Portazo

Durante los d¨ªas previos a la fecha de la convocatoria de huelga general el Gobierno de Aznar, con todo lo que le acompa?a, ha venido trasmitiendo a la sociedad que el ejercicio de este derecho fundamental carec¨ªa de justificaci¨®n. Tambi¨¦n del peligro de ejercer este derecho. Hasta tal punto ha sido as¨ª que los ministros, en pleno y en suelto, han venido negando que el Real Decreto (RD) suprima los salarios de tramitaci¨®n, el acceso al subsidio agrario..., y todo un etc¨¦tera, cuando no hay m¨¢s que leer el RD, para saber que las supresiones de derechos sociales y laborales eran las realidades que justificaban la convocatoria de huelga..

Lleg¨® el d¨ªa y el Gobierno de Aznar, con su corresponsal Te¨®fila para Andaluc¨ªa, han seguido en sus trece. Niegan la evidencia. Ahora toca alterar, cambiar y mentir sobre el seguimiento y el n¨²mero de manifestantes, cuando cualquier persona que haya paseado por Sevilla pudo comprobar que el seguimiento fue total. Claro que tambi¨¦n puede ser que la Delegaci¨®n del Gobierno no comprendiera que lo que ten¨ªa que contar eran ciudadanos y no polic¨ªas, perros y caballos. De ah¨ª que sit¨²e la cifra en 9.300 criaturas.

Sea lo que sea, lo que es seguro es que un comportamiento de esta naturaleza no cambia de un d¨ªa para otro. Este comportamiento hace pensar que se siguen ignorando derechos fundamentales. Ahora toca el de informaci¨®n, que es uno los derechos de la sociedad como tal y de cada uno de sus miembros, que les permiten conocer los asuntos que afectan a la vida colectiva. Un conocimiento del que depende la participaci¨®n en el sistema democr¨¢tico, pues es imprescindible para el ejercicio de derechos y libertades. Esta voluntad, y este empecinamiento en seguir mintiendo, hace in¨²til el llamamiento de sindicatos y Junta al Gobierno para que cambie las formas y se negocie sobre un RD que hace mucho da?o a los trabajadores en general y un poquito m¨¢s a los del campo andaluz.

No hay mano tendida. S¨ª un portazo sin justificaci¨®n, y contestado. Tal vez, a la vista de lo que exige la sociedad y mientras se pierde la esperanza en los cambios, el Gobierno andaluz, en el marco de sus competencias, est¨¦ obligado a dictar algunas medidas que corrijan algunos de los efectos que va a provocar el decretazo en Andaluc¨ªa.