El Defensor del Pueblo denuncia que los jueces de Fuerteventura vulneran la Ley de Extranjer¨ªa
Una investigaci¨®n destapa la deficiente y costosa asistencia letrada a inmigrantes irregulares
Una investigaci¨®n del Defensor del Pueblo ha descubierto que los jueces de Fuerteventura vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva de los extranjeros recluidos en la vieja terminal del aeropuerto. Seg¨²n la instituci¨®n, los jueces no escuchan a los inmigrantes antes de decidir sobre su reclusi¨®n en el centro, que decretan mediante un auto redactado en un 'modelo previamente confeccionado'. El defensor critica tambi¨¦n la asistencia letrada de oficio que reciben los inmigrantes. Los abogados les dedican de media entre minuto y medio y cinco minutos de su tiempo.
La adjunta primera al Defensor del Pueblo, Mar¨ªa Luisa Cava de Llano, compareci¨® ayer en el Senado a petici¨®n de IU para explicar la situaci¨®n en la que viven los extranjeros recluidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Fuerteventura situado en la vieja terminal del aeropuerto. Cava de Llano dej¨® a un lado las condiciones de salubridad del centro e hizo p¨²blicos los resultados de una investigaci¨®n cuyas conclusiones pon¨ªan de manifiesto graves vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva de los inmigrantes as¨ª como irregularidades en el modo en que se les prestaba asistencia letrada. El Defensor del Pueblo remiti¨® el informe al Consejo General del Poder Judicial para que restablezca 'en toda su integridad el derecho a la tutela judicial efectiva'. Copias del informe han sido remitidas al ministro de Justicia, al de Interior, al presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa y al fiscal general del Estado.
Mediante el estudio de 300 expedientes de expulsi¨®n de varios de los extranjeros retenidos en Fuerteventura, el Defensor del Pueblo comprob¨® que los autos de internamiento dictados por los tres juzgados de Puerto del Rosario (los ¨²nicos existentes en Fuerteventura) eran modelos previamente confeccionados en los que figuraba la misma motivaci¨®n y s¨®lo se cambiaba el n¨²mero de procedimiento y el nombre del extranjero detenido. En muchos casos uno solo de esos autos serv¨ªa para varias personas a la vez. 'En cada uno de estos autos figuraba la misma motivaci¨®n, poco importaba que se tratara de una persona o de 21', asegur¨® ayer la adjunta al Defensor. 'Tampoco se hac¨ªa consideraci¨®n alguna sobre si se hab¨ªa acreditado que todas las personas se encontraban en circunstancias id¨¦nticas que determinasen la idoneidad de la medida de internamiento solicitada, lo que en un volumen tan alto de solicitudes resulta chocante', a?adi¨®.
De comisar¨ªa a la terminal
La investigaci¨®n descubri¨® que los extranjeros para los que se solicitaba el internamiento en la antigua terminal de Fuerteventura no eran puestos a disposici¨®n judicial, como exige la Ley de Extranjer¨ªa. Una vez detenidos e indentificados, se les trasladaba directamente de la comisar¨ªa a la terminal. El juez s¨®lo recib¨ªa una notificaci¨®n solicitando el auto de internamiento cuando el inmigrante ya hab¨ªa ingresado.
Para Cava de Llano el hecho de que el juez no interrogue a un extranjero antes de decidir sobre su internamiento 'constituye una grave falta, lo que produce una vulneraci¨®n absoluta de la Ley de Extranjer¨ªa que expresamente prev¨¦ esta audiencia. Sin ella el juez dicta una resoluci¨®n sin conocer la situaci¨®n de la persona sobre cuya libertad est¨¢ disponiendo, inclumpliendo as¨ª la doctrina que ha sentado el Constitucional sobre este particular'. Cava de Llano record¨® igualmente que dictar resoluciones sin una motivaci¨®n m¨ªnimamente individualizada es contrario tanto a la Ley de Extranjer¨ªa como a la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial.
La lectura de los expedientes y las entrevistas realizadas a los agentes de polic¨ªa y a los int¨¦rpretes destinados en la antigua terminal desvelaron tambi¨¦n graves irregularidades en la asistencia letrada a los internos. El Defensor comprob¨® que entre el 12 de marzo y el 17 de abril de este a?o, todos los abogados de oficio que hab¨ªan visitado la vieja terminal lo hicieron ¨²nicamente para estar presentes en los actos en los que se notificaba a cada extranjero la iniciaci¨®n de un expediente de expulsi¨®n contra ¨¦l, documento en el que debe constar la firma de un letrado. Uno de los int¨¦rpretes entrevistados no recordaba la ¨²ltima vez que recibi¨® una solicitud de un letrado para poder comunicarse con su cliente. Los internos s¨®lo conoc¨ªan el nombre de su representante porque figuraba en la copia de la notificaci¨®n que se les hab¨ªa entregado, pero no sab¨ªan su direcci¨®n ni su tel¨¦fono.
En los d¨ªas en que se realiz¨® la investigaci¨®n, cada abogado del turno de extranjer¨ªa realiz¨® entre 14 y 120 asistencias a inmigrantes en un tiempo que no super¨® en ning¨²n caso las cinco horas. Seg¨²n esas cifras, el tiempo m¨¢ximo dedicado a cada uno de los internos fue de cuatro minutos y medio, tiempo en el que seg¨²n la adjunta al Defensor, no da tiempo ni siquiera a leer la notificaci¨®n a cada uno de los extranjeros. Por cada una de esas ¨¦f¨ªmeras asistencias el abogado percibe 72,12 euros por lo que el ¨²nico letrado que visit¨® el centro el pasado 23 de marzo, percibi¨® 8.654 euros (1.439.000 pesetas) por las 120 notificaciones de procedimientos de expulsi¨®n que firm¨® ese d¨ªa (v¨¦ase gr¨¢fico).
Para el Defensor del Pueblo, la labor de los letrados se reduce a un 'puro formulismo constituido por la mera presencia y firma del letrado'. La adjunta record¨® que la asistencia letrada requiere que la asistencia t¨¦cnica sea efectiva', seg¨²n el Constitucional.
El decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaqu¨ªn Espinosa, consider¨® que el informe del Defensor del Pueblo 'no aporta nada nuevo' a lo que la propia adjunta le comunic¨® tras su visita a la terminal de Fuerteventura, denuncias que, a?adi¨®, sirvieron para que el colegio abriera un expediente que se archiv¨® 'al no encontrar ninguna irregularidad'. En aquel informe, que seg¨²n Espinosa tuvo el respaldo del ministro del Interior, Mariano Rajoy, y de la Delegaci¨®n del Gobierno, letrados, jueces y polic¨ªa coincidieron en afirmar que 'los inmigrantes reciben asistencia individualizada, eran informados de sus derechos, contaban con el traductor correcto y dispon¨ªan del tiempo que necesitaban para declarar'.
Este peri¨®dico intent¨®, sin ¨¦xito, recabar la versi¨®n de los tres jueces destinados en Fuerteventura sobre el informe del Defensor.
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