La Audiencia Nacional multa a los miembros de UGT que perturbaron un pleno de las Cortes

Jos¨¦ Mar¨ªa V¨¢zquez Honrubia, juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, impuso ayer una multa de 360 euros a los nueve miembros de la Federaci¨®n de Servicios P¨²blicos de UGT que perturbaron el pleno de las Cortes Valencianas que se celebraba el 21 de noviembre de 2000 por un delito de alteraci¨®n no grave del orden en la C¨¢mara. Los nueve sindicalistas desplegaron una pancarta cuando interven¨ªa ante el pleno el consejero de Hacienda. Marcela Mir¨®, presidenta de las Cortes, par¨® la intervenci¨®n y orden¨® la expulsi¨®n de los miembros de UGT.

Los sindicalistas, todos ellos miembros de la direcci¨®n de la FSP-UGT, con su secretario general, Luis Lozano, a la cabeza, protestaban en noviembre de 2000 contra la congelaci¨®n salarial impuesta a los funcionarios desde el Gobierno central y que se trasladaba a los empleados de la Administraci¨®n auton¨®mica. Cuando el consejero de Hacienda, Vicente Rambla, explicaba ante el pleno de las Cortes las l¨ªneas generales del presupuesto, desplegaron una pancarta y lucieron unas camisetas alusivas a la congelaci¨®n salarial.

La denuncia de la Mesa de las Cortes contra los sindicalistas por un supuesto delito contra las instituciones del Estado lleg¨® ayer a la Audiencia Nacional. Unas 300 personas se concentraron ante la sede judicial madrile?a para manifestar su apoyo a los sindicalistas, entre ellas C¨¢ndido M¨¦ndez, secretario general de UGT, y los senadores socialistas Segundo Bru y Joan Lerma.

Jes¨²s Santos, fiscal, reclam¨® ocho meses de condena para cada uno de los sindicalistas por un delito contra las instituciones del Estado y una falta de desobediencia hacia los agentes de la Polic¨ªa Auton¨®mica que les desalojaron de la tribuna de p¨²blico en las Cortes Valencianas. Santos hizo especial hincapi¨¦ en la 'planificaci¨®n' de la protesta, que sustent¨® sobre el car¨¢cter vertical de la pancarta desplegada.

La defensa record¨® que Vicente Rambla, que ocupaba la tribuna de oradores cuando se produjo el incidente, ni siquiera interrumpi¨® su discurso; que la alteraci¨®n del orden fue resultado de una decisi¨®n subjetiva de la presidenta de las Cortes, quien orden¨® interrumpir el pleno; y subray¨® que nadie ha denunciado nunca ni el ministerio fiscal ha actuado de oficio contra casos de alteraci¨®n del orden registrados en el Parlamento de Vitoria, donde se ha llegado a verter cal viva sobre un esca?o, para situar el incidente en su aut¨¦ntica dimensi¨®n.

El juez opt¨® por comunicar verbalmente la condena a la pena m¨ªnima por alteraci¨®n no grave del orden y subsumi¨® la posible falta en el mismo delito.

La interrupci¨®n del pleno en noviembre de 2000 provoc¨® airadas reacciones en el seno del PP, que lleg¨® a identificar el caso con una ocupaci¨®n en toda regla del Parlamento auton¨®mica. Escenas similares se han repetido en el Congreso de los Diputados y nunca se han trasladado a los tribunales. Luis Lozano, m¨¢ximo responsable de la FSP-UGT, se mostraba satisfecho despu¨¦s de la vista y suger¨ªa a Mir¨® que, en adelante, act¨²e 'con m¨¢s profesionalidad y menos visceralidad'.