en el C¨®digo Penal. Otra cosa es privar de voto a decenas de miles de personas.

Tiene el Estado derecho a confortarse en sus mayor¨ªas de disciplinados diputados, pero yo hoy me siento lejos de ¨¦l. Porque no hablamos de los que matan, hablamos de los que conceptualmente apoyan a los que matan. Preferir¨ªa que no les cosieran los labios. Gracias al Estado, gracias a la ¨²ltima gracia del Estado, siento que mi palabra tendr¨¢ menos valor: ahora habr¨¢ una palabra contraria que resultar¨¢ inaudible.

Se apropian de la Constituci¨®n quienes no aciertan a comprenderla, quiz¨¢s porque al fin se ha hecho evidente que algunos que dicen defenderla no defienden exactamente la libertad, sino otra cosa (quiz¨¢s s¨ªmbolos, banderas, soberan¨ªas). Pobre Constituci¨®n de 1978. Acabar en lo de siempre, en uno de esos numerosos, infames y ef¨ªmeros papelajos que salpicaron el siglo XIX espa?ol, instrumentos en manos de una facci¨®n. Cuando ante la pastoral de los obispos vascos, en medio de diatribas m¨¢s o menos leg¨ªtimas, se han alzado voces que reclaman la intervenci¨®n del fiscal general del Estado, habr¨¢ que empezar a preguntarse qu¨¦ clase de libertad se est¨¢ gestando. O ser uno m¨¢s prudente y adoptar nuevas costumbres: por ejemplo, contar hasta diez antes de poner nada por escrito.