Derechos y deberesante la huelga

En toda huelga general hay tres momentos decisivos: la batalla previa por los servicios m¨ªnimos en el transporte, la propia jornada de paro y la negociaci¨®n ulterior. Los servicios m¨ªnimos en el transporte son habitualmente decisivos en la dimensi¨®n de la huelga. Sin embargo, su amplitud no es necesariamente el factor esencial de la negociaci¨®n posterior, que depende del respaldo ciudadano a los sindicatos. Y ese respaldo se sustenta en buena medida en que los convocantes acrediten responsabilidad: respeto a los servicios m¨ªnimos y renuncia a la coacci¨®n de los piquetes.

No hay derechos ilimitados. La Constituci¨®n remite a una ley la regulaci¨®n de los servicios m¨ªnimos. En ausencia de tal ley, la responsabilidad de fijarlos corresponde a la Administraci¨®n (central, auton¨®mica, municipal) que tenga atribuida la competencia. La l¨®gica de ese planteamiento es que la Administraci¨®n arbitra entre los sindicatos convocantes y la empresa o empresas afectadas. El problema cambia cuando la huelga se dirige contra la Administraci¨®n, como es el caso. Resulta discutible que sea una de las partes la que arbitre.

Lo deseable ser¨ªa un acuerdo negociado, aunque una sentencia del Constitucional de 1986 establec¨ªa que la negociaci¨®n no es indispensable para la validez de la decisi¨®n administrativa. El Gobierno asegura que, en la parte que le corresponde, se ha limitado en t¨¦rminos generales a establecer los mismos servicios de la ¨²ltima huelga general, en enero de 1994, alegando (por boca de Aznar) que, en todo caso, tendr¨ªan que ser m¨¢s amplios porque ahora hay tres millones m¨¢s de ocupados. Esto ¨²ltimo es una falacia, porque si hay m¨¢s empleo tambi¨¦n hay m¨¢s servicios, y lo que se discute es el porcentaje respecto a los actuales, no a los de hace ocho a?os. Los sindicatos, por su parte, han dicho que no cumplir¨¢n unos servicios m¨ªnimos que consideran abusivos. Para ello invocan sentencias en las que los tribunales dieron la raz¨®n a sus recursos en este sentido, aunque meses despu¨¦s de la huelga. Esto tampoco es del todo exacto. En Madrid, por ejemplo, los tribunales confirmaron lo establecido por el Gobierno regional de Leguina en 1994.

Lo l¨®gico ser¨ªa que existiera un mecanismo r¨¢pido de resoluci¨®n, como en los casos de convocatorias de manifestaciones prohibidas por la autoridad gubernativa. Que tal posibilidad no s¨®lo es te¨®rica lo demuestra el auto dictado ayer por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana por el que suspende cautelarmente los servicios m¨ªnimos fijados por el Gobierno regional y convoca a las partes para que expongan sus alegaciones antes de fijar, hoy mismo, un criterio definitivo, y que el Supremo delibere hoy sobre los recursos sindicales contra el decreto gubernamental que dicta los servicios m¨ªnimos de televisi¨®n.

Al margen del aspecto jur¨ªdico, el acuerdo en esta batalla previa era improbable porque tanto el Gobierno como los sindicatos se han planteado el asunto de la reforma del desempleo como un pulso de poder. El Gobierno, con su planteamiento unilateral de unas medidas que, al implicar recortes de derechos, deb¨ªan haber sido el resultado de una negociaci¨®n con contrapartidas sociales; los sindicatos, rechazando cualquier negociaci¨®n si no se retiraba de entrada el proyecto.

La encuesta del CIS refleja que la mayor¨ªa de la poblaci¨®n comparte los motivos de la huelga, pero no est¨¢ decidida a participar en ella y piensa, abrumadoramente, que los sindicatos deben cumplir los servicios m¨ªnimos. Una traducci¨®n razonable de esos datos ser¨ªa que la opini¨®n mayoritaria considera abusiva la reforma del Gobierno, pero no est¨¢ segura de que la respuesta adecuada sea una huelga general; y que su opini¨®n definitiva sobre la misma depende de que existan o no factores coactivos.

Que unos sindicatos responsables digan que no piensan cumplir la ley es un s¨ªntoma de la persistencia de inercias anacr¨®nicas. Las objeciones contra los servicios m¨ªnimos, en el sentido de que no pueden vaciar de contenido el derecho de huelga, carecen de sentido en referencia a los transportes cuando se trata de una huelga general. El derecho de unos miles de trabajadores de ese sector no puede condicionar de manera tan decisiva los de los cientos de miles (o millones) de cualquier sector que dependen de ellos para poder elegir entre hacer o no hacer huelga. El Gobierno ha adelantado su disposici¨®n a reanudar el di¨¢logo con los sindicatos tras el 20-J, seguramente para evitar dar la impresi¨®n de que el di¨¢logo es un efecto de la huelga. Pero los resultados de ese di¨¢logo dependen de la responsabilidad que ma?ana acrediten las centrales.