Blair quiere que ayuntamientos y ministerios puedan espiar los correos electr¨®nicos

El Gobierno de Tony Blair quiere extender al n¨²cleo de la Administraci¨®n p¨²blica, incluidos ministerios, ayuntamientos y diversos servicios p¨²blicos, el derecho a rastrear el correo electr¨®nico, las llamadas telef¨®nicas y los lugares en que se ha utilizado el m¨®vil, sin orden judicial. La propuesta, que ha indignado a los defensores de los derechos civiles, puede entrar en vigor en agosto pr¨®ximo si recibe el apoyo de un comit¨¦ t¨¦cnico del Parlamento, que no la discutir¨¢ en el pleno de la C¨¢mara.

El duro ministro del Interior, David Blunkett, justifica tan dr¨¢stica medida en la necesidad de luchar contra el terrorismo y la delincuencia en general. Lo m¨¢s sorprendente es que ya desde hace dos a?os la polic¨ªa, los servicios secretos, aduanas y Hacienda pod¨ªan hacer ese rastreo sin permiso judicial.

Ahora, ese mecanismo de lucha antiterrorista se extiende a siete ministerios (incluidos los de Agricultura o Sanidad, por ejemplo), todas las corporaciones locales y una decena de agencias del Gobierno, como la de Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria o Servicios Postales, seg¨²n informaba ayer el diario The Guardian.

Los funcionarios de un determinado nivel podr¨¢n exigir a las compa?¨ªas de tel¨¦fonos, proveedores de Internet y operadores postales informaci¨®n detallada sobre sus clientes. Entre esa informaci¨®n se incluye el nombre y direcci¨®n, llamadas telef¨®nicas realizadas y recibidas, identificaci¨®n de las p¨¢ginas visitadas en Internet y localizaci¨®n geogr¨¢fica de las llamadas de m¨®viles, lo que permite saber d¨®nde ha estado una persona con un error de unos cientos de metros.

Las compa?¨ªas proveedoras de servicios estar¨¢n obligadas a entregar el listado de esas comunicaciones, pero no podr¨¢n revelar el contenido de las conversaciones o el correo.

La medida puede entrar en vigor en agosto pr¨®ximo modificando la ley de 2000 que regula los poderes de investigaci¨®n. Para ello no se necesita el apoyo del pleno del Parlamento: basta el visto bueno de un comit¨¦ parlamentario especializado.

El Gobierno asegura que la medida es necesaria para luchar contra el terrorismo y el crimen en un mundo que utiliza cada vez m¨¢s esos medios de comunicaci¨®n, lo que incluye la salvaguardia de la seguridad nacional, prevenci¨®n o detecci¨®n del crimen, salud p¨²blica, cobro de impuestos y cualquier otro prop¨®sito especificado en una orden por el Ministerio del Interior.

Ataque a la privacidad

El diario The Guardian, profundamente cercano al laborismo pero siempre cr¨ªtico con las decisiones del Gobierno de Blair que a su juicio atentan contra las libertades, hace un llamamiento para paralizar la propuesta en un dur¨ªsimo editorial titulado 'Las libertades brit¨¢nicas, RIP'. El diario afirma que se trata de 'una burla al derecho a la privacidad que se supone que la Ley de Derechos Humanos tiene que proteger'. La medida 'no va a ayudar a capturar terroristas pero va a aumentar la sospecha p¨²blica y la desconfianza hacia los servicios de seguridad y la polic¨ªa'.

Simon Davies, director de la organizaci¨®n de defensa de derechos civiles Privacy, denunci¨® que 'el Ministerio del Interior ha roto su compromiso de que esta ley no se convertir¨ªa en un poder generalizado de vigilancia al servicio del Gobierno'. 'La exhaustiva lista de organismos que podr¨¢n acceder a los datos sin una orden judicial prueba que estamos ante un ataque sistem¨¢tico del derecho a la privacidad'.

Bob Satchwell, director de la Sociedad de Editores de Diarios, advirti¨® ayer de los peligros que se derivan tambi¨¦n para la prensa de la propuesta. 'Es muy diferente que las autoridades tengan que ir al juez para lograr esa informaci¨®n, porque los editores tienen confianza en un juez que tenga en cuenta el inter¨¦s p¨²blico del periodismo de investigaci¨®n'.